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El Ministerio del Interior devolvió el informe clave de la equiparación salarial después de que la auditora externa (Ernst&Young Abogados SLP) concluyera que los 807 millones de euros comprometidos eran insuficientes para igualar las nóminas de policías nacionales y guardias civiles con las de los Mossos d'Esquadra. La consultora ya se ha ceñido a dicha cantidad en la nueva versión entregada al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que sí ha dado por buena.
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Abrir en una nueva pestaña "En nuestra opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva", se lee en las conclusiones del informe que Ernst&Young entregó a la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado mes de febrero. Dicho trabajo fue devuelto con el argumento de que no se ajustaba al pliego de condiciones que reguló el concurso, dándole 45 días hábiles a la multinacional para que rehiciera el trabajo.
En opinión de la auditora, la Secretaría de Estado de Seguridad incluyó en su cálculo varios conceptos de manera errónea y que, "de no haberse tenido en cuenta", habrían arrojado una cantidad superior: los pluses de vestuario y residencia y la acción social, dado que tienen un "carácter indemnizatorio" y en consecuencia "no debiera ser considerado como retribución".
"De acuerdo con lo anterior, la exclusión de estos conceptos de la masa salarial utilizada en el cálculo por la Secretaría de Estado haría que la cifra de 807 millones de euros, recogida en el Acuerdo de 12 de marzo [de 2018], no permita alcanzar la equiparación salarial de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Mossos d'Escuadra", concluye.
El primer informe de Ernst&Young concluía que los 807 millones eran insuficientes para alcanzar la igualdad salarial con los Mossos
Eso es lo que decía la primera versión entregada por Ernst&Young, enviada inicialmente por correo electrónico (20 de febrero) y depositada posteriormente en el Registro del Ministerio (27 de febrero) al no acusar recibo la Secretaría de Estado de Seguridad del envío realizado dos días antes (25 de febrero). Fue la víspera de la anterior reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, en la que la cúpula de Interior no sólo negó haber recibido el informe sino que se estaban planteándose ampliarle el plazo dada la dificultad que entrañaba el análisis puesto a puesto.
Como desveló El Independiente, Interior presionó a los auditores de la consultora para que ciñeran sus conclusiones a la citada cantidad de 807 millones de euros, de los que queda por abonar 247 millones el próximo año para que se completen los tres tramos pactados. Interior ha mostrado este lunes su disposición a pagar dicho tramo a principios de 2020.
"Marco total y absoluto"
"Tal y como nos ha sido requerido por la Secretaría de Estado de Seguridad, nuestro informe parte de la interpretación de la Administración contratante consistente en que 'los 807 millones acordados entre las partes firmantes del Acuerdo' son el 'marco total y absoluto' del que debe partirse para ejecutar los servicios incluidos en el pliego por parte de Ernst&Young", se detalla en los antecedentes del último informe. Éste sí ha sido recepcionado por Interior.
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Expresado en otras palabras, Interior conminó al contratista para que el trabajo de comparación entre los puestos de trabajo y las retribuciones existentes en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos se circunscribiera al citado montante económico. Un incremento de la partida soliviantaría a otros colectivos de funcionarios que también están demandando mejoras salariales, entre ellos el de Instituciones Penitenciarias (también dependiente de Interior).
En varios pasajes del último informe, la multinacional deja claro que su análisis se limita a la citada cantidad, precisando que los criterios aplicados para el reparto de "la cifra total y absoluta de los 807 millones" son la equiparación funcional por categoría/empleo, el número de agentes por Cuerpo (63.224 policías y 75.773 guardias civiles) y la diferencia salarial promedio por categoría/empleo correspondientes al año 2017.
En la versión aceptada, la consultora deja claro que se ha tenido que ceñir a los 807 millones señalados por Interior
Ambos informes se incluyen en el cedé que la número dos de Interior, Ana Botella, ha entregado este lunes por la tarde a los representantes de los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y de las siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) que firmaron el acuerdo en marzo de 2018. Éstos han salido de la reunión sin conocer a qué conclusión había llegado la consultora, habiendo sido citados a una nueva reunión el próximo 12 de septiembre para que ya puedan expresar su valoración sobre el informe.
El Independiente ya desveló el pasado 26 de marzo que la Secretaría de Estado de Seguridad había ejercido presiones sobre los técnicos de la consultora para que se limitaran su análisis a los 807 millones de euros. Esa información llevó a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a interponer una denuncia, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid y que más de dos meses después no ha experimentado avances. En dicho procedimiento está personada también la Unión Federal de Policía (UFP).
El SUP "no acepta" el informe
Se trata de uno de los dos frentes que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tiene abiertos en los tribunales por la opacidad en la ejecución del acuerdo de equiparación salarial. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid tramita la demanda que la Confederación Española de Policía (CEP) interpuso el pasado 10 de mayo y ya ha fijado ya fecha para la celebración del juicio: el próximo 2 de octubre.
Puede que no sean los últimos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este lunes que "no acepta" el informe por "incumplir las cláusulas del acuerdo" y ha anunciado que sus servicios jurídicos estudiarán ahora el documento "con detenimiento" para determinar si impulsan "medidas administrativas o judiciales" en cumplimiento de lo pactado en marzo de 2018.
Tampoco lo da por válido la CEP, que ya ha anunciado su intención de llevar a otras jurisdicciones -al margen del procedimiento contencioso-administrativo ya interpuesto- el incumplimiento del acuerdo de equiparación salarial por parte de la Administración.
En un intento de blindar la negociación con el Gobierno del PP, los sindicatos de la Policía y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil exigieron incluir una cláusula -la primera- por la que la Secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a contratar los servicios de una consultora externa que, tras comparar puestos de trabajo y retribuciones con los Mossos, determinaría si los 807 millones eran suficientes o no para alcanzar la equiparación "total y absoluta".
Invocación al dictamen del Consejo de Estado
El incumplimiento aludido tanto por el SUP como por la CEP se refiere tanto a las presiones que supuestamente habrían recibido los auditores para acomodar sus conclusiones a la partida comprometida como al hecho de que el acuerdo reconocía el derecho de los sindicatos y asociaciones a participar en el proceso de elaboración del informe y sin embargo han sido completamente ignorados.
En cualquier caso, Grande-Marlaska ya dispone de un dictamen del Consejo de Estado que ha concluido que el acuerdo que heredó del popular Juan Ignacio Zoido "no le vincula jurídicamente". El informe del órgano consultivo no es vinculante, pero allana claramente el camino a la cúpula de Interior para desentenderse. En la reunión de este lunes ha sido invocado por Botella, según fuentes presentes en el encuentro.
"El actual equipo ministerial mantuvo el acuerdo por compromiso institucional hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y recabó informe del Consejo de Estado sobre el alcance del citado acuerdo", ha destacado en un comunicado Interior. El departamento de Grande-Marlaska reitera que el primer informe de la consultora no fue dado por bueno "por deficiencias con el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato" y que la nueva versión fue recepcionada el pasado 10 de julio "tras el plazo de subsanación concedido".
La entrega de la copia a los sindicatos y asociaciones profesionales se ha producido días después de que terminara el margen que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid le había dado para que el enviase el expediente completo tras la demanda interpuesta por la CEP.
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