El fiscal de Sala delegado contra los delitos de odio y discriminación, Fernando Rodríguez Rey, tiene en su mesa un informe con un listado de más de 90 incidentes violentos protagonizados por las entidades separatistas Arran y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) contra sedes de partidos políticos, de medios de comunicación, comisarías de policía o la reivindicación de un lema de ETA para justificar las pintadas en el domicilio del magistrado del Tribunal Supremo e instructor del procés, Pablo Llarena, para que analice si son constitutivos de delito.
Representantes del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, creado por las entidades constitucionalistas Impulso Ciudadano y Movimiento Contra la Intolerancia, han hecho llegar al representante del Ministerio Público, según ha podido saber El Independiente, un listado con distintos incidentes que consideran incluyen los requisitos recogidos en el Código Penal para que sean abordados como delitos de odio y pueda solicitarse que se identifique a sus impulsores.
Del escrache a Rosa Díez al "acoso" al menor de Canet de Mar
El primer ataque denunciado, de marzo de 2010, es un escrache a la entonces líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona que la obligó a trasladarse de aula para proseguir con una charla que SEPC y Alerta Solidària consideraron "propaganda españolista" y "catalanofobia". Así justificaron el asalto contra ella.
El último ataque denunciado, el 10 de diciembre de 2021, es la convocatoria de la manifestación de "acoso", como consideran los denunciantes, al alumno del colegio Turó del Drac en Canet de Mar (Barcelona) cuyos padres solicitaron el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que se de un 25% de las clases en castellano en los centros educativos de la región en lugar de todas en catalán.
Entre las dos fechas, el listado proporcionado repasa un total de 90 ataques, entre ellos la aparición de pintadas en las sedes del Partido Socialista Catalán (PSC), del Partido Popular, de una comisaría de Policía o de una sucursal de La Caixa.
"Hasta nunca, Maza" o un muñeco de la Guardia Civil ahorcado
El 19 de noviembre de 2017, cuando falleció el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza que presentó un mes antes querella por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, Arran escribió en su cuenta de Twitter: "Hasta nunca, Maza". Una publicación que denuncia el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña.
También se refiere a la reivindicación, durante un acto en Barcelona en 2018, del lema de ETA 'La violencia popular siempre es legítima', para justificar las pintadas insultantes contra el domicilio del magistrado del Tribunal Supremo e instructor del procés, Pablo Llarena, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Ese mismo año, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) "colgó -según la denuncia- en un edificio del campus de la Universiatat Autònoma de Barcelona (UAB) un muñeco vestido de guardia civil con una soga y la pancarta 'pim pam pum que no en quedi ni un'. Después difundieron la imagen en redes sociales", se lee en el informe. En éste también se contempla que "CDRs y Arran revientan un acto de Vox en el barrio de Sarrià en el que se lanzan huevos y amenazan con palos a los asistentes".
"Queman fotos de Felipe VI y Macron"
El relato repasa también los incidentes, con motivo de la Diada de 2019, en los que "miembros de Arran, juventudes de la CUP, queman imágenes con el logo de partidos constitucionalistas y del juez Marchena" o "queman fotos de Felipe VI y de Emmanuel Macron y una bandera europea en la marcha de la Diada convocada por Alerta Solidària, CUP, Arran, COS y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)".
Poco tiempo después, cuando fueron detenidos los miembros del ala radical de los CDR en una operación de la Audiencia Nacional, en Rubí (Barcelona), aparecieron "pintadas en una comisaría de la Policía Nacional" en las que se leyó "fora les forçes d'okupació", "que s'en vagin" y "fuck Spain" con la firma de Arran, según el listado presentado al fiscal Rodríguez Rey.
Durante los dos últimos años marcados por la pandemia del coronavirus, los denunciantes repasan "quema de contenedores y cajeros automáticos, rotura de cristales de hoteles, restaurantes, comercios y entidades bancarias, destrozo de mobiliario urbano. También a algunos periodistas les rompen las cámaras" en convocatorias organizadas por Intersindical Alternativa de Catalunya, CUP, Alerta Solidària, Arran, Endavant, SEPC, CGT y Front Cívic en mayo de 2020 o pinturas con spray en un peaje de la autopista AP-7. En 2021, los denunciantes también consideran que podría ser constitutivo de delitos de odio la quema de fotos del consejero de Economía Jaume Giró y de los empresarios Josep Sánchez Libre, Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán que también atribuyen a Arran.
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