El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclama reformar la ley de violencia de género para que los delitos sexuales que se cometan fuera del ámbito de la pareja también puedan ser considerados violencia de género, de acuerdo con el Convenio de Estambul.

Desde el departamento presidido por Ángeles Carmona consideran necesario acometer cuanto antes la reforma del artículo 1 de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con el fin de extender el concepto de violencia de género fuera del ámbito de las relaciones de pareja.

Violencia sexual contra menores

Para el Observatorio, la reforma permitiría perseguir de forma más «efectiva, exhaustiva y profunda» la violencia sexual, incluida la que se comete contra menores de edad, que supera en número de casos a la cometida contra mujeres adultas. Considera igualmente que el actual concepto cerrado de violencia sobre la mujer es «insuficiente para estudiar y combatir con efectividad» este fenómeno criminal en el sentido amplio que prevé el citado Convenio del Consejo de Europa, firmado en Estambul en 2011.

El departamento hace esta reflexión en un estudio basado en 102 sentencias dictadas en 2020 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en casos de violencia sexual. El informe ya se abordó desde el punto de vista médico-legal en noviembre y ahora ahonda en el análisis jurídico de las resoluciones.

Además de advertir sobre la urgencia de reformar la ley de violencia sexual, el estudio señala que esta modificación legal debería ir acompañada por el aumento del número de juzgados de violencia sobre la mujer, que verían ampliada su competencia a todos los nuevos delitos comprendidos en el ámbito de la violencia de género; reclama la elaboración de perfiles de las víctimas menores más vulnerables para la detección precoz del riesgo; la revisión de los protocolos escolares para una mejor detección de la violencia sexual sobre niñas y niños y, con el mismo fin, la mejora de la coordinación entre operadores jurídicos, médicos y centros escolares; y apuesta por la elaboración de planes de formación específicos para jueces y magistrados en materia de violencia sexual sobre menores de edad.