El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves, por 15 votos a 6, el crítico informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en el que se considera que la norma impulsada por los partidos de Gobierno PSOE y Unidas Podemos ataca a las competencias de las comunidades autónomas reconocidas en la Constitución para, entre otras cuestiones, regular el precio del alquiler.

El dictamen respaldado por el órgano de gobierno de los jueces de cuya redacción se han ocupado los vocales Luis Ballesteros y Enrique Lucas es preceptivo, no vinculante, por lo que la intención del Gobierno es validar el anteproyecto en un próximo Consejo de Ministros y enviarlo en febrero al Congreso para su tramitación parlamentaria.

En el documento se hace un repaso de la colisión que suponen las principales medidas del anteproyecto -principalmente la de la regulación del precio del alquiler- con las competencias reconocidas a las comunidades autónomas en la Constitución Española. El documento recuerda que «la vivienda es una materia de titularidad autonómica» y también avanza que decisiones similares a las que proponen los partidos del Gobierno han fracasado en Europa y en nuestro país, reprochando que no se hayan recogido esos ejemplos.

Se trata del segundo informe del órgano de gobierno de los jueces sobre el anteproyecto de la ley de Vivienda. El primero, autoría del vocal propuesto por el PSOE Álvaro Cuesta que respaldaba el proyecto, aunque con objeciones, fue rechazado también por 15 votos frente a seis al considerar que el texto de los partidos de Gobierno PSOE y Podemos que tiene como medida estrella el límite del alquiler en las zonas «tensionadas» choca con las competencias de las regiones.

En el texto definitivo que este jueves se ha aprobado en Pleno se destacan otras imprecisiones de la norma propuesta, como el concepto de vivienda digna o la afectación del derecho a la propiedad también reconocido en la Carta Magna.