España

La norma franquista que invoca el Gobierno para no dar información

El Ejecutivo apela a la Ley de secretos oficiales del 68 para no revelar detalles de su gestión, como el ‘caso Ghali’ | Sánchez anuncia una Ley de información clasificada mientras bloquea desde 2020 la proposición del PNV para reformar el texto vigente

Carmen Vivas

En septiembre pasado, el FBI desclasificó un documento que permanecía secreto sobre la investigación de los atentados del 11-S. Habían transcurrido veinte años desde que los terroristas lograron derribar las Torres Gemelas de Nueva York, símbolo del poder económico. En menos de un mes se cumplirán 41 años del intento de golpe de estado perpetrado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. No se ha alzado el secreto sobre ninguno de los papeles oficiales relativos al 23-F.

La situación no se va a revertir a corto plazo, a pesar de la presión que en los últimos años vienen ejerciendo algunos grupos de la oposición y diversos sectores de la sociedad para que se promulgue una nueva ley reguladora de las materias clasificadas en España, acorde a los nuevos tiempos y en línea con las de otras democracias occidentales. En manos de Pedro Sánchez está pasar a la historia como el presidente del Gobierno que puso fin a este anacronismo.

Cuando se aprobó la actual Ley sobre secretos oficiales, faltaban casi cuatro años para que naciera el actual jefe del Ejecutivo. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de abril de 1968, el mismo día que Massiel ganó el Festival de Eurovisión en el Royal Albert Hall de Londres con la canción La, la la. Aún faltaban unos meses para que el atleta Bob Beamon protagonizara el salto del siglo en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México y más de un año para que los estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin pusieran los pies en la Luna.

«Existe una laguna en nuestra legislación, que, al contrario de lo que ocurre en los estados caracterizados por la mayor libertad de información, no prevé una regulación de las medidas protectoras de los secretos oficiales. Para remediar esta situación, la Ley establece un conjunto de medidas positivas para evitar que trascienda el conocimiento de lo que debe permanecer secreto, señalando normas severas que impidan la generalización de calificaciones que tienen carácter excepcional», proclamaba el preámbulo. La ley se articulaba en torno a 14 artículos y una disposición final.

Desde entonces, España ha conocido el final del franquismo, ha vivido una Transición política, aprobó una nueva Constitución y ha tenido siete presidentes de Gobierno de tres partidos diferentes. Pero la norma en materia de secretos oficiales que sigue vigente más de medio siglo después es la que firmó Franco en el Palacio del Pardo el Viernes de Dolores del 68, si bien ligeramente modificada por una ley aprobada el 7 de octubre de 1978.

El PNV toma la iniciativa

El 12 de septiembre de 2016, mes y medio antes de que Mariano Rajoy fuera nuevamente investido como presidente del Gobierno tras abstenerse 68 de los 85 diputados socialistas, la Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite una proposición de ley del PNV para reformar la Ley sobre los secretos oficiales. La iniciativa planteaba una modificación de un párrafo de la exposición de motivos, el cambio de la redacción de tres artículos, añadía una disposición transitoria e incorporaba algunos cambios terminológicos. Decayó la legislatura sin que se tramitase.

El pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de idéntica iniciativa el 23 de junio de 2020, ya con Pedro Sánchez como presidente del bipartito. La proposición la había presentado el Partido Nacionalista Vasco el 11 de diciembre de 2019, antes de que se declarara la pandemia por la covid-19. Desde entonces lleva en plazo de enmiendas, sin visos de que tampoco esta vez vaya a salir adelante.

«Yo diría que el Estado español no pasó la Transición en este punto. Ninguno de los partidos que ha tenido la posibilidad de cambiarlo lo ha hecho. Hay un deep state [estado profundo] que presiona de manera fuerte para que no se haga», declara a este diario el diputado del PNV Mikel Legarda. El parlamentario bilbaíno no ve impedimento para que se conozcan, por ejemplo, los documentos del 23-F y recuerda que Estados Unidos está desclasificando «todo sobre los conflictos de Oriente Medio y del 11-S por la presión social».

El Ejecutivo recurre a la Ley de secretos oficiales para no revelar detalles de su gestión, como el ‘caso Ghali’ o los viajes de Pedro Sánchez en Falcon

La clave de bóveda de la reforma legal propuesta por el grupo vasco es la obligación de que la clasificación de una materia vaya acompañada de un plazo de vigencia, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. En concreto, el PNV plantea que el velo sobre los asuntos calificados como secretos no se mantenga más allá de los 25 años -salvo que el Consejo de Ministros lo prorrogue por otros diez más- y una década en el caso de las materias que tengan la consideración de reservada. «Fijar unos plazos es el patrón de los países de nuestro entorno político y cultural», observa Legarda.

En el Plan Anual Normativo para 2022, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero, figura una norma que vendría a sustituir la que regula los secretos oficiales desde hace casi 54 años entre las 368 iniciativas que el Ejecutivo pretende sacar adelante. «La Ley de Información Clasificada tendrá por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales», anticipa el documento.

La ley que prepara el Gobierno

Según ha informado El País, el borrador de esa futura ley plantea cuatro niveles de protección (alto secreto, secreto, confidencial y restringido) frente a los dos existentes en la actualidad (secreto o reservado), cada uno con un plazo de desclasificación diferente: oscilan entre los 50 años para los papeles catalogados de alto secreto y los cinco años para los restringidos. Cuando el PSOE estaba en la oposición defendía que el secreto se mantuviera durante un plazo máximo de 25 años, prorrogables diez más en caso necesario.

A la espera de que perfilen el proyecto de ley y lo apruebe el Consejo de Ministros antes de que se envíe a las Cortes para su tramitación, el Gobierno sigue recurriendo a la norma franquista para no desvelar detalles que afectan a su gestión, como los viajes que realiza Pedro Sánchez en Falcon. Bien lo sabe el grupo del PP en el Senado, que ha recibido esta respuesta cada vez que ha preguntado por esa cuestión. «En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría, cabe señalar que la información sobre movimientos de aeronaves militares, así como los planes de protección de autoridades y pasajeros y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, tienen la consideración de materia clasificada en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales», contesta el Ejecutivo.

También se ha amparado el Gobierno en la reserva legal de esta norma para eludir pronunciarse sobre algunos de los últimos escándalos políticos que han llegado a los tribunales. La ex ministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya invocó la Ley sobre los secretos oficiales para no responder a las preguntas del juez de Zaragoza que la investiga por presuntos delitos de prevaricación y falsedad a raíz de la entrada en España con identidad ficticia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

El Gobierno anuncia una Ley de información clasificada mientras bloquea desde 2020 una propuesta del PNV para reformar la ley del 68

El instructor Rafael Lasala quiere saber quién en el Gobierno dio la orden de permitir la entrada del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el país, lo que desencadenó la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos. El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza considera que, al no pasar por el control de pasaportes y trasladarlo directamente de la Base Aérea de Zaragoza al Hospital San Pedro de Logroño (donde Ghali fue tratado de coronavirus bajo la identidad ficticia de ‘Mohamed Benbatouche’), se transgredió concienzudamente el código de fronteras Schengen. Cuando fue a declarar como investigada el pasado mes de octubre, González Laya se acogió a la reserva legal para no aportar dichos detalles, lo que el instructor le ha reprochado en una de sus últimas resoluciones.

A la misma ley de secretos oficiales se acogió también el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos -destituido por Sánchez en la remodelación llevada a cabo el pasado verano, al igual que González Laya- para no aportar información detallada del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Un juzgado de Madrid abrió una investigación contra el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y contra 14 funcionarios más por si hubo irregularidades en la ayuda de 53 millones concedida a la compañía aérea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que puso en marcha el Gobierno durante los meses más duros de la pandemia del coronavirus.

Al abrigo también de la ley de 1968 se quedarán los detalles de la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reunirse en secreto con el ex ministro Ábalos en el aeropuerto madrileño de Barajas. La primera tiene prohibida la entrada en los 26 países del espacio Schengen en virtud de las sanciones acordadas por la Unión Europea en noviembre de 2017 a distintos mandatarios venezolanos por torturas y violaciones de los derechos humanos, de ahí que el Partido Popular, Vox y el Partido Laócrata pidieran que se investigara judicialmente. El juez archivó el denominado caso Delcy al entender que la reunión no se produjo en suelo español sino en zona de tránsito internacional, a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que desmontaría este argumento. Fuera ya del ámbito judicial, los pormenores de dicho encuentro llegaron al debate político acogiéndose una vez más los representantes del Gobierno socialista a la ley franquista. 

El uso de fondos reservados

Esta norma también ha sido invocada de forma recurrente por muchos de los comparecientes en las últimas comisiones de investigación constituidas en el Congreso de los Diputados, entre ellas la relativa a la utilización ilegal de recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del Partido Popular y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos de Mariano Rajoy y la correspondiente al operativo policial que se puso en marcha en 2013 para sustraer supuestamente documentación al ex tesorero del PP Luis Bárcenas (caso Kitchen).

Precisamente el juez de la Audiencia Nacional que instruye esta causa tuvo que pedir al Consejo de Ministros que desclasificara algunos documentos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, lo que permitió conocer que el Estado había pagado 50.000 euros procedentes de los fondos reservados al conductor de la familia Bárcenas-Iglesias (Sergio Ríos Esgueva) por su labor de confidente policial. Entre otros, en este caso figura como acusado el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Algún ministerio también ha apelado a la norma sobre los secretos oficiales para no revelar información pública cuando se le ha requerido al amparo de la Ley de transparencia. El 25 de noviembre de 2020, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) dirigió una petición al Ministerio del Interior a fin de conocer las retribuciones que perciben los funcionarios destinados en Información, tanto en organismos centrales como periféricos. El departamento que dirige Grande-Marlaska inadmitió la solicitud con el argumento de que los datos requeridos tenían la clasificación de secretos.

En una resolución fechada el 13 de mayo de 2021, consultada por este diario, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó la reclamación interpuesta por el citado sindicato al entender que no concurría en el caso ningún límite al derecho o causa de inadmisión. El órgano garante no veía impedimento alguno para que se facilitasen los datos relativos a las retribuciones de dichos funcionarios, siempre que no se identificara el número de efectivos por escalas y categorías.

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