El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), la organización mayoritaria en el Instituto Armado, ha pedido al Ministerio del Interior una «rápida aclaración» al «escándalo» de los contactos con el entorno de ETA revelados en un informe judicial de la Audiencia Nacional.

JUCIL desaprueba la existencia de «cualquier tipo de tratamiento especial» por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia presos de la banda terrorista ETA, algo que califica de «escándalo», y anuncia que, de confirmarse, «acudirán ante la Justicia para reclamar las oportunas responsabilidades».

En un comunicado, JUCIL se refiere al informe elaborado por la Guardia Civil en la causa sobre los ‘ongi etorri’ abierta en la Audiencia Nacional donde, de forma paralela, se recogen los contactos existentes entre el entorno proetarra y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

JUCIL censura estos contactos entre «colaboradores de Arnaldo Otegi y el Ministerio del Interior y más concretamente, con el responsable de Instituciones Penitenciarias». En concreto, cita al exconsejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga, actualmente responsable de Sare, la plataforma de apoyo a los presos de ETA, así como Julen Arzuaga, todos ellos miembros del chat llamado GureMarko (Nuestro Marco).

«La Asociación Profesional de la Guardia Civil, desde su posición apolítica y en defensa de las víctimas del terrorismo, considera un escándalo cualquier trato de favor hacia determinados condenados por actos violentos», ha indicado antes de calificar de «auténtica desvergüenza» la posibilidad de que los autores de los crímenes de ETA «puedan recibir beneficios antes incluso de que se haya resarcido a las víctimas de estos actos de terrorismo».

«El informe de la Guardia Civil detecta incluso que muchos de estos presos hacen gala de conocer por anticipado los planes penitenciarios tanto del Gobierno Vasco como del Ejecutivo central lo que, de ser cierto, supondría una grave situación de agravio, de segregación y de discriminación de ambas administraciones públicas hacia las víctimas de tan graves delitos frente a sus verdugos», continúa.