Una 'democracia defectuosa'. Con ese adjetivo ha catalogado a España el semanario británico The Economist, en la edición de 2021 de su Índice democrático anual. El principal motivo: la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El descenso en cuanto a niveles democráticos "se debe a las divisiones políticas sobre el nombramiento de nuevos jueces del Consejo", cita el documento. Éste nos otorga 0,18 puntos menos que el año pasado. Un porcentaje ínfimo, pero suficiente para dar un paso atrás en el escalafón de valoración.

El Economist Intelligence Unit recoge en el informe publicado la valoración de la calidad democrática de 165 países. Para elaborar el ranking, el organismo tiene en cuenta los procesos electorales y la pluralidad de candidaturas, el funcionamiento del Ejecutivo, la participación ciudadana, las libertades civiles y la cultura política. Y, a partir de ahí, determina el posicionamiento de un estado como 'democracia plena', 'defectuosa', 'régimen híbrido' o 'autoritario'.

España ya venía de un descenso considerable después de un breve periodo de ascenso. El 2020 fue un año complicado para la democracia en general. El penúltimo estudio de The Economist, marcado por el primer año de la pandemia del coronavirus, reveló el peor dato desde que se empezó a calcular este índice: una caída de siete centésimas, al 5,37 sobre diez. Un dato que en la última edición es de 5,28.

Concretamente, ese año España cayó seis puestos en cuanto a calidad democrática, desde el 16 al 22 -un máximo-. Y quedó al límite de ser un régimen 'defectuoso', al que ahora sí ha llegado para la entidad. Los intentos por frenar la expansión del covid llevaron a la aprobación del estado de alarma, lo que provocó, como en otros tantos países de nuestro entorno, una restricción considerable de libertades individuales. Las medidas gubernamentales y los reproches entre partidos políticos intensificaron, además, el descontento con el sistema democrático; y aumentaron la ya existente polarización ciudadana. Algo que ha ido en aumento, como evidencia el último estudio.

Ahora, y tras un año menos restrictivo por cuestiones sanitarias, el prestigioso medio económico y sobre las relaciones internacionales, habla de una "creciente fragmentación política", que responde a la intensificación de la dicotomía entre el bloque de izquierdas y de derechas; de PSOE, Unidas Podemos y partidos nacionalistas vs. el tándem PP y Vox. Asimismo, apela a los continuos "escándalos de corrupción". Y es que en 2021, según ha informado Transparencia Internacional recientemente, España ha sido algo más corrupta que años anteriores: de 180 países contemplados, el país pasa del puesto 32 en 2020, al 34. Por detrás de Lituania, Portugal o Catar.

Otro de los aspectos que destaca The Economist es el "nacionalismo regionalista al alza en Cataluña", algo ya contemplado desde 2017 y que ha condicionado los informes sobre calidad democrática hasta hoy.

Crisis territorial e inestabilidad

España ha permanecido dentro de una horquilla de entre 8 y 8,3. Alcanzó la cifra más baja de calidad democrática en 2011, a raíz de la crisis económica y la falta de transparencia: 8,02 de diez. Las fuertes medidas de austeridad y la aprobación de legislaciones como la de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, mantuvieron estancado ese índice hasta 2015, cuando se retomaron los niveles de 2006 (8,3) -año en el que se empezó a reportar estas mediciones-.

A partir de entonces, el índice volvió a descender y a rozar el límite entre 'plena' y 'defectuosa'. Esta vez con un 8,08. El análisis de 2017 ya alertó de un retroceso democrático global -por factores como el populismo o el Brexit-, pero también destacable en España. El motivo clave fue el desafío independentista en Cataluña, la votación del referéndum del 1 de octubre y toda la problemática relacionada con la cuestión: la brutalidad policial en las calles, la judicialización de la política y el envío de los principales líderes secesionistas a prisión. Este clima de tensión, añadido a la crisis de gobierno y la moción de censura a Mariano Rajoy, mantuvo la misma puntuación en el informe de 2018.

En 2019, año en el que España reiniciaba el ciclo electoral con comicios municipales, autonómicos y nacionales, la puntuación democrática ascendió nuevamente. Tan sólo a una décima del nivel récord: quedó en un 8,18. Principalmente por el reflejo de pluralidad política, libertades individuales y participación política. Todo, pese a la repetición electoral y la fragmentación parlamentaria.

España frente al mundo

La nueva medición democrática hecha a España (7,94), pone a nuestro país en el mismo plano que Francia (7,99), quien nos supera ligeramente por primera vez en una década. También Israel (7,97). Seguimos, sin embargo, por delante de Estados Unidos (7,85), Portugal (7,82), Italia (7,68) o Grecia (7,56). Y Noruega, sigue considerándose el país más democrático del mundo.

De los 27, somos el décimo país de la UE en ese ranking. Finlandia (9,27), encabeza la lista, seguido muy de cerca por Suecia (9,26), Dinamarca (9,09) e Irlanda (9). Le siguen Luxemburgo (8,68), Alemania (8,67) y Austria (8,07).

Hay que destacar que la mayor parte de democracias consideradas como 'plenas' poseen una tradición sociocultural nórdica o anglosajona, con la excepción de Uruguay y Costa Rica en Latinoamérica; Taiwán, Corea del Sur y Japón en Asia; y Mauricio en África.

Los estados que más calidad han perdido en su democracia son Ecuador, México y Túnez, que han abandonado la escala 'deficiente' y han pasado a definirse como 'híbridos' junto a países como Bangladés o Ucrania.

Rusia sigue calificándose como 'autoritario' junto a China, Venezuela, Egipto o Cuba. Por su parte, Corea del Norte (1,08) asciende de la última a la antepenúltima plaza, por encima de Birmania (1,02) y Afganistán, que cierra la tabla. La toma talibán del gobierno lo ha sumido del puesto 139 y 2,85 puntos a 0,32.