España GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19

El informe de fiscalización de las compras millonarias de Sanidad se retrasa al menos hasta mayo

El trabajo se incluyó en la programación del Tribunal de Cuentas para su aprobación en 2021, sin que exista todavía ni anteproyecto | El departamento dirigido entonces por Salvador Illa adjudicó contratos de emergencia por más de mil millones

Salvador Illa, en una comparecencia informativa en La Moncloa durante su etapa como ministro de Sanidad.

Salvador Illa, en una comparecencia informativa en La Moncloa en su etapa como ministro de Sanidad. EP

El informe con el que el Tribunal de Cuentas fiscalizará los contratos millonarios de compra de material de protección contra la covid-19 que adjudicó el Ministerio de Sanidad en 2020 por el procedimiento de emergencia no verá la luz antes del próximo mes de mayo, al menos cinco meses después de lo previsto inicialmente: el programa de actuación preveía su aprobación durante 2021.

En diciembre de 2020, el supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público acordó que al año siguiente elaboraría seis informes en los que analizaría cómo llevaron a cabo las adquisiciones de material sanitario la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los municipios de más población bajo la modalidad de emergencia, una posibilidad que prevé la Ley de contratos del sector público para dar una respuesta más rápida a situaciones sobrevenidas y que exime de tramitar un expediente de contratación. Las adjudicaciones son directas, sin concurso.

De los seis informes previstos en la programación para 2021, el pleno del Tribunal de Cuentas sólo ha aprobado dos hasta el momento: los relativos a las compras realizadas por los ayuntamientos de los municipios de más de 300.000 habitantes (28 de octubre de 2021) y por las autoridades administrativas independientes y otras entidades públicas y fundaciones estatales (27 de enero de 2022). Quedan los correspondientes a los ministerios tanto de las áreas de administración económica como del ámbito político-administrativa y sus organismos autónomos; el sector público empresarial estatal no financiero, y las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio.

Entre los 11 departamentos ministeriales que engloba el área de administración económica del Estado se encuentra Sanidad, que hizo encargos para proporcionar mascarillas, guantes de nitrilo, respiradores, test y geles hidroalcohólicos -entre otro material de protección frente al coronavirus- a las comunidades autónomas en la fase aguda de la pandemia por importe superior a los mil millones de euros. Todos estos contratos de suministro se adjudicaron por el procedimiento de emergencia, tramitándolos el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

Directrices técnicas

Las directrices técnicas para la elaboración del informe de fiscalización que alcanza las operaciones del Ministerio de Sanidad se aprobaron en el pleno que el Tribunal de Cuentas celebró el 25 de febrero de 2021. Casi un año después no existe aún anteproyecto, el documento que se envía a la entidad analizada para que pueda formular alegaciones. Éstas se valoran después para determinar si procede estimar alguna antes de elevar el proyecto de informe, primero para que el consejero responsable del departamento correspondiente pueda hacer observaciones y después para su aprobación en sesión plenaria.

A preguntas de El Independiente, fuentes del órgano fiscalizador han informado de que se prevé que este informe se apruebe en mayo de 2022, dos meses después de la fecha que se maneja para la conclusión del trabajo que analizará las compras realizadas por los ministerios del área político-administrativa del Estado (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Justicia; Defensa; Interior; Educación y Formación Profesional; Cultura y Deporte, y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática).

Las fuentes indicaron que a veces las previsiones pueden verse alteradas en casos de informes de fiscalización complejos, al tiempo que indicaron que también ha incidido en el retraso el hecho de que se ha pasado de un criterio orgánico de fiscalización a otro de organización por áreas de gasto. Con todo, aseguraron que próximamente retomarán el ritmo habitual de aprobación de los informes.

El informe se incluyó en la programación del Tribunal de Cuentas para 2021, sin que exista todavía ni anteproyecto

A ello se suma, añadieron, que el proceso de elaboración del trabajo ha coincidido con la renovación del pleno -materializada el pasado mes de noviembre- tras agotar su mandato de nueve años los miembros que fueron designados en julio de 2012, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta. Ello ha supuesto que el pleno esté controlado ahora por los representantes nombrados a propuesta del PSOE, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora. 

El informe sobre los ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos autónomos será uno de los dictámenes incluidos en el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para 2022, que está previsto que se someta a la aprobación del pleno el próximo 24 de febrero. Este documento se suele despachar en diciembre del ejercicio anterior -a la planificación inicial de 2021 se dio luz verde el 22 de diciembre de 2020, modificándose posteriormente en cuatro ocasiones- pero la renovación del órgano ha provocado un retraso. Se elaboró un borrador antes de que tomaran posesión los nuevos consejeros, pero no llegó a aprobarse.

En lo que respecta a las compras de Sanidad, los funcionarios del Tribunal de Cuentas analizarán una muestra formada por 52 contratos para determinar si se respetó el marco legal y si se verificó que los proveedores cumplían los requisitos básicos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. También si las empresas adjudicatarias tenían relación con el objeto del suministro, condición que no siempre se respetó como demuestra el hecho de que se hizo un encargo de 144 respiradores a una compañía (Hyperin Grupo Empresarial SL) cuyo objeto social es la «fabricación de elementos de yeso para la construcción». Ésta es precisamente una de las operaciones fallidas: la Administración sigue casi dos años después intentando recuperar 1,81 de los 3,31 millones que adelantó para asegurarse el suministro de dichos aparatos. 

En el dictamen con el que avaló la rescisión del contrato que el INGESA firmó en mayo de 2020 con la empresa Member of the Tribe SLU para el suministro de 52 millones de guantes de nitrilo por 5,56 millones de euros, el Consejo de Estado ya recordó que, ni en los casos en los que acude a la contratación de emergencia, la Administración contratante queda relevada de realizar dichas comprobaciones para conocer la capacidad y solvencia del proveedor.

En respuesta a una solicitud de información tramitada al amparo de la Ley de transparencia, la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia -organismo adscrito al Ministerio de Sanidad que realizó compras por más de 527 millones de euros- ya reconoció que no comprobó previamente la solvencia de los contratistas, a alguno de los cuales sigue reclamando hoy la devolución del dinero que le entregó por adelantado al no cumplir las condiciones firmadas.

Este departamento interpreta que la legislación «dispensa» de tramitar un expediente de contratación en los casos en los que la Administración opta por la modalidad de emergencia cuando ha de dar respuesta de manera inmediata a una situación sobrevenida. Según ha justificado, este régimen excepcional permite eludir determinados pasos -como la «aprobación de pliegos, requisitos y comprobación de solvencia, anuncio de licitación…», especifica- que «por la excepcionalidad de la situación (en este caso los graves efectos de la pandemia) no es posible ni preceptivo atender».

En el caso del informe con el que ha fiscalizado los contratos adjudicados por las autoridades administrativas independientes y otras entidades públicas y fundaciones estatales, el Tribunal de Cuentas ha concluido que, si bien respetaron el marco legal que ampara la tramitación de emergencia, en un número significativo de casos no se comprobó la capacidad de los adjudicatarios para poder contratar con el sector público, ni su solvencia económica, financiera y técnica, ni que las prestaciones objeto del correspondiente contrato formaban parte del objeto social del contratista.

Te puede interesar

Comentar ()