Los fiscales superiores de toda España han remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) un total de 68 causas de investigación en tramitación por agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

La comunidad autónoma con más diligencias abiertas por delitos de agresiones sexuales a menores en instituciones religiosas es Cataluña con 14 causas en tramitación, seguida de la Comunidad de Madrid, con ocho, según ha informado la FGE en un comunicado recogido por Europa Press.

A continuación, se sitúan Andalucía y Galicia, con siete diligencias en tramitación cada una; Murcia, con seis; Castilla-La Mancha y Castilla y León, con cinco cada una; País Vasco, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con cuatro; y Aragón y Canarias, con dos.

Mientras, las Fiscalías Superiores de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra han informado a la Fiscalía General del Estado de que «no hay procedimientos penales» en tramitación por casos de abusos a menores en instituciones religiosas en sus comunidades autónomas.

Una vez recibidos los datos cuantitativos relativos a las causas, la FGE explica que realizará «un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación».

Las fiscalías superiores de las 17 CCAA tenían de plazo hasta esta semana para responder a la solicitud emitida el pasado 31 de enero por la Fiscalía General para que le remitieran información sobre los procedimientos penales en tramitación incoados tanto en sede judicial como fiscal, y que tengan por objeto el esclarecimiento de denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

La FGE señala que «promover la acción de la justicia es el mandato constitucional y el empeño en el trabajo de las fiscalías ante los hechos que puedan ser constitutivos de delito».

Fuentes fiscales explicaron a Europa Press que esa recopilación «manual» de datos de las diferentes fiscalías era la única manera de tener una «visión global» de diagnóstico de la situación, ya que las aplicaciones informáticas del Ministerio Público por medio de las cuales comparten información no permite tener datos desagregados para identificar, por ejemplo, las características del autor de los abusos.

En 2019, la FGE, que entonces lideraba la fiscal María José Segarra, remitió un informe al Ministerio de Justicia donde alertó de una «deficiente» respuesta al problema de los abusos en la Iglesia católica en España y propuso investigar los casos del pasado, como han hecho en otros países como Australia, Holanda o Austria.

Iniciativas en el Congreso

Desde el Ejecutivo han explicado que estas actuaciones de la Fiscalía «no agotan» otras medidas que el Gobierno estudia «para esclarecer los hechos e impedir que vuelvan a repetirse», incluidas también iniciativas parlamentarias, en referencia a los casos de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas.

En concreto, unos días antes de asumir la Fiscalía General del Estado la investigación de los abusos en instituciones religiosas, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron una iniciativa en el Congreso para crear una comisión parlamentaria para investigar estos casos en la Iglesia católica. Asimismo, el PNV presentó otra iniciativa para que fuera una comisión independiente de expertos la que llevara a cabo el informe.

Por su parte, el PSOE ha presentado una iniciativa para que sea el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien lidere la investigación de los abusos en la Iglesia, de la mano de una comisión independiente formada por expertos, representantes de las asociaciones de víctimas e incluso miembros de la propia Iglesia.

En estos momentos, el PSOE está negociando con el resto de las formaciones proponentes para llegar a un acuerdo sobre la mejor fórmula para investigar los abusos en el seno de la Iglesia católica.

Reunión entre Omella y Bolaños

En este contexto, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se reunió el pasado 18 de enero con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Madrid Juan José Omella, quien le explicó el «camino» que la Iglesia española ya está realizando en comunión con la Santa Sede ante los casos de abusos a menores.

Por su parte, el Gobierno trasladó al purpurado la preocupación del Gobierno por que todos los casos se aclaren y se resuelvan lo antes posible.