El PSOE pide a la Fiscalía que cite a un funcionario para mantener vivo el caso del hermano de Ayuso

El PSOE en la Asamblea de Madrid solicitó este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción que tome declaración a Manuel Ángel de la Puente Andrés, director general de Proceso Integrado de la Salud (dentro de la Consejería de Sanidad), por ser quien certificó que la empresa Priviet Sportive SL, de un amigo familiar de Isabel Díaz Ayuso, entregó las mascarillas que le compró la Comunidad de Madrid por medio de un contrato en el que participó como comercial el hermano de la presidenta madrileña.

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón abrió el martes unas diligencias preliminares de investigación alrededor de dicho contrato a raíz de las denuncias por presuntos delitos de corrupción que presentaron tanto el PSOE como los otros grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid Más Madrid y Unidas Podemos.

En el decreto con el que se admitieron dichas denuncias, el fiscal advertía de la "falta de concreción" de éstas y rechazaba enfocar la investigación hacia Díaz Ayuso por la falta de "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada", en referencia a que los denunciantes consideran que la empresa aludida se llevó el contrato por trabajar en ésta el hermano de Ayuso, Tomás Ayuso, y que él se habría llevado una comisión.

Este miércoles, los grupos parlamentarios han ampliado sus denuncias y el PSOE dice que "pudiendo el Ministerio Fiscal hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración en la cual se observarán las mismas garantías señaladas ante esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal, solicitamos que se tome declaración al Sr. D. Manuel Ángel de la Puente Andrés, director general de Proceso Integrado de la Salud, al que puede citársele como funcionario de la Administración autonómica, en la sede de la Consejería de Sanidad, así como a todos los funcionarios que pudieran haber intervenido en la tramitación del expediente de contratación".

Lo hacen después de que Luzón trasladara en su decreto de incoación de diligencias que, por el momento, la investigación se centraría en estudiar la documental -también la entregada por la presidenta madrileña- y no en personas físicas ni jurídicas.

No coinciden factura y albarán

En la ampliación de denuncia del PSOE que se ha presentado en nombre de los portavoces en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada y Pilar Sánchez, se apunta por un lado a un posible precio inflado del contrato y, por otro, a que la empresa se comprometió a entregar 250.000 mascarillas FPP2 para el pabellón de IFEMA por un valor de 5 euros la mascarilla (precio total del contrato de 1,5 millones de euros) y en realidad se habrían entregado mascarillas de tipo KN95 "a un precio que, según el caso, doblaba al pagado por la misma Administración 17 días después", se puede leer en la denuncia.

En este sentido, aluden a una contradicción entre la factura emitida por la empresa y el albarán de entrega al Servicio Madrileño de Salud que piden que aclare el funcionario De la Puente, puesto que fue él quien, el 29 de abril de 2020 certificó que "el suministro/servicio identificado en la factura ha sido recibido o prestado de conformidad a lo solicitado".

Según los denunciantes, "la factura emitida y presentada al cobro indica la entrega de mascarillas FPP2-3" mientras que "el albarán de entrega al Servicio Madrileño de Salud indica de forma clara que las mascarillas entregadas son de categoría FPP2/KN95". "Por tanto, dicha factura fue tramitada de conformidad y pagada como si el suministro se hubiera realizado conforme a lo facturado, cuando hemos visto que ello no fue así", afirman para pedir al fiscal que escuche al funcionario antes de decidir si presenta una querella solicitando a un juez que investigue los hechos.

En la denuncia del PSOE se expone que "según han conocido los comparecientes por publicaciones aparecidas en la prensa nacional en abril de 2020, y se puede comprobar en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, compró a la mercantil Barna Import mascarillas FPP3 (cuyo precio y requisitos de homologación son superiores a las FPP2) a un precio unitario de 5,30 euros, y las FPP2 a 4,30 euros. También en abril de 2020 la Comunidad de Madrid compró a Lost Simetry mascarillas FPP2 por un precio de 2,59 euros. En el mismo mes se compraron a la mercantil Tower TBA 50.000 mascarillas FPP2 a la Comunidad por 2,95 euros".

"Sorprendentemente, tan sólo 17 días después de la contratación de Priviet, de las mascarillas adquiridas a 5 euros más IVA, el 17 de abril de 2020 se adjudicó a VIN DORÉ 24K SL un contrato para la adquisición de 950.000 unidades de mascarillas FPP2 al precio de 2,30 euros, por la misma viceconsejera de Asistencia Sanitaria, del que precisamente se dio cuenta al Consejo de Gobierno el mismo 20 de mayo de 2020, junto con el de Priviet", continúa la denuncia.

"A pesar de lo anterior, por lo que se infiere se certificaron y pagaron las facturas emitidas por Priviet Sportive SL, en las que de forma falaz se indica que se habrían entregado mascarillas con homologación UE FPP2 y FPP3, cuando, en todo caso, se entregaron mascarillas que ni siquiera eran FPP2, sino realmente KN95 a un precio que, en algún caso, doblaba al pagado por la misma Administración 17 días después", consideran, viendo en estos hechos indicios de los delitos de "malversación de caudales públicos y falsedad con grave daño a la hacienda pública y al interés general".