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¿Por qué está imputada Ada Colau?

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará este viernes ante el Juzgado de Instrucción 21 en calidad de investigada. Lo hará para responder por las subvenciones no sujetas a concurso que el Ayuntamiento ha concedido en los últimos años a diversas entidades próximas a su partido, Catalunya en Comú (CatEC). Especialmente al Observatorio DESC, para el que la propia Colau y sus compañeros al frente de los comunes trabajaron antes de dar el salto a la política.

Colau responderá ante el juez tras la denuncia presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Una entidad tras la que estaría Agbar, según la alcaldesa, en un intento por frenar el proceso de remunicipalización de la gestión del agua en Barcelona y su área metropolitana. Colau se enfrenta a una acusación por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

La querella cuestiona la concesión de 80 millones de euros en subvenciones por parte del Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2020. Los querellantes denuncian que el Consistorio concedió estas ayudas presuntamente de forma «arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública», recurrentemente y sin acreditar el interés público con la finalidad de financiar entidades próximas al partido de Colau.

Los beneficiarios

Las entidades beneficiadas presuntamente por el gobierno local de Colau son el Observatorio DESC, que quintuplicó su patrimonio con Colau como alcaldesa; Ingenieros Sin Fronteras, entidad vinculada al concejal Eloi Badia; Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entidad que fundó Colau y de la que fue portavoz durante cinco años antes de sus inicios en política, y la Alianza contra la Pobreza Energética, entre otras más.

La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación tras la decisión del Juzgado de Instrucción de aceptar la querella contra Ada Colau. La delegación de Barcelona de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se hará cargo de la acusación pública contra la líder de los comunes.

Desde el gobierno local recuerdan, sin embargo, que la Fiscalía ya archivó hace menos de un año una querella similar tras apuntar que no había indicios de irregularidades. En aquella ocasión se cuestionaban subvenciones por 3,4 millones de euros a las mismas entidades. La Fiscalía consideró que las entidades señaladas «no se beneficiaron específicamente de un trato de favor». Sin embargo, dejaba la puerta abierta a llevar las subvenciones ante los juzgados de lo contencioso, no penal, al advertir de «irregularidades administrativas» relativas al deber de abstención de los concejales por su vinculación anterior con las entidades y al cauce legal elegido para otorgar las ayudas.

En este contexto, Colau ha rechazado dimitir por esta querella, como exige el código ético de su partido, alegando que se trata de un «caso claro de lawfare» en contra de su gobierno. Recuerda además que esas entidades ya eran beneficiarias de subvenciones por parte del anterior alcalde, Xavier Trias.

Nueva subvención al DESC

La investigación judicial no ha llevado al Ayuntamiento a revisar las subvenciones nominales cuestionadas por la Fiscalía, según avanzaba recientemente El País. Consideran que no se puede convocar concurso porque se trata de «proyecto singulares» que no pueden llevar a cabo otras entidades. De hecho, el consistorio acordó una subvención extraordinaria para el Observatorio DESC por un monto de 325.000 euros con los votos.

Actualmente el convenio bianual del Ayuntamiento con el DESC y la PAH es nominativo. Figura con nombre y partida en las cuentas municipales. Este 2022 hay otros 246 convenios que suman 25,6 millones de euros, entre los que aparecen desde federaciones de vecinos a la Mobile World Capital.

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