España

Madrid reduce a una "consulta informal" su investigación interna sobre la gestión de la covid-19

El Consejo de Transparencia insta al Gobierno de Díaz Ayuso a facilitar a un ciudadano copia de las comunicaciones enviadas a los departamentos competentes en materia sanitaria y de servicios sociales durante la primera ola y las respuestas recibidas

Isabel Díaz Ayuso, durante una intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, durante una intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid. EP

La Comunidad de Madrid ha reducido a la categoría de «consulta informal» a los distintos departamentos implicados en la gestión de la pandemia la «investigación interna» anunciada en la Asamblea regional por Isabel Díaz Ayuso al término de la primera ola del coronavirus, que tuvo una incidencia dramática en las residencias de mayores con miles de fallecidos.

Desde el pasado mes de julio, un ciudadano intenta sin éxito conocer los informes elaborados por las direcciones generales de las consejerías madrileñas competentes en materia de sanidad, políticas sociales y justicia con las actuaciones llevadas a cabo durante el primer embate de la covid-19 y las conclusiones a las que eventualmente hubieran podido llegar con vistas al futuro.

El solicitante acudía al Portal de la Transparencia en el convencimiento de que la información existía, después de que la presidenta hubiera reconocido en sede parlamentaria la existencia de «una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid». Díaz Ayuso hizo este anuncio durante su intervención en el pleno celebrado el 11 de junio de 2020, en el que la gestión de la covid-19 monopolizó el debate.

En la respuesta ofrecida al ciudadano, fechada el pasado 18 de agosto, el Gobierno autonómico argumentó que la «aludida investigación interna» no constituía un procedimiento administrativo específico con la finalidad de dictar una resolución determinada, por lo que no podía proporcionar las conclusiones «al no existir un documento que las contenga». Tampoco resultaba posible «tener conocimiento del curso de las actuaciones practicadas» por distintos medios -razonaba- por cuanto «no se ha elaborado un registro detallado» de todos los pasos que se habían dado.

«La investigación practicada, que ha revestido la forma de ‘solicitud de información interna’ (la cual se produce con cierta habitualidad y periodicidad en la gestión diaria de las funciones administrativas desarrolladas por los altos cargos y el personal de dirección de la Administración de la Comunidad de Madrid), ha consistido en la consulta informal, a través de distintos canales, a las distintas consejerías y unidades organizativas competentes en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios, así como a otros con competencias en la materia o relacionadas con éstas, sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones y competencias con objeto de tomar conocimiento de las mismas», exponía la Comunidad de Madrid.

Información «de interés público»

A mayor abundamiento, el Ejecutivo de Díaz Ayuso aseguraba no disponer de documentación que tuviera «relevancia en la tramitación de algún tipo de expediente o en la conformación de la voluntad pública que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación», con lo que implícitamente señalaba una de las causas de inadmisión que la Ley de transparencia prevé en su artículo 18: la relativa a información que tenga «carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas».

Disconforme con la explicación recibida, el solicitante presentó una reclamación el pasado 23 de agosto ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ha terminado estimando su pretensión y ha otorgado 20 días hábiles a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid para que le facilite a aquél una copia de las comunicaciones que hubiera dirigido a los distintos departamentos en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios en relación con las actuaciones llevadas a cabo entre marzo y mayo de 2020. El departamento que dirige Enrique López tendrá también que aportar las contestaciones recibidas, si bien tiene la posibilidad de acudir a los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo en caso de disconformidad.

Lo que dijo Díaz Ayuso en el Parlamento…

…y lo que contestó por transparencia

«Si bien puede ser cierto que no es información que forme parte de un procedimiento o un expediente administrativo, este Consejo sí considera que se trata de información que reviste interés público, como cualquier cuestión que tenga que ver con el covid-19 y la gestión realizada por las administraciones públicas», concluye la autoridad independiente. Ésta no pasa por alto la «diferencia» existente entre lo que Díaz Ayuso dijo en el Parlamento y «la realidad de la investigación llevada a cabo».

Transparencia insta a la Comunidad de Madrid a facilitar copia de las comunicaciones a las áreas implicadas en la gestión pandémica

El CTBG llama la atención sobre el hecho de que la Comunidad de Madrid no negó en su respuesta que se hubieran producido contactos internos sobre la gestión de la pandemia -particularmente en el ámbito de las residencias de mayores- sino que fueron consultas informales, al tiempo que rechaza que concurran en el caso los requisitos necesarios para que se pueda otorgar a la información requerida la consideración de auxiliar o de apoyo.

El pasado 17 de junio, el Consejo de Transparencia ya amparó a una periodista que había presentado una reclamación al no recibir la información sobre las actuaciones de revisión en los centros de mayores que había solicitado. En concreto, la solicitante quería conocer las conclusiones o la fase en que se encontraba la investigación anunciada por Díaz Ayuso, a quién y qué tipo de información se había solicitado, cuál había sido la cronología de los trabajos y qué consejería o equipo concreto había llevado a cabo la actuación, entre otras cuestiones concretas.

La Comunidad de Madrid defendió que la información que se le había solicitado no era un procedimiento administrativo «con algún tipo de audiencia o efectos públicos» por cuanto Díaz Ayuso sólo buscaba disponer de datos a nivel interno sobre la gestión de las residencias de mayores «para su conocimiento y, en su caso, propuesta de acciones o medidas adicionales». El Ejecutivo entendía que la solicitud debía inadmitirse por tratarse de información auxiliar, criterio que Transparencia no compartió.

En cumplimiento de la resolución firme del CTBG, la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social facilitó el listado relativo a los expedientes sancionadores que abrió a centros de mayores –10 de 479– por hechos relacionados con la gestión de la covid-19.

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