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La Audiencia insiste en la necesidad de interrogar a los testigos clave del contrato entre Podemos y Neurona en México

Waldemar Aguado y Germán Cobos, trabajadores de la consultora mexicana, podrían aclarar en qué fecha se suscribió el contrato para los trabajos de la campaña electoral de 2019 investigados por el juez Juan José Escalonilla

Reunión del Consejo Ciudadano de Podemos. EFE

La Audiencia de Madrid ha prorrogado medio año la investigación contra Podemos por presunto delito electoral en la campaña de abril de 2019 por la contratación de la consultora mexicana Neurona.

Los magistrados de la Sección 30 admiten la petición del administrador en España de la consultora Neurona, el investigado en la causa Elías Castejón, así como de la acusación ejercida por el partido político Vox para que durante ese medio año más de investigación –que ya acordó prorrogar el juez– se intente localizar a los trabajadores de la consultora mexicana Waldemar Aguado y Germán Cobos.

Tanto Castejón como Vox consideran que las declaraciones de ambos testigos, que residen en México, son clave para despejar algunas incógnitas del caso. En la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid se investiga si Podemos y Neurona simularon trabajos para la campaña electoral para dar un uso distinto a los 430.000 euros que la formación pagó a la compañía, procedentes de las subvenciones a partidos políticos.

El instructor Juan José Escalonilla trató de localizar a ambos para tomarles declaración, pero al no conseguirlo, y en línea con lo solicitado por la Fiscalía, descartó realizar dicha diligencia y consideró suficiente esperar al resultado de un informe pericial sobre los trabajos realizados por Neurona para avanzar en la investigación del supuesto delito electoral.

Creada ‘ad hoc’

Sin embargo, Castejón -que se ha presentado como un mero gestor con quien contactó Cobos para que constituyera la filial de Neurona en España – ve necesario la declaración de ambos trabajadores conocedores del contrato inicial, igual que Vox.

Podemos contrató los servicios de la consultora mexicana que, a su vez, montó una filial en España para la realización del contrato y el cobro de éste. Unos fondos que posteriormente fueron transferidos a otra compañía, Creative Advice. El juez Escalonilla sospecha que la filial española se constituyó ‘ad hoc’ para el contrato que se investiga si fue fraudulento porque se infló el precio de los servicios prestados.

Ahora, los magistrados de la Audiencia admiten el recurso de Vox y Castejón contra la decisión de no tomar declaración a los testigos y obliga a hacerlo. A la vez, rechaza la petición de Podemos para que no se prorrogue la investigación. El Ministerio Fiscal también considera que se han practicado todas las diligencias necesarias y no hace falta la prórroga de medio año.

Confirman que no se debe interrogar a Carvajal

Por otro lado, la Sección 30 ha desestimado el recurso de Vox contra la decisión del juez Escalonilla de no tomar declaración como testigo al exjefe de la Inteligencia durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Hugo Armando ‘Pollo’ Carvajal Barrios.

Éste, que trata de retrasar su extradición a Estados Unidos donde es reclamado por presunto narcoterrorismo, declaró en otra causa secreta de la Audiencia Nacional por presunta financiación ilegal de Podemos.

La acusación ejercida por Vox, basándose en dos noticias de prensa sobre la declaración de Carvajal en el Juzgado Central de Instrucción 6, pidió que el militar chavista cuya extradición acordó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declarase ante el juez del caso Neurona por si conocía información relevante para la causa.

El instructor Escalonilla descartó dicha declaración y la Audiencia de Madrid confirma su decisión, considerando que Vox pretende una investigación prospectiva contra Podemos.

El juez consideró que la declaración de Carvajal en la Audiencia Nacional «sobre lo acontecido entre Neurona y los gobiernos de México, Bolivia y Venezuela es ajena a los hechos investigados en la presente causa cuando la misma ha quedado reducida al posible delito electoral cometido por los administradores generales y de las candidaturas de PODEMOS y de las personas titulares de las cuentas electorales de dicha candidatura con ocasión de las elecciones generales de abril de 2019, y la posibilidad de la comisión de
un delito de financiación ilegal por parte dicho partido político».

Los magistrados de la Audiencia de Madrid le respaldan y afirman que «la petición del partido político apelante la fundamenta única y exclusivamente en una información publicada en los medios periodísticos Libertad Digital y Vozpópuli, basadas en fuentes jurídicas no reveladas, claro está, pero sin aportar otros datos o elementos fácticos que indiciariamente pudieran servir para sustentar que estén relacionados con los posibles hechos delictivos investigados en esta causa con respecto a Podemos y la mercantil Neurona, o, incluso, a Pablo Iglesias Tourón y Juan-Carlos Monedero Fernández. Por consiguiente, como pretendida instrucción prospectiva está proscrita en la vía penal porque se trata de hechos que están basados en meras sospechas y no en auténticos indicios dado que solo están respaldados por recortes de prensa sin otros datos que los corroboren».

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