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Transparencia resolvió el 81% de las reclamaciones fuera de plazo en 2021 por falta de plantilla

El déficit de personal técnico y el aumento de los casos impide al CTBG resolver la mayoría de los expedientes en el plazo máximo de tres meses que prevé la ley | El plan estratégico no prevé que el refuerzo se materialice antes de finales de 2023

El presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, en una comparecencia en el Congreso.

El presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, en una comparecencia en el Congreso. EP

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió el 81 % de las reclamaciones el pasado año excediendo el plazo máximo de tres meses que prevé la ley al no haberse reforzado el personal técnico y seguir creciendo el número de expedientes. En algunos casos, la contestación llegó a los siete meses, una situación inédita desde que esta autoridad administrativa independiente se creó a finales de 2014.

El organismo encargado de promover la transparencia en las entidades públicas resolvió el pasado año 1.444 reclamaciones presentadas durante dicho ese ejercicio por resoluciones dictadas tanto por la Administración General del Estado (646) como por las comunidades autónomas con las que tiene convenio (798), según los datos facilitados por el CTBG en respuesta a una solicitud de derecho de acceso a la información pública.

De las 1.444, se tramitaron y notificaron en plazo 265, lo que representa solamente el 18,35 %. En concreto, 192 correspondieron a las administraciones territoriales -lo que arroja un 24 %- y 73 a resoluciones dictadas por departamentos ministeriales (el 11,3 %). La tendencia marca un incremento de las reclamaciones, por lo que la demora en su resolución no se solventará mientras no aumente la plantilla de técnicos.

En parte, esa situación se podría evitar si la Administración a la que el ciudadano dirige su solicitud de información no recurriera al silencio ni invocara límites de acceso o causas de inadmisión que realmente no concurren, lo que obliga a llamar a la puerta de Transparencia para que ampare la petición e inste al departamento concernido a proporcionar los datos. En numerosos casos, ni con un pronunciamiento favorable termina la Administración facilitando la información.

Con carácter potestativo y previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa, la Ley de transparencia prevé la posibilidad de que se pueda reclamar ante el CTBG aquellas resoluciones desestimadas por la Administración por la vía del silencio negativo, contestadas de forma parcial o inadmitidas por la supuesta concurrencia de alguna causa o límite al derecho de acceso. En su artículo 24.4, la norma fija un "plazo máximo para resolver y notificar" de tres meses, margen que se está excediendo en la mayoría de los casos.

Hasta 232 días en resolver

Ese plazo llega a duplicarse en algunos expedientes. El 26 de julio de 2021, el CTBG estimó parcialmente la reclamación presentada por un ciudadano el 27 de enero de dicho año tras solicitar sin éxito al Ministerio del Interior que le facilitara una copia de un informe de inspección (2020/0397) relativo a un centro penitenciario. En este caso, Transparencia necesitó 180 días para resolverlo.

Mayor aún fue la demora en la contestación a la reclamación formulada por una persona que había requerido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid una copia de un expediente sancionador en el que el solicitante no era parte interesada. El escrito lo registró el CTBG el 1 de marzo, resolviéndose el 19 de octubre (232 días después). Estos dos casos son extremos. El incumplimiento del plazo legal no llega a esos límites en la mayoría de los expedientes.

La autoridad independiente no demuestra con su ejemplo lo que reclama a los organismos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ley. En los fundamentos jurídicos de muchas de sus resoluciones, Transparencia recuerda a la Administración que respetar el tiempo máximo de respuesta "es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública".

El plan estratégico no prevé que el refuerzo de plantilla llegue antes de finales de 2023

En el plan estratégico 2022-2025, el Consejo de Transparencia ya llamaba la atención sobre el hecho de que el tiempo medio estimado de tramitación de las reclamaciones había aumentado en 2020 hasta los 88 días (frente a los 81 contabilizados en el periodo 2015-2020), muy próximo al tope legal. El organismo advertía de que el crecimiento de los expedientes y el "insuficiente personal técnico" podría tener reflejo en un incremento del margen de respuesta.

"Si el crecimiento interanual de las reclamaciones se mantiene como en el periodo prepandemia y no se refuerza la dotación de personal técnico, no será factible cumplir el plazo de tres meses que establece la Ley de transparencia para dictar y notificar la resolución", detalla dicho plan. A la luz de los datos que revela este diario, ese pronóstico se ha hecho ya realidad.

La plantilla de personal técnico no sólo no ha aumentado sino que se redujo (de seis a cinco personas) entre 2018 y 2021. Por contra, la carga de trabajo ha aumentado de forma notable: en 2020, cada empleado gestionaba ya un promedio de 341 reclamaciones, exactamente 118 más que dos años antes.

Déficit de plantilla

Desde que se sometió al examen de idoneidad en el Congreso de los Diputados antes de su nombramiento como presidente del CTBG a finales de 2020, José Luis Rodríguez Álvarez viene llamando la atención sobre la falta de personal que arrastra el organismo y la dificultad para desempeñar las funciones que tiene encomendadas como consecuencia de este déficit de plantilla.

Adecuar la dotación de recursos humanos a  las necesidades de la institución es uno de los ‘objetivos específicos transversales’ que traza el citado plan estratégico. Según el cronograma previsto, durante el primer trimestre de 2022 se actualizaría el estudio de cargas de trabajo del CTBG, cuyos resultados determinarán la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La intención es enviar esa nueva estructura de personal a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) antes del próximo 30 de abril como paso previo a demandar los recursos presupuestarios necesarios para financiarla. La convocatoria y realización de las pruebas selectivas tendrían lugar durante los primeros nueve meses de 2023, con la previsión de que los nuevos efectivos se incorporen a sus puestos entre mediados de octubre y finales de diciembre de 2023.

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