Las formaciones independentistas consideran necesario, tras salir a luz el presunto espionaje a políticos independentistas con el programa Pegasus, que el Congreso constituya de una vez la comisión parlamentaria con acceso a los secretos oficiales, pero, aunque este martes la Junta de Portavoces ponga fecha para activar ese órgano, estos partidos tendrían muy complicado formar parte de él puesto que para ello requieren apoyo de PP, Vox o Ciudadanos.

Esta es una de las demandas que van a poner sobre la mesa ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y EH Bildu, dentro de la batería de iniciativas que están registrando en el Congreso para pedir cuentas al Gobierno sobre un asunto que está tensando la relación del PSOE con sus aliados parlamentarios.

De hecho, estos partidos, junto con Más País y Compromís, ya han pedido comparecencias que, en principio, tendrían que sustanciarse ante la aún inexistente Comisión de Gastos Reservados, la única con acceso a información clasificada y que se encarga de controlar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Precisamente la directora del centro, Paz Esteban López, es una de las personas a las que piden citar.

El PSOE, dispuesto

En una reciente entrevista a Europa Press, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, se mostró dispuesto a poner en marcha esta comisión y dijo esperar que los vetos cruzados entre partidos no lo impidan.

Pero para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet.

Llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece propicio. Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede lograr ese mínimo de 210.

Vox ya adelantó al inicio de la legislatura que no pensaba aportar ni un voto a los independentistas y que haría todo lo posible para que no tengan acceso a información reservada. Y el PP tampoco piensa apoyar que Bildu pueda conocer secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna. Y en la misma posición está Ciudadanos, que no ve sentido a permitir «acceso a los secretos de Estado» a quienes quieren «acabar con el Estado», en palabras de su portavoz adjunto, Edmundo Bal.

Y visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que son poco partidarios de facilitar las cosas a los de Santiago Abascal.

Otra posibilidad es que la Junta de Portavoces, que se reúne este martes, decida poner fecha a la votación de los miembros con acceso a secretos y esperar a ver los resultados que salen, lo que podría permitir que la comisión se pusiera en marcha aunque no con todos los grupos parlamentarios representados, algo que ha ocurrido en anteriores legislaturas por esos vetos a independentistas.

Sea culpa de unos o de otros, el caso es que el pasado 3 de marzo se cumplieron tres años de la última reunión de esta comisión parlamentaria, hace ya dos legislaturas. Desde entonces no ha vuelto a constituirse, ni en la legislatura corta de 2019 ni en los más de dos años que han transcurrido de la actual. Es la única comisión que falta por crearse en el Congreso.

La ley de 1995 establece en su artículo 7 que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, «a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».

El Gobierno deberá presentar informes cada 6 meses

Y ante esa comisión, que también tiene encargada la tarea de vigilar las actividades del CNI, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados (Defensa, Interior y Exteriores) deben informar «semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios», por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión «podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas».

Así las cosas, se han cumplido tres años sin que el Congreso haya ejercido control parlamentario alguno de las actividades del CNI, ni ha recibido ninguno de los informes semestrales sobre el uso de fondos reservados que debían exponer los ministros competentes.

Y todo ello mientras el Congreso aprueba solemnes llamamientos a la transparencia y la rendición de cuentas, y pide mejorar el control de los fondos reservados, como recientemente se recogió en las conclusiones de la investigación sobre la ‘operación Kitchen’.

Igualmente, se acumulan cuestiones que la oposición exige aclarar y que el Gobierno dice no poder hacerlo por ser materias secretas, como podría suceder ahora con el caso del espionaje. En esta lista de tareas pendientes están los viajes en Falcon del presidente del Gobierno, el supuesto uso de fondos públicos para operaciones policiales como la Kitchen, la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona, o más recientemente la concesión de polémicas ayudas públicas como la recibida por Plus Ultra.