El Govern ha acordado «ejercer todas acciones jurídicas en todas instancias nacionales y europeas para evitar que se vuelvan a producir hechos» como el ‘Caso espionaje’. Es la reacción del ejecutivo catalán a la «falta de respuesta suficiente» del Gobierno, según el ejecutivo de Pere Aragonès, ante el espionaje a más de 60 personas del movimiento independentista denunciado por Citizen Lab.

El acuerdo adoptado este martes por el ejecutivo catalán incluye además la «limitación al mínimo» las relaciones institucionales con el Gobierno. Y la voluntad de trasladar las denuncias tanto a la justicia española como a instancias europeas. «Se denunciará por todas las vías la vulneración de derechos humanos reconocidos en carta de UE» ha advertido la portavoz, Patricia Plaja.

El Govern «no se contentará con respuestas vagas y acciones propagandísticas» ha añadido. «Este caso no se podrá cerrar en falso sin relevantes consecuencias políticas» ha apuntado Plaja, insistiendo en la exigencia de dimisiones que ya han explicitado tanto Aragonès como la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

Publicar los contratos y reformar la ley

En concreto, el ejecutivo catalán ha demandado hoy al Gobierno que «levante el secreto sobre todas las actuaciones» de los servicios secretos en el contexto de este caso de espionaje. La Generalitat reclama además la publicación de los contratos con la empresa NSO, propietaria de los programas Pegasus y Candiru que se utilizaron para espiar a los independentistas.

El Govern ha reclamado además la reforma de ley de secretos oficiales «sin demorar el tramite en el Congreso. Que hoy cueste reformar una ley franquista dice mucho del contexto democrático» ha añadido Plaja.

Unanimidad en la denuncia del Parlament

También la Mesa del Parlament ha acordado este martes por unanimidad presentar una denuncia en defensa de los diputados y exdiputados afectados por el presunto espionaje a dirigentes independentistas. La decisión que se someterá a votación del pleno este miércoles, pese a que no es preceptivo, para reforzar el acuerdo.

La denuncia, que se llevará al Juzgado de guardia y que todavía no está redactada, se ha impulsado por recomendación de los servicios jurídicos, a los que se les encargó estudiar de qué forma podía el Parlament acompañar a los afectados.

En el caso de los servicios jurídicos de la Generalitat, Plaja ha anunciado que el Govern no solo dará apoyo jurídico a los cargos públicos autonómicos, sino que extenderá esa oferta de apoyo a todos los afectados por el ‘Caso espionaje’.

Amenaza de ERC

Paralelamente, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido de nuevo a PSOE y Podemos que su formación está dispuesta a dejar caer la agenda legislativa del Gobierno, empezando por el decreto aprobado por el ejecutivo en respuesta a la crisis derivada de la invasión de Ucrania.

Rufián ha admitido que «tumbar» medidas del Gobierno de PSOE y Podemos puede ser «lesivo» para un partido de izquierdas como ERC, pero «el único idioma que entienden, desgraciadamente. El PSOE no hace, se le obliga».

«Y si al PSOE no les gusta ERC, Bildu, Más País o Podemos, no pasa nada, que lo diga. Si son tan valientes, tan chulos, que lo digan -ha retado-. Porque ahora tiene una alternativa, el moderadísimo (Alberto) Núñez Feijóo, el nuevo Gallardón».

El próximo jueves el Congreso debe validar el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania con el que le Gobierno movilizará 16.000 millones de euros y que contempla una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible o un tope del 2 % a la subida del alquiler, entre otras medidas.