El juez del caso Mascarillas sospecha que Luis Medina y Alberto Luceño pudieran desplazarse a Malasia para "destruir pruebas" de los tres contratos de disposición de material sanitario que firmaron con el Ayuntamiento de Madrid por los que el consistorio pagó 11,9 millones de euros a la empresa Leno cuyo responsable, San Chin Choon, se niega a colaborar de momento con la Justicia española.

Por ese motivo, el instructor Adolfo Carretero impuso este lunes a ambos empresarios la medida cautelar de retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en un Juzgado, según solicitaron las acusaciones populares de la causa ejercidas por los partidos políticos PSOE, Podemos y Más Madrid, alegando riesgo de fuga. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Ayuntamiento de Madrid y la empresa municipal funeraria a través de la que se gestionaron los contratos, personados como acusación particular, solicitaron medidas cautelares.

En el auto con el que el titular del Juzgado de Instrucción 47 acordó dichas medidas cautelares, destacó la pena máxima de 17 años de prisión con la que están castigados en el Código Penal los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por la que están investigados tanto Medina como Luceño. El primero también está imputado por alzamiento de bienes.

"Dinero ilícitamente obtenido"

"Los delitos anteriores son graves no sólo por su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia Covid 19 (marzo de 2020), con miles de fallecimientos diarios y afectar a fondos públicos necesarios para conseguir materiales sanitarios de primera necesidad, que ofrecían los investigados con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo, como el dice el Sr. Fiscal Anticorrupción en su escrito de querella, sino también porque llevan aparejadas penas de hasta diecisiete años de prisión que supone la posibilidad de riesgo de fuga por mucho que el investigado tenga arraigo y diga que quiere colaborar con la Justicia, ya que es también connatural a la naturaleza humana tratar de evitar tan duras penas, cuyo conocimiento es ahora cierto desde que conoce la imputación judicial, máxime cuando se dispone de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa, pudiendo además el investigado salir del territorio español para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la Justicia española hasta el momento es nula", se puede leer en el auto de medidas cautelares de este lunes, emitido después de que ambos declarasen como investigados, decidiendo contestar únicamente a las preguntas del juez y de su abogado.

El juez se refería así al director de la empresa malasia Leno San Chin Choon, al que el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol trató de localizar por medio de una comisión rogatoria a Malasia. Las autoridades de dicho país contestaron a la Fiscalía española que no pueden obligar a un nacional a contestar a las preguntas de otro país sobre contratos, a pesar de que su declaración es clave para la causa.