La Policía Nacional ha anunciado este martes la compra de 1.050 videocámaras personales para los agentes a los que se entregará un dispositivo electrónico de control, conocido popularmente como pistola ‘Taser’ y de las que el Cuerpo Nacional cuenta ya con un millar aún sin estrenar. De esta forma, la intención del Ministerio del Interior es que toda actuación en la que se emplee este arma quede grabada.
La confirmación de la compra la ha realizado el director general, Francisco Pardo Piqueras, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu durante su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde ha informado de las actuaciones que se vienen realizado para la puesta en marcha del Centro de Estudio Universitario de la Policía Nacional. El parlamentario quería conocer cuántos inmovilizadores tiene tanto este Cuerpo como la Guardia Civil y cuántas cámaras corporales vinculadas a dichos dispositivos han adquirido ya.
Pardo Piqueras ha desvelado que se ha sacado a licitación un expediente de compra para incorporar 1.050 cámaras, ya adjudicado y cuya entrega ha anunciado para "finales de mayo". Esas unidades se sumarán a las 150 aportadas por el suministrador de las 'Taser' como mejora de su oferta para llevarse el concurso.
"Donde se utilice un inmovilizar habrá una cámara", ha asegurado el máximo responsable del Cuerpo, quien ha asegurado que el protocolo de uso que se ha elaborado exige que se use a modo de "pack". "No se tiene que parar la grabación hasta que se dé por finalizada la actuación", detalla la instrucción, redactada en 2020.
Preguntado por qué han llegado antes las pistolas que las cámaras, Pardo Piqueras ha explicado que han tratado de garantizar que el sistema de grabación y el funcionamiento de la cámara "era realmente el que se necesitaba" antes de proceder a realizar un desembolso. "Tenga usted la seguridad de que cada vez que se utilice un inmovilizador eléctrico irá con su correspondiente cámara", ha insistido.
Dos millones de inversión
La Policía Nacional cuenta desde el pasado mes de marzo con 1.000 dispositivos incapacitantes, lo que ha requerido una inversión de 2.099.350 euros (IVA incluido). El contrato firmado con el suministrador -la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nidec SLU y Axon Public Safety Germany SL- incluía la entrega de 300 unidades en octubre de 2020 e idéntica cantidad en julio pasado, completándose el pedido con una tercera entrega de 400 en el primer trimestre de 2022.
Pese a disponer de 600 unidades desde hace casi un año, los agentes que prestan labores de seguridad ciudadana en la calle sigue sin tener este arma. Según Pardo Piqueras, están siendo muy "cautos" porque la prioridad en este tiempo ha sido la de brindar formación para que se haga un uso adecuado, dada oposición de algunos grupos políticos y colectivos sociales y la polémica que se ha generado cuando la ha utilizado otro Cuerpo policial que ya la tiene como dotación.
En paralelo a la formación de monitores, la Dirección General Adjunta Operativa (DAO) ha procedido ya al reparto de los 150 primeros dispositivos electrónicos de control a las distintas jefaturas. Como adelantó El Independiente, a la de Madrid se han asignado 30 unidades, seguida de 18 a la de la Comunidad Valenciana, 17 a la de Andalucía Occidental y 14 a la de Andalucía Oriental.
Cada vez que se utilice un inmovilizador irá con su correspondiente cámara", afirma Pardo Piqueras
El reparto se completa con el siguiente desglose: nueve a Castilla y León; siete a Aragón; seis a Canarias; cuatro a Galicia y Extremadura; tres a Murcia y Asturias y dos a Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, quedando fuera Cataluña y el País Vasco -comunidades en las que las competencias en materia de seguridad ciudadana están en manos de sus respectivas policías autonómicas- de este primer envío. Al Grupo Especial de Operaciones (GEO) le han correspondido seis y cinco tanto al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) como a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
De otro lado, el director general ha anunciado que la Policía está "en proceso" de adquirir otros Blindados Móviles sobre Ruedas (BMR), conocidos popularmente como tanquetas. Pardo Piqueras ha informado de que el Cuerpo cuenta actualmente con dos de estos vehículos -uno de los cuales se utilizó durante el conflicto del metal en Cádiz a finales del pasado año, lo que provocó un encontronazo entre los socios que forman el Gobierno- y que la "misión fundamental" es la de proteger a los agentes que intervienen en situaciones peligrosas, como actuaciones antiterroristas o ante grupos armados o violentos.
En respuesta a una pregunta tramitada al amparo de la Ley de transparencia, el Ministerio del Interior informó el pasado mes de enero que la Policía contaba con seis BMR procedentes del Ejército de Tierra (dos recibidos en 2019 y cuatro en 2021), si bien sólo dos se encontraban operativos en este Cuerpo. A estos se les ha retirado la ametralladora y se les ha colocado una cogida en el frontal para que pueda acoplarse una pala que permita la retirada de obstáculos en desórdenes públicos.
De otro lado, Pardo Piqueras ha cifrado en 233.695 el número de pelotas de caucho compradas conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil en los últimos diez años, si bien el alto cargo de Interior ha dicho desconocer cuántas se han disparado por cuerpo policial, provincia y anualidad. "No disponemos de datos desagregados de uso", ha contestado a Iñarritu.
La cuestión sobre el empleo de pelotas de goma se enmarca en la tramitación de la reforma de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, ante la posición que defienden varios grupos para que se prohíba su uso por Policía y Guardia Civil como material antidisturbios como ya se decidió en Cataluña (Mossos d'Esquadra) y el País Vasco (Ertzaintza). Los socios de gobierno (PSOE y Unidas Podemos) han pactado en una moción que se usen los medios "menos lesivos para las personas y evitando aquéllos que causen lesiones irreparables", sin que la prohibición sea expresada.
Frente a la posición contraria del diputado Iñarritu, abiertamente en contra de la utilización de las pelotas de caucho, Pardo Piqueras le ha mostrado algunas imágenes de antidisturbios rodeados de piedras durante las protestas violentas protagonizadas por radicales independentistas tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia condenatoria contra los líderes del procés en el otoño de 2019. "Cuando uno ve estas imágenes siente miedo", ha indicado el director general de la Policía, que se ha acordado del policía vigués que estuvo a punto de perder la vida tras caerle una piedra de gran tamaño en la cabeza durante aquella actuación.
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