El Departamento de Educación emitirá este martes a primera hora la instrucción que define la respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que fija un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano. Una instrucción basada en el decreto ley aprobado por el Govern este lunes, en el que se excluye explícitamente la aplicación de porcentajes en el uso de las lenguas en la escuela. Y que ha dinamitado la entente alcanzada con el PSC en este ámbito.

El decreto establece en su artículo 2, dedicado a los criterios de elaboración de los proyectos lingüísticos, «la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».

Este texto «no da cumplimiento» a la sentencia, «no recoge el acuerdo» con PSC y los comunes, «no menciona el uso curricular del castellano» y «desafía a los tribunales» se lamentaba la portavoz socialista, Alicia Romero, tras hacerse público el texto.

La denuncia de los socialistas llega una semana después de que ERC, PSC, JxCat y CatEC registraran una proposición de ley en la que se recogía el «uso curricular» del castellano -exigencia de los socialistas- aunque obviando el porcentaje exigido por el TSJC. Tanto la Ley del catalán -paralizada por el recurso al Consejo de Garantías de Vox, Cs y PP- como el decreto se remiten a los proyectos lingüísticos, regulados en la Ley de Educación de Cataluña.

Libertad de los centros

Ambos se amparan en la libertad de los centros para fijar sus proyectos en función de la realidad sociolingüística y las necesidades pedagógicas de los alumnos. Una maniobra aceptada tanto por el PSC como por JxCat que permite a cada partido entender lo que más le conviene de la nueva arquitectura legal para dar respuesta al TSJC.

El decreto publicado este mismo lunes en el Diario Oficial de la Generalitat, ya ha entrado en vigor, aunque sus consecuencias llegaran a los colegios en el próximo curso, advierten. Sirve para amparar la instrucción emitida por la Consejería a los centros, que será a su vez la respuesta que el conseller Josep González-Cambray presente ante el Tribunal.

Validar los proyectos

En la instrucción de hoy, la Consejería pedirá a los casi 5.000 centros educativos de Cataluña información sobre sus proyectos lingüísticos para validarlos. Una validación que se compromete a hacer en el plazo de un mes. Los proyectos que la Generalitat no considere ajustados a la normativa, deberán ser reformados en un plazo de seis meses a partir del inicio del curso 2022-23.

El TSJC dio 15 días a la Generalitat para aplicar la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo el pasado noviembre. Hoy se agota ese plazo, y Cambray será requerido para explicar qué ha hecho para acatar el requerimiento de la justicia.

La respuesta del Govern será que se ha aprobado un nuevo marco, que da por superada la sentencia porque, alegan, la realidad sociolingüística y las necesidades pedagogicas no son homogéneas en toda Cataluña. Por eso se deja la definición del uso de las lenguas oficiales en manos de las direcciones de los centros.

«Proteger» a los directores de centro

Pero esas definiciones serán validadas por el Departamento de Educación, de modo que será el conseller, en última instancia, quien asuma la responsabilidad legal de esos proyectos lingüísticos, añaden desde la Generalitat.

El Departamento de Educación «debe validar» el proyecto lingüístico «y garantizar que se ajusta a la legalidad y a los objetivos de normalización lingüística correspondientes a la realitat sociolingüística general, del centre educativo y de su entorno» señala la exposición de motivos del decreto.

«Es obvio que este decreto ley da respuesta a una sentencia con contenido ideológico» argumentaba este lunes la portavoz, Patricia Plaja. «Este decreto, igual que la Ley del catalán, nos permiten salir del callejón en el que nos encontramos y superar una judicialización sin sentido» añadía.

De hecho, todos los centros catalanes tienen ya un proyecto lingüístico, pero según el Govern «con este decreto tienen un peso que no habían tenido hasta ahora».

En los proyectos «no se puede obviar la diversidad cultural, la procedencia de alumnado y el entorno de los centros. La realidad de cada escuela no es homogénea» argumenta el Govern. Y esto «hace imposible aprobar una regulación monolítica que fije un tratamiento homogéneo de las lenguas» -es decir, fijar un 25% de castellano- «extrayéndose de esta diversidad y cultural que es propia de cada escuela».