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El PSC se suma a ERC, JxCat y CatEC con una ley que avala el castellano en la educación pero esquiva el 25%

Alumnos de un colegio catalán EFE

«La enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y el castellano tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos». Con esta frase se ha sellado finalmente el acuerdo entre PSC, ERC, JxCat y Comunes presentar una nueva ley lingüística con la que se pretende esquivar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de las horas lectivas en castellano.

«Creemos que este texto da mejor cumplimiento a la sentencia» ha asegurado la socialista Alicia Romero. La proposición de ley «garantiza que el castellano sea lengua de aprendizaje y no la tratemos como lengua extranjera» ha asegurado. No lo entienden así los portavoces de JxCat y ERC, convencidos de que el texto no implicará aumentar el número de horas de clase en castellano.

El texto ha sido registrado en el Parlament este martes, minutos antes de que expirara el plazo para ser debatido en el pleno de este miércoles. El objetivo es aprobar el texto por la vía de urgencia y lectura única, para que esté vigente el próximo 31 de mayo, cuando se agota el plazo fijado por el TSJC para que la Generalitat ejecute la sentencia del 25%.

La proposición de ley reconoce al castellano como lengua de enseñanza, como exigía el PSC. Pero rechaza implícitamente el porcentaje del 25% fijado por el tribunal, como reclamaban tanto ERC como JxCat. Por contra, deja en manos de los centros la definición de los proyectos lingüísticos, como hacía hasta ahora la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Pero establece que esos proyectos serán «verificados» por el Departamento de Enseñanza.

Negociación contrarreloj

La negociación de este texto ha centrado los esfuerzos del Govern, y de ERC, desde que JxCat se descolgó del pacto sellado el 24 de marzo. Entendían en Junts que el reconocimiento del castellano como «lengua de aprendizaje» suponía renunciar a la inmersión lingüística.

El reconocimiento del castellano era una exigencia irrenunciable para el PSC, han repetido los socialistas en las últimas semanas. Y el gran escollo para recuperar el apoyo de Junts. Finalmente los socialistas han renunciado a la fórmula acordada en marzo, pero no al reconocimiento explícito del castellano.

La proposición de ley recoge establece además que el catalán será la lengua utilizada en las «aulas de acogida», es decir, la primera lengua que se enseñará a los alumnos inmigrantes. Una exigencia de Junts, que también impone el rechazo explícito a las cuotas en el decreto ley que acompañará esta ley.

Ese decreto no cuenta con el apoyo del PSC. Pero JxCat y ERC confían en contar con los votos de la CUP, además de los comunes, en su trámite parlamentario.

No acatamos el 25%

Tras registrarse la proposición de ley, el secretario general de JxCat, Jordi Sánchez, ha asegurado sin embargo que el texto no supone un «acatamiento» de la sentencia del 25%. «Este texto no es un acatamiento de la sentencia sino una respuesta política para proteger modelo escuela catalana».

«En ningún caso el castellano es lengua vehicular, es lengua de aprendizaje pero la lengua vehicular y la lengua de acogida es el catalán» ha añadido la portavoz de Junts, Mónica Sales. «No tiene nada que ver con lo que hicimos el 24 marzo» ha añadido, en referencia al primer acuerdo, rechazado por entidades como Plataforma por la Lengua, a las que siguió JxCat rompiendo el pacto.

Sánchez ha apuntado además que «el consenso tiene límites» en referencia a los vetos del PSC. «Era imprescindible ir mas allá» ha apuntado para explicar la necesidad del decreto ley que aprobará el Govern, pactado con ERC y comunes, pero no los socialistas.

Un decreto con el que esperan sumar el apoyo de la CUP, porque incluye un «rechazo explícito a las cuotas que violentan la normalidad de la comunidad educativa».

Los profesores «irresponsables»

El acuerdo global para que JxCat apoyara la proposición de ley con el PSC implica la aprobación de un decreto ley por parte del Govern, en el que se fija explícitamente la responsabilidad legal del Departamento de Enseñanza en la aprobación de los proyectos lingüísticos.

Una vía para evitar la responsabilidad legal de los directores que opten por desobedecer la aplicación del 25% de castellano en sus centros. El decreto otorga «toda la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Enseñanza» ha insistido Sánchez. «Irresponsabiliza a los docentes de la persecución de los tribunales».

El Govern aprobará este decreto ley en sesión extraordinaria para que esté vigente cuando concluya el plazo dado por el TSJC, ha confirmado la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Decisión de cada colegio

El catalán «como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente usada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal de acogida del alumnado recién llegado» apunta el texto pactado. El castellano es utilizado «en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».

Con esta fórmula, apuntan desde Junts, se esquiva la imposición del 25% que fija el TSJC, porque excluye la opción de una fórmula armonizada para todos los centros educativos.

El texto añade, como fija la LEC, que la determinación del uso de cada lengua se hará teniendo en cuenta «la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno y los objetivos de normalización lingüística». La realidad sociolingüística muestra «que si alguna lengua debe ser reforzada es el catalán» ha añadido Vilalta. «Si hay una lengua minorizada y que retrocede, y por tanto debe ser reforzada, es el catalán».

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