El 31 de mayo vence el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir «al menos» un 25% de las horas lectivas en cada una de las lenguas oficiales en Cataluña. Esto es, una materia troncal o análoga, además de la de lengua, en castellano.

El Govern y los partidos independentistas llevan semanas estudiando las vías judiciales y legislativas para esquivar la sentencia del TSJC. Al mismo tiempo, la consejería de Enseñanza argumenta que, a tres semanas del fin de curso, no tiene sentido modificar los planes lingüísticos y apunta a dificultades insalvables en tan poco tiempo.

La AEB, entidad impulsora de la sentencia, apunta sin embargo que la sentencia ya se ha aplicado en escuelas puntuales sin tantos problemas. En concreto, casi 50 centros que desde 2014 han recibido la orden de cambiar sus proyectos lingüísticos a petición de padres de alumnos.

Petición minoritaria

Es un porcentaje mínimo de los colegios catalanes, ha señalado reiteradamente el consejero Josep González Cambray. Argumenta así que se trata de una exigencia minoritaria sobredimensionada por algunos partidos políticos, entre los que señalan especialmente a Cs. Pero lo cierto es que esos casi 50 centros corresponden a las familias dispuestas no solo a reclamar el uso del castellano a la dirección del colegio, sino presentar también requerimiento ante la Consejería y llevar finalmente su petición ante un juez.

El Departamento nunca ha dado datos del número de familias que se han dirigido a ellos para solicitar la aplicación de la sentencia. Sin embargo, el conseller Josep González-Cambray situaba la cifra entre 1.500 y 1.700 familias, en declaraciones a RAC1. «Son una mínima parte del millón de alumnos» de la educación catalana, siguen argumentando.

El largo proceso de los padres

Esta semana, la AEB hacía pública la carta de un padre a la dirección del instituto en el que estudian sus hijos. Se trata del primer padre que ha recibido la legitimación del TSJC para pedir la ejecución forzosa de la sentencia del 25%. En la misiva, recuerda a la directora del centro que ya pidió la aplicación del 25% cuando la sentencia fue ratificada.

Ante el silencio de la directora, este padre se dirigió a la Consejería, que tampoco atendió a su petición, pese a estar pidiendo la ejecución de una sentencia firme ya notificada por el tribunal. Finalmente, se ha dirigido al propio tribunal para pedir la ejecución y tras ser aceptado, se dirige a la directora para reclamar que se ejecute la sentencia.

«Creo que sería en interés de todos que acabara en este punto la via judicial» argumenta este padre. Pide que se acate el 25% y «asumir con normalidad lo que es normal: que tanto el catalán como el castellano son lenguas vehiculares y de aprendizaje en nuestro instituto. Se me hace difícil pensar que esta no pueda ser una base razonable para la convivencia».

Creo que sería en interés de todos que acabara en este punto la via judicial» advierte un padre a la directora de su instituto tras ser legitimado por el TSJC para exigir el 25%

Este padre, que ha querido permanecer en el anonimato, evitando hacer público también el instituto al que se dirige para proteger a su hijo, no es el primero que recorre este camino. En 2014 llegaron las primeras resoluciones a favor de familias que solicitaban la aplicación del 25% en las clases de sus hijos.

Los pioneros fueron padres de la Escuela Pia Sarrià-Calassanç de Barcelona; Sant Bonaventura Franciscans de Vilanova i la Geltrú; Alba del Vallès, de Sant Fost de Campsentelles; Mare de Déu del Roser, de Barcelona, y Escolapias Sant Josep de Calassanç de Sabadell, todos ellos en la provincia de Barcelona.

Todos acatan

El goteo ha seguido durante estos años, afectando por igual a los gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. De hecho, pese a la airada reacción de Torra al intento de ERC y JxCat de pactar la aplicación de la sentencia con el PSC, su gobierno es el que en más ocasiones ha aplicado ese porcentaje en más de una decena de centro, según los datos de la AEB.

Un porcentaje que también se aplicó en dos colegios durante el breve mandato de Clara Ponsatí al frente de Enseñament, apenas tres meses. Ocupada en preparar el referéndum, Ponsatí no mencionó públicamente esos casos en 2017, cuando su equipo acató la decisión del TSJC.

Castellano, en matemáticas y no para todos

Las fórmulas para acatar la sentencia también varían, aunque todas pasan por ofrecer una clase más en castellano en los grupos de los niños cuyos padres han solicitado más castellano. El cambio pasa por escoger una asignatura -normalmente matemáticas, la que menor contenido lingüístico tiene- y ofrecer a los alumnos fichas en castellano para completar lo que resta del curso.

El mayor problema suele venir por el rechazo de otros padres, a veces con la aquiescencia de las direcciones de centro, a que sus hijos reciban una asignatura en castellano.

Uno de los primeros casos fue el colegio Santa Anna de Mataró, que optó por dividir en dos grupos las clases de los dos menores de la familia solicitante, para que el resto de familias pudieran escoger si querían la clase en catalán o castellano. Un fórmula que finalmente no se llegó a aplicar. Tras el escrache sufrido por sus hijos a las puertas del centro, el padre de los dos menores optó por cambiarlos de centro.

En Castelldefels, un grupo de familias se unió para solicitar la aplicación del 25%. Tras agotar la vía judicial, el centro optó por dividir a los alumnos por lengua en las dos líneas que ofrecía el centro. En todos estos casos, sin embargo, los alumnos que los solicitaron acabaron recibiendo una asignatura troncal en castellano, el objetivo último de la sentencia.

Lo mismo que la Generalitat debe trasladar ahora al conjunto de centros educativos de Cataluña, pese a las resistencias de ERC, JxCat y entidades como ANC, Òmnium o Plataforma por la Lengua.