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AEB pide a la justicia que pregunte a los colegios catalanes qué asignaturas imparten en castellano

Los miembros de Escuela de Todos Elda Mata, José Domingo, Ana Losada y Rafael Arenas

La plataforma Escuela de Todos, que lidera la batalla judicial por el cumplimiento de la sentencia del 25% ha requerido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que se pregunte a todos los colegios catalanes qué asignaturas imparten en catalán, castellano y lengua extranjera. El la respuesta de EdT a la negativa del Departamento de Educación de la Generalitat a acatar la sentencia.

En un escrito registrado este miércoles ante la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJC, la plataforma reclama además una sanción de 1.500 euros diarios al consejero de Educación, Josep González-Cambray. Y pide al tribunal que «a la vista de voluntad incumplidora de conseller» libre testimonio ante la Sala Civil y Penal por los posibles delitos de prevaricación y desobediencia.

«Por mucho menos está condenado un presidente de la Generalitat» ha advertido José Domingo, presidente de IC, en referencia a Quim Torra. «Es mucho más grave vulnerar derechos fundamentales que negarse a retirar una pancarta».

Escuela de Todos -que integra a la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano (IC) y Sociedad Civil Catalana (SCC), junto a otra decena de entidades- pide al TSJC que plantee un cuestionario a los 4.500 colegios catalanes con dos preguntas: Si en el proyecto lingüístico del centro esta previsto que catalán y castellano sean lenguas vehiculares; y que concrete el número de horas lectivas en cada una de las lenguas oficiales en el conjunto de las actividades del centro.

Alta Inspección

«Eso es lo que quería saber el tribunal» ha explicado Domingo, que ha tachado el debate abierto sobre los porcentajes y los proyectos lingüísticos de «cortina de humo» empleada por el Govern para «engañar a la población» y esquivar el cumplimiento de la sentencia.

«Pedimos que el tribunal requiera directamente a todos directores de centros para que contesten estas preguntas y digan cómo han cumplimentado la sentencia» ha añadido Domingo. «No hay más prórrogas, ya se están vulnerando los derechos de los alumnos», ha advertido recordando que la sentencia es firme desde el pasado noviembre, y se dio traslado a la Generalitat en enero.

En caso de que el Tribunal considere que no tiene los medios para hacerlo, apunta Domingo, «subsidiariamente le pedimos que esta solicitud de información se haga a través de la Alta Inspección Educativa del Estado».

Inacción del Gobierno

En este sentido, tanto Domingo como la presidenta de la AEB, Ana Losada, han sido muy críticos con la inacción del Gobierno para hacer cumplir la sentencia. «Nos sentimos decepcionados por quien nos gobierna en Cataluña y España» ha lamentado Losada. Queremos escuela diversa y donde se nos respete

El catedrático de Derecho Internacional Rafael Arenas ha ido más allá, señalando la «responsabilidad política del Gobierno» en que las escuelas catalanas no estén impartiendo ya una o dos asignaturas en castellano. Cuando se abrió el plazo de ejecución forzosa «el Gobierno no la pidió, y cuando la pidió la AEB el Gobierno pidió que no se ejecutara», ha recordado.

«Y hoy somos nosotros los que presentamos un escrito denunciando la desobediencia, no es el Gobierno, que es quien tendría que hacerlo porque es su obligación. Máxime con sentencias que declaran que se están vulnerando derechos constitucionales».

Responsabilidad de los directores

En este contexto, Losada ha advertido que su objetivo, al requerir al tribunal para que se dirija a los directores de todos los colegios catalanes, «no es llevar a Cambray a los tribunales ni perseguir a directores y profesores, nuestro objetivo es que se cumpla la sentencia y las dos lenguas oficiales sean vehiculares» en la escuela catalana.

«Si Cambray decide no cumplir el requerimiento y burlarse de los tribunales no es decisión de Escuela de Todos» ha lamentado. «Si los directores se niegan» a acatar la sentencia y tienen que «responder al tribunal», no es responsabilidad de la plataforma, ha añadido rechazando las acusaciones de «perseguir judicialmente a los directores».

Nuestro objetivo, ha insistido, «es que el próximo septiembre haya troncales en castellano» en los colegios. Para ello, ha añadido, es fundamental que el TSJC actúe con celeridad, recordando que los meses de junio y julio son vitales en la elaboración de materiales y la preparación del próximo curso.

Recurso contra el Decreto de proyectos lingüísticos

Domingo ha anunciado además la interposición de un recurso contencioso contra el Decreto Ley aprobado este lunes de urgencia por el Govern, en el que se define los parámetros para elaborar y validar los proyectos lingüísticos. «No porque afecte al cumplimiento de la sentencia», ha aclarado. Sino porque las instrucciones para validar los proyectos lingüísticos «nos parecen incompletas y anticonstitucionales, porque no reconoce que las dos lenguas deben ser vehiculares».

«Lo que demuestran estas instrucciones es la voluntad incumplidora de la Generalitat» ha añadido Domingo, que ha acusado al conseller de haber estado «invitando a los directores de centros a que no hagan nada, es decir, a que no ejecuten la sentencia».

El presidente de IC ha considerado además «especialmente preocupantes» las declaraciones de Cambray y la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en las que tacharon de «aberrante» el auto del TSJC y anunciaron que acabarían con «las intromisiones judiciales».

«No está en manos de ningún gobierno esta acabar con las injerencias judiciales, solo faltaría que los gobiernos no puedan ser controlados por tribunales» ha añadido, recordando que eso precisamente es el derecho a la tutela judicial efectiva.

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