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Un test de 7 preguntas para validar los proyectos lingüísticos, la respuesta del Govern al 25%

Cambray asegura que el decreto es un "escudo legal" para los centros escolares y avisa que la nueva normativa afecta también a los centros que ya aplican el 25%

El consejero de Educación catalán, Josep González-Cambray. EFE

Los centros educativos catalanes han recibido a las 10.00 de este martes una instrucción del Departamento de Educación sobre la «enseñanza y uso de las lenguas oficiales». Es la respuesta del Govern al requerimiento de ejecución de la sentencia del 25% dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El tribunal dio a la Generalitat 15 días para cumplir ese requerimiento, que vencen hoy.

La instrucción de la Generalitat plantea a los colegios un cuestionario con 7 preguntas sobre el proyecto lingüístico del centro. Si la respuesta es «sí» a esas 7 preguntas, la Generalitat dará por validado el proyecto, que se puede aplicar en el próximo curso.

En caso contrario, los centros tienen todo el curso 2022-23 para ajustar su proyecto lingüístico al nuevo marco regulatorio establecido por el Govern con el decreto ley aprobado este lunes. El decreto no recoge el reconocimiento explícito del castellano como lengua «curricular» -como hace la Ley del catalán pactada con el PSC- y rechaza explícitamente la aplicación de porcentajes en la enseñanza de las lenguas oficiales.

Nueva legislación para evitar el 25%

«Lo que hacemos es legislar para proteger centros. No hay decisión más democrática que legislar desde el Govern y convalidarlo en el Parlament» ha argumentado el consejero de Educación, Josep González-Cambray. Se trata, ha asegurado, de un «escudo legal» para los directores de los centros.

El consejero ha defendido que el «nuevo marco normativo» permite dar por superada la sentencia del 25%. «Damos respuesta con una nueva normativa que dice que la enseñanza de lengua no va de porcentajes» ha añadido, advirtiendo que esa nueva normativa afecta también a los centros en los que ya se está aplicando el 25% por requerimiento judicial.

«Acompañaremos a los centros para que los proyectos se cumplan en todas aulas, todos los ámbitos y todas las actividades del centro» ha añadido. Lo que significa que la inspección educativa se encargará de verificar que esos proyectos lingüísticos. Según denuncian tanto las entidades lingüísticas como la propia consejería, muchos centros incumplen su proyecto utilizando el castellano en asignaturas en las que no está previsto.

Las preguntas

Los centros deben responder si «el proyecto lingüístico prevé el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano», pregunta que sí permitiría suponer que se acata la sentencia del TSJC. Pero también deben aclarar si ese proyecto «evita el uso de porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas».

Una pregunta que podría ser un problema para aquellos centros que ya aplican el 25% de castellano por orden judicial en aquellos grupos clase en los que una familia lo ha solicitado.

El resto del cuestionario aborda cuestiones como el uso del catalán «como lengua de acogida» -es decir, para los alumnos extranjeros de nueva incorporación-. Si «el catalán es lengua habitual» o si se tiene en cuenta la realidad sociolingüística del centro y las evaluaciones periódicas sobre el conocimiento de ambas lenguas.  

Apoyo de los comunes

Esta instrucción es el resultado del decreto aprobado el lunes, que cuenta solo con el apoyo de los comunes para salir adelante en su trámite parlamentario. El portavoz de Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado en declaraciones a TVE que ese decreto cumple con lo dispuesto por el TSJC y ha garantizado su apoyo al texto en el Parlament.

El PSC, por contra, ya anunció ayer que se opondría a un texto que en su opinión vulnera el acuerdo entre socialistas, comunes, ERC y JxCat para la Ley del catalán. Un texto pendiente del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias para su aprobación.

La CUP también ha anunciado su voto en contra del decreto, aunque por motivos contrarios. Los antisistema consideran que ese decreto supone «acatar» la sentencia del 25% y pone fin al sistema de inmersión lingüística.

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