El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado levantar el secreto reforzado de la causa en la que investiga el espionaje supuestamente con el software Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. 

El instructor del denominado ‘caso Pegasus’ ha acordado citar como testigo el próximo 5 de julio al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. También ha ampliado la comisión rogatoria a Israel, país de la empresa NSO Group fabricante del software espía en busca de nueva información.

Dicha comisión rogatoria se amplía principalmente con el objetivo de que el propio instructor se desplace a Israel, junto con una comisión judicial que encabezará, para tomar declaración como testigo al consejero delegado de la empresa que comercializa el programa Pegasus. Calama ya dirigió una primera comisión rogatoria a este país para que la empresa informara sobre distintos extremos de la herramienta informática.

Paz Esteban ya ha declarado

El Juzgado comunica que mientras la investigación ha permanecido secreta, Calama tomó declaración como testigo a la exdirectora del CNI recién cesada Paz Esteban y al técnico del servicio de inteligencia español encargado de elaborar los informes sobre este asunto.

La causa se inició en la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia de la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, en la que se manifestó que los móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros fueron hackeados. Precisamente el ataque al móvil del presidente tuvo lugar en las fechas en que las relaciones estaban más tensas con Marruecos y se produjo el salto masivo de la valla de Ceuta.

El Gobierno puso en conocimiento de la Justicia dicho supuesto espionaje con Pegasus inmediatamente después de salir a la luz que miembros del Gobierno catalán, entre ellos el presidente Pere Aragonés, fueron espiados por el CNI después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia del procés.

La Generalitat de Cataluña ha solicitado personarse en la investigación dirigida por el juez Calama de la Audiencia Nacional como perjudicada, pero el instructor lo ha rechazado. Considera que no hay habilitación legislativa específica para que la personas jurídicas públicas, como es el caso de la Generalitat, puedan ejercer la acción popular, como solicitaron los representantes del Gobierno catalán.