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El Govern critica el doble rasero de la justicia en el 'caso Pegasus'

Pere Aragonès preside la reunión del gobierno catalán Rubén Moreno

«Ante hechos similares respuestas de la justicia diferentes cuando teóricamente procedimientos judiciales similares deberían recibir una respuesta similar». La portavoz del Govern, Patricia Plaja, expresaba así, este martes, el enfado del independentismo por la celeridad con la que la Audiencia Nacional está instruyendo el ‘caso Pegasus‘, frente al archivo de la causa en el caso de los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall.

No ha sido la única. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cree que a la vista está que hay «espiados de primera y de segunda», tras conocerse la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de levantar el secreto reforzado de la causa, citar como testigo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y ampliar la comisión rogatoria a Israel.

«Es más grave que te espíen si eres miembro del Gobierno que si eres de la Generalitat» concluía Plaja. Calama ha anunciado su intención de viajar a Israel para tomar declaración al CEO de NSO Group, la empresa responsable del programa Pegasus. Mientras, el titular del Juzgado 32, que instruye la causa en Barcelona, declaró su archivo provisional el pasado 30 de mayo.

El instructor considera que la causa está en un callejón sin salida un año después de que cursara una comisión rogatoria a Israel que no ha obtenido respuesta. Y de que haya sido imposible inspeccionar los móviles de Torrent y Maragall, los denunciantes, porque ya no tienen los terminales infectados según la investigación de Whatsapp. El abogado de los denunciantes, Andreu Van den Eyne, ha recurrido el archivo de la causa.

La Generalitat, excluida de la causa

Esta disparidad de criterios en las dos instrucciones es lo que ha llevado al independentismo, especialmente en el entorno de ERC, a denunciar ese «doble rasero». Desde la ANC o el PDeCat por su parte, exigen que esa comparecencia sirva también para aclarar el espionaje a dirigentes independentistas. Especialmente la cuarentena de infecciones denunciadas por Citizen Lab y no admitidas por el CNI.

El Govern denuncia además la negativa de la Audiencia Nacional a permitir que la Generalitat se persone en la causa sobre el espionaje a Pedro Sánchez y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Exteriores, Arancha González Laya.

Alud de querellas

Al margen de la querella presentada en 2020 por Torrent y Maragall, las dos primeras víctimas conocidas de Pegasus, los tribunales catalanes ha recibido un alud de querellas de personas presuntamente espiadas tras las revelaciones de Citizen Lab. Demandas que el independentismo quería agrupar en la causa ya abierta por el Juzgado 32, ahora archivada provisionalmente.

De hecho, sólo la querella presentada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por el espionaje a su ex presidenta, Elisenda Paluzie, ha sido asumida por el mismo juzgado. Sin embargo, el fiscal se ha opuesto a que se acumule a esa causa la demanda interpuesta por la CUP, por el espionaje a los diputados Albert Botran y Carles Riera. Esta querella ha sido adjudicada al Juzgado 22 de Barcelona.

La demanda interpuesta por ERC en nombre de Josep Maria Jové, y la eurodiputada Diana Riba -no de Oriol Junqueras, también espiado- está en el Juzgado 24. Y la de Òmnium, por el espionaje a su vicepresidente, Marcel Mauri y a Txell Bonet, la pareja de Jordi Cuixart, en el Juzgado 21.  

Comisión rogatoria a Israel e Irlanda

El titular del Juzgado 32 de Barcelona remitió en 2020 comisiones rogatorias a Israel e Irlanda para seguir el rastro del espionaje. Esta petición de información iba destinada a NSO Group, la compañía israelí que creó el software Pegasus, y a Facebook, con domicilio fiscal en Irlanda y propietaria de Whatsapp, aplicación que alertó del ataque informático que está en el origen de la investigación de Citizen Lab.

Israel no ha respondido. Sí lo hizo Irlanda. Desde principios de 2021 consta en la causa la respuesta de la comisión rogatoria enviada a Irlanda, en la que se indica que los datos informáticos solicitados -los registros de WhatsApp que acrediten el ataque de los móviles con Pegasus- están en Estados Unidos. El juez, sin embargo, no se ha dirigido a la central de Meta en Estados Unidos, critican los demandantes.

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