El expresidente de la Generalitat valenciana y ex ministro de Trabajo durante el Gobierno de José María Aznar, Eduardo Zaplana, ha recurrido el auto con el que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia puso fin a la investigación contra él en el caso Erial, dictando el auto de transformación a procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral.

La jueza ve indicios suficientes contra el ex político del Partido Popular por «dirigir» una presunta red de cobro de comisiones de empresas a las que favorecieron personas próximas a él a quien conocía por su condición de político.

Una supuesta red de favores que habrían permitido tanto a Zaplana como a una veintena de investigados en la causa «la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes [empresarios y cargos públicos] beneficios económicos» que, según los investigadores, habrían sido posteriormente objeto de blanqueo, según el auto de procesamiento. Zaplana fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en mayo de 2018 en el inicio de dicha causa, ingresó en la cárcel de Picassent de manera provisional y quedó en libertad por su estado de salud, puesto que padecía cáncer, siete meses después.

Su defensa ha presentado un recurso contra el auto de paso a procedimiento abreviado al que ha tenido acceso El Independiente en el que considera que la instrucción de la juez ha sido «netamente policial».

La defensa del expresidente valenciano, ejercida por el letrado Daniel Campos, considera en dicho escrito que «la instrucción desarrollada por este Juzgado ha consistido básicamente en unir a la causa las distintas investigaciones realizadas por la Guardia Civil, por propia iniciativa, que procedía a tomar las declaraciones que le parecía oportuno y sobre las líneas de investigación que dicha fuerza policial consideraba, sin atisbo de encomienda o control judicial y, por supuesto, sin permitir a las defensas intervenir en las mismas. De esta forma hemos asistido a una instrucción netamente policial en la que no ha existido otra iniciativa que la de la fuerza actuante». El abogado de Zaplana no ve «admisible» dicha «delegación de funciones judiciales», para lo que recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.

«Precipitado, desordenado y confuso»

La defensa del ex político alega indefensión porque no se le permitió acceder a la causa hasta que se habían formado ya distintos tomos de investigación basada en las pesquisas policiales: «Durante toda la instrucción de la causa, la representación ha tenido que aguardar silentes a que el Juzgado tuviera a bien dejarnos acceder a la investigación policial una vez esta estaba concluida y formaba ya varios tomos de los que se nos daba traslado, tras citación al efecto. Nunca supimos lo que la Guardia Civil estaba investigando, si le quedaban nuevos informes que presentar o declaraciones que tomar, salvo alguna filtración en prensa», se lee en el escrito presentado a la jueza.

En la investigación judicial se han visto indicios de que tanto él como sus personas de confianza cobraron mordidas millonarias de empresarios a quienes eligieron por elegir previamente para que fueran los adjudicatarios de concursos públicos tras la privatización de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y la ordenación territorial de parques eólicos.

En su escrito contra el fin de la investigación, la defensa de Zaplana reprocha que las declaraciones tomadas por la Guardia Civil a los investigados durante el secreto de las actuaciones «nunca fueron sometidas a contradicción». «De esta forma, tras una instrucción delegada en la Guardia Civil, en la que se ha vedado de hecho la intervención de los investigados y en la que se ha evitado practicar diligencias sobre los elementos esenciales de la imputación (las adjudicaciones de ITVs o del PECV o los beneficiarios de los fondos de las cuentas en el extranjero), se dicta un precipitado, desordenado y confuso auto de transformación, sin que existan otras ‘bases indiciarias0 para imputar a mi defendido que la declaración previamente pactada de Fernando Belhot y la mal llamada ‘hoja de ruta’; indicios que la Ilma. Sra. Instructora se ha negado a someter a contradicción señalando nueva declaración del Sr. Belhot o del Sr. Benavent una vez levantado el secreto», se lee en el escrito de defensa en alusión al abogado Fernando Belhot, a quien los investigadores sitúan como el presunto testaferro del político y a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa dependiente de la Diputación de Valencia denominado el ‘yonki del dinero’ que confesó sus supuestas corruptelas pero posteriormente aludió a presiones para hacerlo.