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Reformas para la "desjudicialización", la agenda de la mesa de diálogo

Sánchez recibe a Aragonés en La Moncloa.

Sánchez recibe a Aragonés en La Moncloa. EP

Gobierno y Generalitat reunirán esta semana la mesa de diálogo sobre el «conflicto catalán». Será el tercer encuentro con Pere Aragonès en la presidencia de la Generalitat, por primera vez sin los presidentes y una vez superada la crisis por el ‘Caso Pegasus’. Un encuentro que debe servir para cerrar ya acuerdos concretos, según insiste la número dos de Aragonès, Laura Vilagrà. Cuyo primer objetivo es hoy por hoy «avanzar en la agenda de la desjudicialización» en terminología republicana.

En otras palabras, más allá de la amnistía reclamada por Esquerra, imposible para el PSOE, avanzar en las reformas legales que eviten nuevos reveses judiciales al independentismo y faciliten la «normalización política» en Cataluña. Tres escenarios preocupan especialmente al independentismo: las posibles sanciones del Tribunal de Cuentas, el juicio pendiente del juzgado 13 de Barcelona a cuadros independentistas como los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó -y una treintena más-; y el imposible regreso de los fugados en 2017.

Sedición, Ley mordaza y Tribunal de Cuentas

En este contexto, tanto desde el PSOE como desde ERC, y sobre todo desde Podemos y los Comunes, hablan ya abiertamente de la reforma del Código Penal para revisar el delito de sedición y adecuarlo a las legislaciones europeas, vistos los problemas del Tribunal Supremo para que fuera admitido en las euroórdenes emitidas por el juez Pablo Llarena. Pero no es el único cambio legislativo a debate.

Sobre la mesa está también una reforma del Tribunal de Cuentas, para evitar que actúe como órgano sancionador antes incluso de emitir sentencia. Tanto sus sanciones previas como su condición de al margen del sistema judicial dan alas a sus detractores.

En el entorno de ERC se señala también la reclamada derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015 a propuesta del ahora cuestionado Jorge Fernández Díaz. Su especial protección a los cuerpos policiales y las sanciones contempladas a manifestantes o determinadas expresiones en redes públicas son la base de no pocos procesos contra activistas independentistas que solo hacen que engordar la «carpeta de la represión» que denuncian partidos y entidades secesionistas.

Malversación impropia

Un tercer elemento alimenta la negociación entre PSOE y ERC: la aplicación de la malversación impropia en las causas contra decenas de cuadros del independentismo pendientes de juicio en el juzgado 13 de Barcelona. La sala se centra en dilucidar si se malversó dinero público en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O.

Aquí entra el concepto de malversación impropia, que castiga al funcionario público que «diere a los caudales o efectos que administrase una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieran destinados». Un concepto que a su vez ha servido ya para condenar por malversación a los ex miembros del Govern juzgados por el Tribunal Supremo.

Fuentes socialistas apuntan al interés independentista por que la Abogacía del Estado adopte un perfil bajo causas pendientes como la del 13 de Barcelona. Pero eso no es garantía de absolución de los dirigentes encausados, ya que hay otras partes personadas, comenzando por la Fiscalía. Una revisión del delito de malversación sí allanaría muchos procesos judiciales.

Informe Cilevics

Oficialmente, los republicanos niegan haber puesto sobre la mesa ninguna reforma legal. Se limitan a apuntar que es el entorno del PSOE el que habla de la reforma de sedición y se remiten al Informe Cilevics, elaborado por el socialista letón Boris Cilevics y aprobado por la asamblea del Consejo de Europa, en el que se cuestionan el juicio y la sentencia del procés y se reclama a España la reforma del delito de sedición.

Pero en privado reconocen que la aprobación de una ley de amnistía, como reclaman, es imposible para el PSOE. Y que lo más viable es la búsqueda de reformas legales que permitan limitar los costes judiciales del procés para rebajar la tensión y, sobre todo, la presión de los sectores duros del independentismo contra un retorno al autonomismo.

«Ha habido reuniones que crean un marco más favorable con compromisos que nos permiten volver a celebrar mesa de negociación, ahora que empiecen pasos, por pequeños que sean q nos permitan avanzar», apuntaba este lunes la portavoz de ERC, Marta Vilalta. «Especialmente en la carpeta antirrepresiva, porque es el paso previo para poder entrar en el fondo del conflicto». La reclamación de un referéndum, al que Esquerra asegura que no ha renunciado.

En términos similares se expresaba la consejera Laura Vilagrà, contraparte de Félix Bolaños en las negociaciones previas para reconducir la relación entre Gobierno y Generalitat. En Catalunya Ràdio Vilagrà apuntaba a «avances en la desjudicialización y a los «cambios normativos» que afiancen esa vía.

Ley de amnistía

«Lo que quiere ERC es una ley de amnistía y se concrete resolución del conflicto mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación» insistía Vilalta al ser preguntada por las reformas legales que allanarían el camino del entendimiento entre PSOE y Esquerra. Y apunta en este sentido a la moción de ERC aprobada la semana pasada por el Parlament en la que se aboga por aprobar una ley de amnistía en la cámara autonómica.

El texto serviría para llevar de nuevo la propuesta al Congreso, que ya rechazó una iniciativa similar de ERC con la oposición de los partidos mayoritarios. Lo que más interesa a los republicanos, sin embargo, es que la moción fue votada por JxCat y la CUP. Dos partidos que repudian su negociación con los socialistas.

El presidente del partido, Oriol Junqueras, también defendía la ley de amnistía este fin de semana. Pero aboga porque la mesa de diálogo aborde «todo aquello que sirva para corregir todas las injusticias que tanta gente de este país ha sufrido, sufre y, todo parece indicar, que sufrirá si no se toman medidas para corregirlo».

Junqueras reclama la reforma de la sedición

En este contexto, Junqueras acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer reformar el delito de sedición por «razones políticas». En una entrevista de Europa Press, rechazó el argumento del Gobierno, que no exista una mayoría suficiente para reformar el delito de sedición. «No es una cuestión de opinión o creencia, es una obviedad matemática. Estamos a favor de las matemáticas y la ciencia en general».

«Si no hay una razón matemática, es evidente que la razón es puramente política. No se me ocurre otra manera alternativa de verlo. Si las matemáticas nos dan la razón, es evidente que aquel que quiera negarlo no lo hace por razones matemáticas y sí por razones políticas», ha argumentado.

Al preguntarle si la reforma del delito de sedición podría facilitar la vuelta de los «exiliados», ha asegurado que no sería suficiente porque sobre algunos de ellos recae un delito de rebelión, como es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Los Comunes piden avances

También los Comunes abogan por la reforma del delito de sedición. Lo hizo muy en primera instancia su portavoz en el Congreso, Jaume Asens. Y lo ha repetido este lunes el portavoz del partido, Joan Mena. El morado ha repartido responsabilidades entre socialistas y republicanos, recordando que su partido lleva «años abanderando en solitario».

«Pedimos explícitamente a ERC y al PSC que salgan de una vez por todas de su zona de confort y acepten una propuesta que ellos mismos saben que es la mejor para continuar avanzando en la desjudicialización del conflicto de la que tanto hablamos, pero que parece que solo En Comú es capaz de concretar», lamentó.

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