Laura Borràs, durante su intervencion ante la prensa para explicar que no piensa dimitir
El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Ramos Rubio, ha dictado la apertura de juicio oral contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
En un auto dictado este martes, el magistrado considera que en este momento ya hay "una base indiciaria seria y consistente" para sentar en el banquillo a la política independentista por supuestamente fraccionar contratos durante su etapa como directora del Instituto de las Letras Catalanas (ILC) para conceder distintos contratos a un amigo, Isaías H.F. -contra el que la Fiscalía también formuló acusación- para evitar pasar por concurso público y favorecerle reiteradamente.
El Ministerio Público solicitó el pasado 14 de julio la apertura de juicio oral contra Borràs por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental concurriendo en ella el agravante de prevalimiento de cargo público respecto al segundo delito.
Este lunes, en su auto, el magistrado ve indicios de que pudo realizar las acciones que le imputa el Ministerio Fiscal. En concreto, que "actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito, acordaron que la remuneración de los trabajos informáticos" de Isaías H.F. "se haría a través de la contratación administrativa, fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores (de importe no superior a 18.000 euros sin IVA) que de manera recurrente la acusada, en su calidad de directora de la ILC, adjudicara al acusado directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas, con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente y siendo plenamente conscientes que en su manera de actuar infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa".
Consecuencias políticas
Borràs ha recibido la noticia durante la reunión de la Mesa del Parlament, que sigue reunida en una sesión maratoniana. Según el reglamento de la cámara autonómica, cualquier diputado al que se abra juicio oral por delitos de corrupción debe ser suspendido de forma automática por la Mesa. Es el caso de Borràs, acusada de prevaricación.
La presidenta del Parlament y de Junts se ha resistido hasta ahora a las presiones de ERC y la CUP, junto al resto del arco político, para que renuncie. Ahora deberán ser republicanos y antisistema quienes determinen el futuro de Borràs. En los últimos días, la líder de Junts ha abierto la puerta a aceptar la suspensión a condición de que no se nombre a un nuevo presidente del Parlament.
Solo se puede producir una nueva votación para escoger a otro presidente si Borràs renuncia, según el reglamento. Que establece que sus funciones pueden ser ejercidas por cualquiera de los dos vicepresidentes. En este caso, la republicana Alba Vergés o la socialista Assumpta Escarp.
Pero en ese caso JxCat perdería la presidencia de la cámara, que le corresponde en virtud del pacto de investidura con Esquerra. La única fórmula para que Junts conserve la presidencia es la renuncia de Borràs, la presidenta del partido.
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