Hoy se va a celebrar la reunión que habría tenido que tener lugar antes de que el Gobierno, en una de sus decisiones precipitadas y sin consulta de ninguna clase a las que nos tiene acostumbrados, nos informara en el último consejo de ministros del curso que en el plazo de 10 días las comunidades autónomas tendrían que aplicar determinadas medidas de ahorro energético.

A saber: la refrigeración de estos edificios no se podrá poner por debajo de los 27 grados centígrados ni la calefacción por encima de los 19. Las puertas de acceso a los locales tendrán cierres automáticos y las luces de los escaparates se apagarán a las 10 de la noche. Además, los inmuebles tendrán que hacer una revisión extraordinaria de sus calderas e instalaciones térmicas antes del 31 de diciembre de 2022, si la última la hicieron antes del 1 de enero de 2021.

Pero, como han explicado distintas fuentes autonómicas, el real decreto-ley aprobado el lunes excede con mucho a la Administración Pública ya que las medidas de ahorro energético afectan a la iniciativa empresarial, al sector comercial, establecimientos de espectáculos y otros lugares abiertos al público.

Por eso es imprescindible esta reunión pero no puede ser la única que se convoque a menos que lo que la ministra de Transición Ecológica pretenda sea que los 17 gobiernos autonómicos, más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla actúen por el procedimiento del ordeno y mando e impongan a todos esos sectores las medidas que no han sido ni consensuadas y ni siquiera consultadas con ellos.

Ya se han hecho las primeras precisiones según las cuales cuando se desarrolle un trabajo físico que conlleva cierto esfuerzo, es el caso de los camareros de un bar o un restaurante, la temperatura de 27 grados podrá reducirse hasta los 25. Porque como muy bien ha dicho la propia ministra “no es lo mismo un bar que una librería”.

Y son precisamente esos muy relevantes matices los que habrá que abordar por parte de los gobiernos autonómicos cuando tengan que reunirse con el sector del comercio, con el sector del espectáculo y con el resto de sectores que se van a ver implicados en esta limitación de las temperaturas que a unos les resultará indiferente aplicar mientras que a otros les puede complicar extraordinariamente la existencia.

Los gobiernos autonómicos no están únicamente para que el Gobierno central les aplique el término de “cogobernanza” cuando al Gobierno le interese o le convenga. Están para trasladar a sus respectivas comunidades, y éste es el caso, las medidas que les van a afectar de una manera determinante.

Del mismo modo, teniendo en cuenta las diferencias de clima que se dan en España, no es posible regular del mismo modo unas temperaturas en Lugo que en Almería porque aunque pertenezcan a un mismo país, son de naturaleza y clima muy diferentes. Eso también deberá ser establecido por el Gobierno en la reunión de hoy, reunión que creo que deberá repetirse tantas veces cuantas sea necesario.

Y algo que tampoco está claro es en manos de quién deberán estar las multas que se impongan ni por parte de quién deberán ser impuestas. Esa es una cuestión de la máxima importancia.

Porque una cosa es que las leyes, que aunque parezcan injustas, deben ser acatadas y cumplidas y otra muy distinta es que no deban ser consensuadas habida cuenta de que en este caso afectan en muy distinta manera a los territorios y a los sectores implicados, que son muchos.

De modo que la de hoy es una reunión tardía pero imprescindible.