Querella contra diez jefes de ETA por provocar "expulsiones forzosas" de Euskadi

La asociación Dignidad y Justicia ha presentado una querella contra 10 dirigentes de ETA para que sean investigados como "auténticos autores" detrás del asesinato del concejal de PP en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza, a quien ha señalado como "una de las numerosas víctimas" de la "política de expulsiones forzadas del País Vasco dirigida por la zuba -el máximo órgano de dirección de ETA- bajo amenaza de muerte".

En concreto, la querella se dirige contra Ignacio Gracia, alias Iñaki de Rentería; Javier García Gaztelu, alias 'Txapote'; Juan Antonio Olarra, alias 'Juanvi'; Ainhoa Mugica, alias 'Olga'; Asier Oyarzabal, alias 'Baltza'; Juan Carlos Iglesias, alias 'Gadafi'; Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, alias 'Willy'; Ramón Sagarzazu, alias 'Ramontxo'; y Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', a los que sitúa en "el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización".

La asociación ha presentado los 247 folios, a los que ha tenido acceso Europa Press, ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional para pedir que investigue no solo el asesinato, uno de los crímenes de ETA que siguen sin resolver, sino también las presuntas coacciones y amenazas terroristas contra Pedrosa Urquiza como parte de "la más amplia política de expulsión forzada de entre 60.000 y 200.000" personas del País Vasco.

Pedrosa Urquiza fue asesinado el 4 de junio de 2000, cuando se encontraba de regreso a su domicilio. "Un miembro de ETA se le acercó por detrás (...) y efectuó un disparo en la nuca que le causó la muerte de forma casi instantánea. Un segundo miembro de ETA tampoco identificado recogió a su vez rápidamente en un vehículo a dicho autor material y ambos se dieron a la fuga", ha recordado la asociación.

Dignidad y Justicia ha subrayado que "ETA reivindicó ex post en todo momento el atentado de Durango contra Pedrosa Urquiza", lo que, a su juicio, "permite inferir igualmente que en ningún modo existió contraorden alguna por parte de ninguno" de los dirigentes contra los que ahora presenta querella. Se trata de uno de los 379 crímenes de la organización que aún están sin resolver.

"Cacería en el País Vasco"

Así, la asociación ha asegurado que el "intento de expulsión forzada" se insertaba en "una larga y muy extensa política que zuba a zuba habían venido perpetuando desde finales del año 77" y que ello fue "determinante" en el asesinato del concejal.

En este sentido, ha defendido que el miembro del PP fue "asesinado selectivamente" ante su "singular resistencia cívica y heroica de huir de Durango". Para Dignidad y Justicia, la muerte de Pedrosa Urquiza fue consecuencia "directa" de su resistencia ante dicha política de expulsión y pasó a ser un "monstruoso crimen instrumental, ejemplificante, lenitivo, para otros a los que se les pudiera ocurrir resistirse".

La asociación ha insistido en que hasta ahora la "expulsión forzada" de parte de la población de País Vasco no ha contado con una "investigación judicial con todas las garantías". "Continúa faltando la investigación judicial y pruebas vitales como los informes y peritajes de policía judicial específicos" sobre esta actuación de ETA.

Así las cosas, ha subrayado la "fría secuencia de hechos" que "muestra" como 'Iñaki de Rentería' y Olarra Guridi "fueron presuntamente los grandes perseguidores de los hombres y mujeres del Partido Popular, a los que persiguieron y acosaron sin piedad, a los que enviaron asesinos a matarlos junto a sus propios familiares, en las mismas puertas de sus casas". "¿Cómo es posible que ambos aún no hayan sido investigados por nuestro Estado de Derecho como los dirigentes y auténticos autores detrás del autor de toda esa auténtica "cacería" de seres humanos inocentes? ¿Cómo puede tolerarse, sin más, toda esa impunidad?", ha señalado la asociación en su querella.

Parlamento europeo

Desde Dignidad y Justicia han destacado "los casi 40 comunicados de la expulsión de ETA" que han podido localizar en relación a casi "50 asesinatos ejemplificantes" de lo que les sucede a quienes se resistían a la política de la organización terrorista.

En el marco de la querella, Dignidad y Justicia se ha amparado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que contempla la "autoría mediata por dominio de los aparatos organizados de poder", para reclamar a la Audiencia Nacional que admita su petición e investigue el asesinato del concejal popular.

A su vez, ha hecho referencia a casos internacionales en los que se ha aplicado: el caso de los 136 asesinatos impunes por los tiradores fungibles del Muro de Berlín y la condena al líder del Sendero Luminoso en Perú.

Desde la asociación han recordado el Informe del Parlamento Europeo, firmado el pasado abril, en el que se recomienda a España "agotar las vías interpretativas del Código Penal ante la gran situación de impunidad de asesinatos de ciudadanos europeos" y perseguir todos los crímenes de ETA también perpetrados antes de 2004, como es el caso de Pedrosa Urquiza.