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Interior adjudica un contrato a Indra tras excluir otra oferta más barata por baja anormal

La multinacional volverá a encargarse de los servicios relativos a las elecciones al Consejo de Policía del próximo año por 424.710 euros | Alisys Digital SLU se ofrecía a ejecutar el contrato por un 36,5 % menos pero su oferta generaba dudas

Fachada de la sede de Indra en Madrid.

Fachada de la sede de Indra en Madrid. EP

El Ministerio del Interior ha adjudicado a una filial de Indra los servicios relativos al proceso electoral para la elección de representantes al Consejo de Policía que se llevará a cabo a mediados de 2023 tras excluir una oferta más económica por «desproporcionada» y no haber acreditado «suficientemente» ese competidor algunos de los costes que necesariamente conllevaría la ejecución del encargo.

La propuesta de la empresa Alisys Digital SLU sacó casi diez puntos a la de Indra Soluciones Tecnologías de la Información SLU (79,08 frente a 69,25) tras la valoración técnica y económica. La diferencia se cimentó en el precio ofertado por una y otra (223.140,50 euros frente a 351.000, más impuestos), el criterio con más peso en la selección (50 puntos). En el apartado técnico, la de Indra obtuvo mayor evaluación.

Dado que la oferta de Alisys era más de un 20 % inferior a la otra presentada, incurriendo en baja desproporcionada, la Dirección General de la Policía pidió un informe justificativo a dicha empresa con el desglose de sus costes «a fin de determinar la viabilidad». De los 223.140 euros con los que se ofrecía a ejecutar el contrato, más de la mitad -exactamente 124.573 euros- correspondían a gastos de personal, seguido de los servicios subcontratados (94.150 euros) y el alquiler de servidores (4.417,50 euros). En software libre no preveía gasto.

La respuesta no convenció a la Jefatura del Área de Informática de la Policía, que días después emitió un informe en el que concluía que dicha licitadora no había acreditado de forma suficiente los costes, por lo que proponía a la Mesa de Contratación la exclusión de la propuesta de Alisys y la adjudicación del encargo a la filial de la multinacional española de consultoría y tecnología en la que el Estado tiene el 25 % del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La intención del Gobierno es alcanzar un máximo del 28 %, según informó Moncloa el pasado mes de febrero tras autorizar el Consejo de Ministro la compra de acciones para elevar la participación en el grupo tecnológico.

Voto por correo

En concreto, al Cuerpo Nacional le generaba dudas la gestión del soporte del software libre ofertado, según se lee en el informe. «Con especial énfasis en las adaptaciones necesarias en la plataforma Helios Voting para dar respuesta a los servicios demandados, incluyendo la generación de toda la documentación necesaria, la formación del personal técnico policial, el soporte técnico el día de la votación en todo el territorio nacional, así como la revisión del proceso durante dos meses tras la celebración de las elecciones», argumentó.

La Policía entendía que tampoco estaba «suficientemente descrito» el presupuesto asignado a la gestión del voto por correo (11.500 euros, más impuestos), tarea que Alisys subcontrataría a Dara SL. «Se considera que el subsistema de voto por correo y su complejidad, dada la gran dispersión territorial de la Policía Nacional, no está suficientemente bien considerado en el presupuesto asignado. No se pueden hacer presunciones sobre el número de votos que se emitirán por correo dado que dependerá en buena medida de las necesidades de los servicios operativos, por lo que este subsistema no está correctamente dimensionado en cuanto a coste en el presupuesto presentado por el oferente», resolvió.

La rival de Indra se ofrecía a prestar el servicio por un 36,5 % menos, pero su oferta generó dudas

De esta forma, la División Económica y Técnica acordó el pasado 28 de julio adjudicar el contrato a Indra, formalizándose el encargo a mediados de septiembre. Esta empresa fue la que ejecutó dicho servicio con motivo de las elecciones al Consejo de Policía celebradas en 2019. Entonces se le encargó la prestación a cambio de 413.821,94 euros, 10.888,06 euros menos que ahora (424.710 euros, IVA incluido).

El Consejo de Policía es el órgano colegiado de participación que tiene entre sus funciones la determinación de las condiciones de trabajo y la mediación y conciliación ante eventuales conflictos colectivos. Las elecciones se celebran cada cuatro años y, en función de los resultados, cada sindicato obtiene un número de vocales -lo que da derecho a su vez a eximir del servicio a otros funcionarios para que puedan dedicarse a la actividad sindical- y la subvención que recibe del Ministerio del Interior.

El proceso electoral se desarrolla mediante un sistema de votación electrónica a través de la intranet de la Policía. La empresa contratista se debe encargar también de la gestión y recuento del voto por correo, integrando en el escrutinio final las papeletas emitidas en ambas modalidades. «Se pretende que este procedimiento electoral sea un mecanismo ágil y sencillo compatible con la dispersión territorial de los miembros del Cuerpo, facilitándose así la votación en los casos de desplazamiento o cambio de destino, incluido el extranjero, y que cumpla a la vez con las necesarias garantías de confidencialidad en la votación, integridad, seguridad del contenido, y facilidad en el ejercicio del derecho al voto», resalta la Dirección General en la memoria justificativa.

800 puntos de votación

Para los comicios con los que los funcionarios del Cuerpo Nacional eligieron en 2019 a sus representantes para los siguientes cuatro años se habilitaron un total de 799 puntos de votación en 248 dependencias policiales de todo el país. En dicha ocasión, votaron 50.120 de los 68.534 electores que integraban el censo, lo que suponía un 73,13 % (cinco puntos menos que en 2015).

En dicho proceso arrasó Justicia Policial (Jupol), que concurría por primera vez. El sindicato surgido de la plataforma Jusapol -constituida dos años antes para reivindicar la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los cuerpos autonómicos- logró ocho de los 14 vocales en liza (seis en la escala básica, uno en la de subinspección y otro en la ejecutiva), convirtiéndose en la primera fuerza en detrimento del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Esta organización y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) obtuvieron dos cada uno, completando el reparto la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) con uno cada una.

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