España

Policías piden dejar de expedir DNI para dedicarse a labores operativas

La CEP critica que hayan sido apartados de sus destinos 52 de los últimos agentes incorporados en Cataluña para desempeñar de forma forzosa estas tareas: "Si hubieran querido ser administrativos habrían opositado a otros puestos de trabajo"

Un policía nacional, en labores de expedición del DNI en una de las oficinas habilitadas para ello.

Un policía nacional, en labores de expedición del DNI en una de las oficinas habilitadas para ello.

La Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña reclama al Ministerio de Hacienda y Función Pública que contrate personal interino a fin de que los agentes que fueron retirados de sus destinos para que se dedicaran a la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) dejen ya estas labores y puedan desempeñar funciones operativas. Esta comunidad no es una excepción; la situación se repite en el resto del país por falta de personal.

El sindicato recuerda que, hace dos años, se empezó a mandar a agentes con plaza en el aeropuerto de Barcelona a diversas localidades de la provincia -como Mataró, Sant Cugat, Vic o Vilanova i la Geltrú- para despachar documentos de identidad, percibiendo por ello unos 800 euros más al mes. «¿Cuánto le está costando a un ciudadano catalán la expedición de su documentación? La gestión de los recursos humanos y económicos no se está optimizando bien; por el sueldo de un policía se podrían contratar dos auxiliares», denuncia la secretaria regional de la CEP en Cataluña, Rocío Caballero.

Esas comisiones de servicio cesaron el pasado mes de junio, asignando la Jefatura Superior de forma forzosa a estas tareas a partir de entonces a una parte de los últimos funcionarios en incorporarse a sus plazas «por necesidad del servicio». Según Caballero, sólo en la ciudad de Barcelona se ha desplazado a 52 agentes de sus destinos -33 de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera, 11 de la Brigada Provincial de Seguridad y Protección, siete del puesto fronterizo del puerto y un voluntario- para realizar labores de documentación.

«Según nos informó la Jefatura Superior, el personal asignado ha sido el mínimo imprescindible. Pero es que el mínimo debería ser ninguno. En Tarragona, Lérida y Gerona también se ha llevado a cabo esta práctica, a menor escala por el volumen de policías que hay destinados en estas provincias», añade.

De esta forma, la representante de la CEP censura que se esté supliendo a funcionarios y personal laboral de los cuerpos generales -130 de las 281 plazas que hay en la capital catalana están «desocupados», según los datos de este sindicato- con policías de reciente incorporación, que se ven así «frustrados» profesionalmente. «Si hubieran querido ser administrativos habrían opositado a otros puestos de trabajo», zanja.

Si hubieran querido ser administrativos habrían opositado a otros puestos de trabajo», dice la CEP

Además de prestar un servicio que no deseaban, el sindicato advierte de que esta situación está generando otros dos problemas. De un lado, la dificultad para conciliar la vida laboral y personal, dado que el trabajo se desarrolla en turnos fijos de lunes a viernes y ello limita las opciones de cambios y compensaciones horarias. Y, de otro, que dejan de cobrar la productividad funcional como personal operativo para percibir la productividad de gestión, lo que les genera una merma de unos 120 euros mensuales.

«¿Hasta cuándo vamos a permitir esta práctica? La función policial cada vez es más limitada en esta comunidad autónoma, y no por falta de ganas, sino porque se está supliendo la labor policial operativa por puestos de gestión que no tendría que hacer un policía», sostiene esta organización sindical, que alerta de que esta situación está provocando que a algunas brigadas les falte personal para llevar a cabo su trabajo.

La CEP considera que la decisión de enviar a oficinas de documentación a agentes recién incorporados a su primer destino tras completar su formación práctica acentúa el hecho de que Cataluña se haya convertido en «una plantilla de castigo», lo que se viene evidenciando en los últimos años con la desbandada de agentes destinados en esta comunidad que piden plaza en otros puntos del país en los concursos de traslado y la escasa demanda para servir en esta región.

En este sentido, los sindicatos representativos en el Consejo de Policía vienen demandando -sin éxito por ahora- que el Ministerio del Interior declare Cataluña como Zona de Especial Singularidad (ZES), lo que conllevaría incentivos económicos y sociales que ayudarían a que esta comunidad no fuera un destino de paso y pudieran arraigar las plantillas.

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