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Anticorrupción pide 19 años de prisión para Zaplana por el caso de las ITV

El exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana califica la instrucción de "inquisitorial" y espera que "en el juicio se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y me han sido vedadas"

Eduardo Zaplana, en los juzgados.

Eduardo Zaplana, en los juzgados. EFE

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras catorce personas, en una operativa de supuestas mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.

Conocido el escrito de la Fiscalía, Zaplana ha mostrado su «más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan», ha afirmado a El Independiente.

Según el auto de procesamiento de la causa, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que, aprovechándose algunas de ellas de los cargos políticos que tenían o habían tenido, a lo largo de los años junto a varias empresas ya existentes o creadas ex profeso, y ayudadas por empresarios, facilitaron la obtención de contratos públicos; todas las partes lograron beneficios económicos que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos.

Los presuntos delitos que cita el auto son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, y como presuntos autores apunta a una veintena de personas, entre ellas Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens (testaferro), los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà, el también expresident de la Generalitat y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los investigados, «dirigidos por» Zaplana, según la instructora Isabel Rodríguez, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.

La investigación judicial ve indicios de que se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete con Zaplana en la Generalitat, Mitsuko Flerida, su secretaria personal, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo SEDESA -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino -expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía-, usando sociedades como Asedes Capital.

Él califica la instrucción de «inquisitorial»

En el mismo comunicado en reacción al escrito de acusación dirigido a este diario, Zaplana califica la instrucción de «inquisitorial». «Una vez visto el escrito de acusación del Fiscal, muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan. Al menos, el Fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales. Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vedadas», afirma.

Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.

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