España

Prisiones compra cámaras para explorar a distancia a reclusos por falta de médicos

Sindicatos critican que Interior recurra a la teleasistencia en vez de avanzar en la transferencia de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas | Más de la mitad de las plazas de facultativos está hoy sin cubrir

Un autobús de la Guardia Civil entra en las instalaciones del centro penitenciario Madrid IV, en Navalcarnero (Madrid).

Un autobús de la Guardia Civil entra en el centro penitenciario Madrid IV, en Navalcarnero (Madrid). EP

El Ministerio del Interior ultima la compra de un lote de cámaras para que se pueda llevar a cabo a distancia la exploración clínica de reclusos internados en aquellas prisiones que carecen de médicos, al menos durante una parte del día. Los sindicatos ya se han manifestado en contra de este servicio de teleasistencia y han acudido al Defensor del Pueblo, al entender que se pueden estar violando derechos fundamentales.

Con un presupuesto máximo de 31.581 euros (impuestos incluidos), la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pretende adquirir 12 cámaras de visualización de alta resolución robotizada y otras tantas de exploración clínica portátil, así como altavoces con micrófono para videoconferencia y cableado USB. En caso de que las licitadoras ofrecieran el suministro por menos dinero del calculado, el importe de la baja se emplearía en el encargo de más unidades.

En la memoria justificativa, la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria reconoce que «no se puede garantizar la cobertura de prestación del servicio sanitario las 24 horas al día» por el déficit de profesionales existente en algunas prisiones, por lo que aboga por la «teleconsulta» con facultativos de otros centros como alternativa para atender esa «necesidad asistencial».

Desde hace años, Instituciones Penitenciarias tiene un serio problema con la cobertura de vacantes de su personal facultativo, ya que los procesos de selección que convoca suelen culminarse sin que se asignen todas las plazas en liza. Una de las principales causas que señalan los sindicatos es la baja retribución económica, circunstancia que provoca que no haya demasiado demanda para ingresar en el cuerpo de facultativos.

A ello se suma que no avanzan las transferencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, en contra de lo que establece la disposición adicional sexta de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. La integración debería haberse hecho efectiva a finales de noviembre de 2004 -al cumplirse 18 meses desde la entrada en vigor de la citada norma- y hasta la fecha sólo se ha materializado en las dos comunidades que gestionan las cárceles en sus territorios (Cataluña y el País Vasco) y Navarra.

Guardias telemáticas

Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que estaba vigente en junio, de las 536 plazas existente en los servicios médicos, 315 estaban sin cubrir (un 58,7 %). En el centro penitenciario de Valencia faltaban 18 de 22 y 7 de 9 en A Teixeiro (A Coruña), Dueñas (Palencia) y Tenerife II, entre otros casos en los que el déficit es notable. Ocaña I (Toledo), por su parte, tenía cubierta la jefatura pero faltaban los cuatro médicos de plantilla.

En este contexto, la Administración implantó en noviembre de 2021 un proyecto piloto de guardias telemáticas de apoyo con profesionales de Instituciones Penitenciarias consistente en la asistencia médica a los internos en remoto. Uno de los seis objetivos específicos de ese plan era establecer un «pool de médicos» dentro de la institución que, «al margen de su actividad en el centro de origen, permita la cobertura de guardias a nivel intercentros». Cada una tiene una duración máxima de 12 horas y es retribuida como la de carácter presencial.

Más de las mitad de las plazas de médicos en los centros penitenciarios están hoy sin cubrir

La aplicación de la telemedicina llevó el pasado 30 de junio a la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo por la posible violación de derechos fundamentales que puede provocar este sistema. El Alto Comisionado de las Cortes Generales la admitió a trámite el pasado mes de agosto, pero aún no ha emitido su respuesta. 

«Son muchos centros los que carecen de médicos para atender las necesidades diarias o para hacer las guardias, lo que nos lleva a encontrarnos muchos días sin presencia de médicos en los centros. Podemos encontramos ante un problema médico-legal si la Administración pretende que otros profesionales sanitarios asuman decisiones que son competencia exclusiva de los facultativos. El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades son competencia exclusiva del médico, no estando otros profesionales capacitados para decidir qué situaciones son de urgencia vital o precisan ser trasladados al hospital para exploraciones complementarias», denunció el presidente de Acaip, José Ramón López, en un escrito enviado el pasado 9 de agosto al director general de Ejecución Penal y Reinserción Social.

«Sangría de jubilaciones»

En esta línea incide el coordinador nacional de sanidad penitenciaria de CSIF-Prisiones, Francisco Amaya. Éste denuncia que el sistema implantado por Interior «carga de responsabilidad» al personal de enfermería, que «no es valorado» por la Administración. «Nos parece humillante el trato que se le da a los/las enfermeras de prisiones, al quedar relegados a meros ‘sujetadores de móvil’ para transmitir las imágenes al médico que estaría en su domicilio», denuncia Amaya, que se pregunta si la Agencia de Protección de Datos considerará salvaguardadas las garantías de los internos con este sistema.

Lejos de mejorar, Acaip advertía de que el problema derivado de la falta de médicos iba a «empeorar» por el hecho de que un gran número de facultativos se jubilará «en un periodo de tiempo reducido». «No podemos admitir que la solución sea la generada por esta Administración, porque la telemedicina en el medio penitenciario está abocada al fracaso», añadió.

A juicio de CSIF, la solución para atraer facultativos a las cárceles y amortiguar la «sangría de jubilaciones» pasa por la equiparación salarial con la medicina extrapenitenciaria, incentivar mediante formación y condiciones laborales a las comunidades autónomas e incorporar a interinos que cubran las vacantes.

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