El fracaso del enésimo intento de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja los propios males del sistema de elección, profetizados en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que lo avaló (en el pecado lleva la penitencia), al indicar que «se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la Norma Constitucional si las Cámaras, (…) distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos políticos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos».

Dicho y hecho. Se puede decir, sin remilgos, que los partidos políticos han pervertido el sistema para convertir el CGPJ en una agencia de colocación de los suyos. No es una cuestión de falta de independencia objetiva del vocal colocado por un partido político, sino de ausencia de apariencia de independencia. Y esto, por las labores encomendadas al órgano de gobierno de los jueces, hace quebrar el sistema de elección y los propios cimientos del Estado de Derecho.

Como sostiene D. Fernando Vallespín (Madrid, 1954), catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, «en las sociedades de ganadores y perdedores, los conflictos antagónicos son casi inevitables».

El actual marco parlamentario se ha imbuido de la fisonomía propia de los partidos políticos, y los diputados y senadores parecen haber perdido su libertad de escaño frente a la disciplina de voto

El actual marco parlamentario se ha imbuido de la fisonomía propia de los partidos políticos, y los diputados y senadores parecen haber perdido su libertad de escaño frente a la disciplina de voto. ¿Dónde queda la vigencia de los artículos 67.2 y 79.3 de la Constitución, por los que se prohíbe el mandato imperativo a los parlamentarios y se proclama el carácter personal e indelegable de su voto?

En estos momentos de penumbra se hace más necesario que nunca exhortar a los miembros de las Cortes Generales a que realicen un acto de valentía y de inevitable responsabilidad para cumplir con su mandato constitucional y procedan a designar a los vocales del CGPJ. Porque conforme al artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es a las Cortes, y no a los partidos políticos, a las que les compete, en exclusiva, renovar al órgano.

Las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, obligadas a adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo, están haciendo una patente dejación de funciones sin que, a día de hoy, tras cuatro años de retraso, se hayan dado explicaciones razonables a tal dilación. Es más, ni siquiera se han convocado los Plenos para tales fines. Las eventuales dificultades para la conformación de las mayorías cualificadas solamente son un obstáculo en la visión partidista de nuestro tiempo, teñido de confrontación y sin espacio para el acuerdo con quien piensa diferente. Pero las Cortes Generales están obligadas a intentarlo. Y que la ciudadanía compruebe, con sus propios ojos, si los últimos suspiros de nuestra concordia nos han abandonado para siempre.

Los seis candidatos avalados por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria se han rebelado ante la inactividad de las cámaras legislativas y, ante la falta de amparo de nuestro Tribunal Constitucional, han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho Tribunal tiene una oportunidad histórica para pronunciarse sobre la cuestión.

En esta dramática tesitura debe procederse a la renovación inmediata del CGPJ conforme al actual sistema de elección parlamentaria. Un proceso de selección de los vocales de origen judicial en la que diputados y senadores sean un ejemplo de la libertad de escaño proclamada en nuestra Constitución y puedan votar en conciencia. En la que se valoren los currículum de los candidatos, su idoneidad y solvencia jurídica, dejando atrás las adscripciones ideológicas que tanto han emponzoñado el órgano de gobierno de los jueces.

La inmensa mayoría de las más de 5.000 juezas y jueces que viven abochornados por las circunstancias que rodean esta renovación del CGPJ abogamos por una modificación del sistema de elección actual

Como dijo D. Mariano Bacigalupo (Buenos Aires, 1968) «la competencia profesional y la reputación contrastada de las personas elegidas son la mejor manera de embridar la influencia inevitable de los sesgos ideológicos». Pero no podemos quedarnos en la renovación. El problema seguiría persistiendo en las siguientes renovaciones. La inmensa mayoría de las más de 5.000 juezas y jueces que viven abochornados por las circunstancias que rodean esta renovación del CGPJ abogamos por una modificación del sistema de elección actual, que permita que los doce vocales de origen judicial sean elegidos por los miembros de la carrera judicial. En este sentido se ha expresado Europa en numerosas ocasiones.

El cambio de sistema no significaría ni un triunfo ni un fracaso para ningún partido político (básicamente porque los dos partidos políticos principales de este país en algún momento de la última década han apostado por la modificación) y tendrían en su mano el diseño de un sistema de elección que permita una adecuada representación de la carrera judicial, atendiendo a su pluralismo y evitando transformar el actual sistema de reparto de cromos de tintes políticos en uno de naturaleza asociativa.

Debo confesar que me quedan pocos adjetivos para describir la caótica situación en la que nos encontramos. Y no sé cómo avivar las conciencias de nuestros parlamentarios para que, de una vez por todas, tomen cartas en el asunto. En esta etapa de profunda oscuridad solamente nos queda Europa, que nos observa mientras vamos bailando hacia el abismo. Allí donde las consecuencias serán incorregibles para la democracia en general y la independencia judicial en particular.

*Sergio Oliva Parrilla es miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).