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ERC se impone silencio sobre la malversación, pero mantiene la presión

Pere Aragonés y Oriol Junqueras EFE

Un manto de silencio cubre la reforma del delito de malversación que ERC le reclama al PSOE. Tras un inicio esperanzador -para los republicanos- del debate, los recelos tanto en las filas del PSOE como en las de Podemos han frenado el entusiasmo y las declaraciones. Lo que no implica renuncia. Los republicanos buscan el resquicio que permita exonerar a los procesados por el 1-O sin convertirlo en un coladero en otros casos de corrupción. Y creen haberlo encontrado con el concepto de «gastos no ejecutados» aplicable a algunas de las partidas investigadas por la justicia tras el referéndum ilegal.

La crisis abierta en por la aplicación de la ley del sí es sí ha permitido a los republicanos alejar este debate del foco mediático pero la revisión del delito de malversación impropia es de hecho un objetivo prioritario para Oriol Junqueras y la dirección del partido.

No solo en previsión de una reducción de la condena por inhabilitación del líder de ERC; los republicanos ven enorme preocupación las causas judiciales contra los ex altos cargos de la Generalitat procesados por su actuación en el procés. Especialmente en los casos de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Los otros procesados por el 1-O

Hombres de la máxima confianza de Junqueras, asumieron en 2017 la gestión de los preparativos del referéndum desde la consejería de Economía, mientras Pere Aragonès era preservado como futuro candidato. La moleskine de Jové se convirtió en una pieza fundamental de la acusación durante el juicio al procés. Y lo será de nuevo en el juicio oral que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado abrir este viernes.

Jové y Salvadó, como varios de los ex altos cargos pendientes de la causa que instruye el Juzgado 13 de Barcelona, corren el riesgo de ser condenados a penas de cárcel por malversación, en aplicación de la reforma aprobada en 2015. El objetivo de Esquerra es evitar ese escenario a toda costa. Tanto, que hablan con más contundencia de la reforma de este delito que de la necesidad de aprobar los presupuestos catalanes.

Pero en Esquerra son conscientes de las dudas que genera esa propuesta. Tras la buena disposición mostrada inicialmente tanto por el presidente Pedro Sánchez como por Félix Bolaños, las quejas en la bancada socialista han obligado a refrenar el entusiasmo inicial con el que Aragonès se refería a esta reforma.

«Igual que ya hemos eliminado la sedición, hay que reformar la malversación para lo que no era delito el 9N -la consulta convocada por Artur Mas en 2014- deje de serlo», defendía Aragonès el lunes, espoleado por la relativa facilidad con la que se había digerido en el PSOE la derogación de la sedición.

Un día después, Gabriel Rufián introducía matices y hablaba de una «reforma quirúrgica». Desde Esquerra y el Govern reconocen la necesidad de evitar que se convierta en un «coladero» para dirigentes del PP o el PSOE, desde Griñán a los procesados por la Gürtel o la Kitchen. La reforma «quirúrgica» de Rufián debe conseguir, por tanto, que la malversación impropia no permita condenar a Jové o Salvadó, pero sí a Jorge Fernández Díaz, si así lo acuerda la justicia.

Gasto no ejecutado

Para ello, los republicanos plantean despenalizar un gasto no ejecutado. Lo avanzaba someramente la portavoz del Govern, Patricia Plaja, esta semana. El objetivo, advertía al ser preguntada por las dudas que plantea la nueva reforma exigida por Esquerra, es «una reforma para que nunca más se pueda condenar a alguien por un supuesto gasto de dinero que no se ha ejecutado».

Los independentistas se refieren así a algunas de las facturas del procés que no fueron cubiertas finalmente por la Generalitat. «Han sido condenados por gastos que nunca se llegaron a hacer» se lamenta en privado un miembro de la formación republicana, «la reforma de la malversación del PP es perversa, pensada para perseguir independentistas».

Se trata de las facturas giradas por la empresa Unipost, responsable del envío de las papeletas del 1-O, a la que la Generalitat dejó de pagar un millón de euros. O Estudio Dada de diseño y comunicación, que realizó el vídeo del 1-O para animar a votar a los catalanes en el exterior.

Las facturas pendientes del 1-O

En el caso de Unipost se dividió el pago en cinco facturas giradas a los departamentos de Presidencia, Vicepresidencia, Economía, Trabajo y Cultura. Durante el juicio, sin embargo, la administradora concursal -Unipost quebró tras el procés– confirmó ha informado de que esas facturas fueron remitidas a la Generalitat el 7 de septiembre, pero fueron anuladas ese mismo día. 

Esas facturas sustentaban en buena parte la acusación de malversación contra los responsables de esos departamentos: Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Lluís Puig. Y los números dos de esas consejerias, procesados ahora por el TSJC y el 13 de Barcelona.

Pero este argumento no exoneraría a los responsables de Exteriores de la Generalitat, cuya actuación también investigan los tribunales. Los gastos asociados a las campañas del Diplocat, o el pago a los «observadores internacionales» que también investiga el Tribunal de Cuentas.

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