España | Tribunales

Qué tendrá que decidir el lunes el Tribunal Constitucional

El Partido Popular presentó un recurso de amparo para tratar de frenar de manera urgente el procedimiento por el que PSOE y Podemos intentan reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio tribunal de garantías

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, preside el primer Pleno tras la renovación el pasado 15 de diciembre.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, preside el primer Pleno tras la renovación el pasado 15 de diciembre. EUROPA PRESS

El Tribunal Constitucional tiene este lunes sobre la mesa una petición de amparo sin precedentes y de gran calado que puede cambiar los planes del Gobierno. Los magistrados, reunidos en un pleno urgente y extraordinario, decidirán si paralizan el procedimiento legislativo por el que PSOE y Podemos pretenden introducir, en una reforma en principio encaminada a modificar los delitos de sedición y malversación, enmiendas para cambiar aspectos esenciales del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que nombra a la cúpula judicial, y del propio Tribunal Constitucional (TC), el intérprete supremo de la Constitución.

Aprovechando la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar el Código Penal, eliminar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, así como modificar la redacción del delito de malversación, introduciendo nuevos supuestos de lucro personal para establecer penas mayores o menores alrededor de éste -cambio que favorecerá a los condenados y procesados por el proceso de independencia de Cataluña de 2017- los partidos del Gobierno introdujeron el pasado 9 de diciembre dos enmiendas a esa misma proposición con las que pretenden desbloquear el Tribunal Constitucional, en el que cuatro magistrados tienen que salir y entrar nuevos a sustituirles. Dos de ellos tienen que ser nombrados por el Gobierno, quien ya presentó a sus candidatos, el exministro de Justicia que tramitó los indultos del procés, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, la exasesora del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, experta en estados federales. Otros dos tienen que ser nombrados por el CGPJ, donde hasta ahora los vocales conservadores y los progresistas no han llegado a un acuerdo para proponer a sus candidatos. Al efecto, se ha convocado un Pleno el próximo martes.

Las enmiendas de PSOE y Podemos enfocadas a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -por tercera vez- y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) buscan desbloquear tanto la situación en el CGPJ como en el propio TC para que se pueda proceder a la renovación del tercio (cuatro magistrados) del tribunal de garantías pendiente, lo que dejaría a éste con una mayoría progresista más acorde con los intereses del Gobierno socialista, en lugar de la conservadora que hay ahora.

Dichas enmiendas, que recibieron este lunes la luz verde del Congreso y todavía deben votarse en el Senado, buscan, en lo referente al Poder Judicial, eliminar la mayoría de 3/5 para que prosperen las votaciones para nombrar a los magistrados del TC en el pleno del órgano, así como que cada vocal pueda votar sólo una vez a un candidato. En cuanto a la ley del Tribunal Constitucional, se busca eliminar el único paso en el que el tribunal interviene en el nombramiento de los candidatos del Gobierno: la revisión de los currículums de los candidatos, el plácet que deben dar los magistrados antes de proceder al nombramiento. También permitiría al Gobierno nombrar a sus dos magistrados sin necesidad de esperar a los otros dos del CGPJ.

El principal partido de la oposición presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita, como medida cautelarísima, que paralice el procedimiento legislativo por el que se ha optado para abordar la reforma: introducir enmiendas sobre dos leyes orgánicas, una de ellas del propio Tribunal Constitucional que afecta al sistema de elección de miembros recogido en la propia Constitución, por medio de enmiendas a otra reforma legal que nada tiene que ver con ésta, la de la sedición y la malversación.

En los procedimiento de medidas cautelarísimas no se oye a la otra parte. En caso de que el tribunal en cuestión las adopte, lo hace para paralizar una decisión cuyos efectos afectan de manera irreversible a los recurrentes. En este caso, el PP considera que si se permite que continúe el procedimiento escogido en el Congreso para tramitar la ley, se vulnerarían los derechos fundamentales de sus parlamentarios. Consideran que afectaría a su función representativa recogida en el artículo 23 de la Constitución Española, puesto que la introducción de dichas enmiendas en la tramitación de otra ley y su aprobación con una mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno les ha hurtado la capacidad de decidir al respecto.

El tribunal de garantías de los derechos fundamentales tendrá que decidir sobre si el procedimiento adoptado por los partidos del Gobierno para reformar una ley que afecta a su propio funcionamiento ha sido inconstitucional y por tanto éste se tendría que paralizar. El debate entre los magistrados se espera intenso.

Te puede interesar

Comentar ()