El expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, será citado a declarar por el Tribunal de Cuentas en el futuro juicio que celebre en el marco del procedimiento contable que dirige por el supuesto desvío de dinero destinado al proceso independentista de Cataluña de 2017.

Así lo ha comunicado la consejera Elena Hernáez Salguero en la audiencia preliminar celebrada este viernes en el tribunal. La defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, había solicitado ambas testificales y había argumentado la necesidad de oír al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por las declaraciones que realizó en sede parlamentaria, donde, según el abogado, «certificó la corrección de las cuentas publicas de la Generalitat». La consejera ha rechazado citar al exministro al considerar su declaración «innecesaria e improcedente» dado que fueron declaraciones políticas y en este procedimiento se trata de dilucidar «una cuestión meramente técnica».

Puigdemont lleva años fugado en Bélgica y aún no ha sido juzgado por el Tribunal Supremo en la vía penal. De hecho, junto a sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, está a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos.

Además, durante la audiencia preliminar, la consejera ha rechazado, en sintonía con el criterio de la Fiscalía y del demandante Sociedad Civil Catalana (SCC), la gran mayoría de argumentos de las defensas para suspender el procedimiento contable, que sigue adelante a la espera de saber la fecha del juicio. Otros, como la alegada prescripción, ha anunciado que los resolverá en sentencia.

La Fiscalía ha elevado a 3,1 millones el montante presuntamente desviado para la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del «procés». Entre los ex altos cargos contra quienes se dirige están también el exvicepresident Oriol Junqueras, otros exconsejeros y el expresidente catalán Artur Mas. En un principio reclamaba 3,4 millones de euros, si bien ha desistido de reclamar la partida de 336.143,44 euros correspondientes a la campaña Civisme, lo que ha conducido al archivo del procedimiento contra quien fuese responsable de Difusión de la Generalitat Jaume Mestre.