El Ministerio Público pide hasta ocho años y nueve meses de prisión para 17 ex altos cargos y empresarios por una presunta trama de adjudicación de obra pública fraudulenta entre los años 2011 y 2015, durante la presidencia de Artur Mas. Entre los imputados destacan Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, directivos de la empresa pública Gisa, responsable entonces de todas las obras públicas de la Generalitat.

En su escrito de acusación, avanzado por El Periódico y al que ha tenido acceso Efe, el fiscal anticorrupción sostiene que durante esos años los imputados amañaron adjudicaciones de obra pública en Cataluña, con la colaboración de los dos máximos responsables de Gisa, empresa que después pasaría a llamarse Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña.

El fiscal imputa a Quer, Rosell y a otros dos ex altos cargos un delito continuado de prevaricación, de fraude continuado a las administraciones públicas y otro de organización criminal. Los acusa de configurar durante esos años un «cártel colusorio al que denominaron ‘Nuria Bofill’«, mientras que al resto de procesados los acusa de prevaricación y fraude a las administraciones como colaboradores necesarios.

Precios pactados

El Ministerio Público, en su escrito de acusación remitido a la Audiencia Nacional, señala que los acusados «fueron ejecutando un pacto para conseguir la adjudicación de concursos de Administraciones Públicas en el ámbito catalán», mediante el cual ofrecían unos precios durante la licitación que permitiesen la «exclusión» del resto de competidores.

De esta manera, dice el ministerio fiscal, los empresarios evitaban y «anularon» la libre competencia, obteniendo mediante estos cauces un contrato «más beneficioso» que el que hubieran logrado en «condiciones de igualdad».

Según el fiscal anticorrupción, ello era posible gracias a la «connivencia» de los que eran por aquel entonces los dos máximos responsables de Gisa, en concreto, Quer y Rosell, que ocupaban respectivamente los cargos de presidente y director de este organismo.

Ambos «manipulaban» las adjudicaciones abusando de su «jerarquía» en Gisa, «presionando» y dando indicaciones a sus subordinados para que modificaran las valoraciones hechas por los técnicos sobre las diferentes ofertas presentadas en los concursos de licitación.

Por su parte, el resto de empresas que supuestamente participaron en esta trama actuaban «intencionada y deliberadamente» para que las adjudicaciones siguieran criterios «subjetivos». Presentaban «sus ofertas agrupadas en un rango de precios muy restringido», esgrime la Fiscalía.

Casi nueve años de prisión

Anticorrupción pide para Quer y Rosell ocho años y nueve meses de prisión, al igual que para Josep Narcís Arderiu, de la Asociación Catalana de Ingeniería y Arquitectura (Asinca. Para los otros 14 procesados solicita seis años y tres meses de cárcel.

Con esta trama, sostiene el fiscal, resultó perjudicado el patrimonio público porque las empresas decidían, bajo el control de Quer y Rosell, en qué nivel quedaría situado el precio de adjudicación y, por tanto, las «exclusiones por baja temeraria, con los consiguientes perjuicios para los intereses patrimoniales públicos».