Laura Borràs se ha escudado en una supuesta trama judicial en su contra para negar todas las acusaciones por supuesto troceamiento y concesión a dedo de contratos cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Unas acusaciones por las que la Fiscalía pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs y su colaborador en la ILC, Isaías Herrero.

La presidenta de JxCat ha asegurado que "no podía imaginar ser investigada; no por ser aforada sino porque trabajo el hecho en la ILC era legal", y ha concluido que "la única razón" de esas acusaciones es la construcción de un caso en su contra. "Si miro cuándo se producen determinadas actuaciones de carácter judicial, coinciden con mi vinculación política posterior a mi trabajo a en la ILC. Investigaciones se corresponden a momento de lawfare".

"Si pongo en dos columnas mi vinculación política y las actuaciones judiciales, sí veo relación" ha concluido Borràs al final de su declaración, en la que sólo ha respondido a las preguntas de su defensa.

La responsable es la gerente

Borràs ha descargado además en la entonces gerente de la Institución, Assumpta Pagès, la fórmula escogida para contratar la elaboración de la página web de la ILC con Herrero. Pagès "es una administradora rigurosa, exigente, inflexible, e insistente, me ofrecía toda la confianza" ha insistido en repetidas ocasiones la dirigente independentista, quien ha asegurado que fue la funcionaria de la ILC la que "me introdujo en la contratación en la administración pública" y quien le indicó que "la contratación menor es la única que hace la Institución de las Letras Catalanas".

"La ILC solo tiene contratos menores, la ley es clara, ella me la explica, tambien me cuenta los mecanismos de contratación, que nunca superan los 18.000€" ha explicado Borràs. La entonces directora ha asegurado además que ella "nunca" se ocupó de contratos ni de presentar presupuestos, pero que "intermedió" entre Pagès y Herrero porque "hablaban lenguajes diferentes".

De hecho, ha reconocido que cuando la gerente estaba de baja y la sustituyó Roger Espar "me sentí liberada, porque la comunicación con Herrero la lleva Espar y yo puedo dedicarme a mi trabajo". Borràs ha negado también que la interventora de la Consejería de Cultura, Blanca Gispert, cuestionara el sistema de contratación con Herrero: "señala deficiencias leves, presentamos alegaciones y el informe de intervención fue aprobado" ha asegurado.

La ex presidenta del Parlament ha argumentado además que sorteó la obligación de contratar la web de la ILC con el CTTI con permiso del entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, argumentando que el CTTI "tenía una larga cola de trabajo" y la contratación con Herrero sería "más eficaz y más rápida".

Pericial pendiente

Tras la larga declaración de Borràs su abogada, Isabel Elbal, ha pedido introducir en la causa una parte del informe pericial encargado en su momento de forma conjunta por las defensas de Borràs, Herrero y Andreu Pujol -el tercer acusado- según Elbal para acreditar que no hubo troceamiento de contratos porque el objeto de cada uno de los contratos realizados con Herrero era diferente.

Una petición que el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha rechazado recordando que esa petición debería haberse presentado en la sesión adicional de cuestiones previas que el tribunal habilitó tras denunciar Elbal un "pacto secreto" entre la Fiscalía y Herrero.

La abogada de Herrero, Marina Puig, ha aprovechado su turno de preguntas -no contestadas por Borràs- para dejar claro que ese no era el objeto del informe. "¿Tiene constancia de que el informe que pide no fue aportado porque se quedó en un borrador? ¿de que ese informe no se completa porque la Fiscalia no ratificó la acusación de malversación? ¿De que esta pericial se basaba en el estudio de los discos duros y los correos electrónicos que ha sido presentado por la pericial de su defensa?" ha señalado Puig para desmentir el argumento de Elbal, que Borràs se había visto perjudicada por la actuación de la defensa de Herrero.

Herrero, un artista digital

En su declaración, Borràs ha insistido además en que Herrero es mucho más que un programador informático, razón por la era el mejor cualificado para hacer la web de la ILC. "Isaías Herrero ha sido denigrado como un simple informático" ha criticado Borràs, señalando que su ex colaborador "ha sido reconocido como un creador digital, es un artista digital".

La ex presidenta del Parlament ha defendido además su interés por que Herrero recibiera los pagos de sus últimos trabajos con la ILC, correspondientes al Año Bertrana. A finales de 2017, cuando ya había dejado la dirección de la Institución y "para cerrar el expediente le llamé advirtiéndole de ese hecho, de que yo me iba de la Institución y tenía que presentar la factura cuanto antes mejor".

Momento que Borràs ha aprovechado para lanzar un dardo al PP, señalando que abandonó el ILC "no quise ser cesada por M. Rajoy" con la aplicación del 155. Aunque lo cierto es que su dimisión correspondía con su elección como diputada por las listas de Carles Puigdemont, como ella misma ha señalado.

Correos cuestionados

Laura Borràs ha intervenido en último lugar, un orden poco habitual solicitado por su defensa tras denunciar que el otro acusado, Isaías Herrero, había pactado con la Fiscalía para inculpar a Borràs a cambio de una reducción de condena.

Previamente ha sido el turno de las periciales sobre la obtención de los correos electrónicos entre Borràs y Herrero que forman el eje central de la acusación. Los tres responsables de la Guardia Civil que analizaron los ficheros han defendido la integridad de los archivos ante las dudas que han introducir los peritos de la defensa.

"Cuando hablamos del disco duro es una evidencia principal y siempre está en el tribunal" ha explicado uno de los peritos de la Guardia Civil, argumentando que el hash "es importante en archivos comprimidos". Los peritos de la defensa han asegurado, por su parte, que que los correos electrónicos se decomisaron a Herrero sin autorización judicial, ya que la diligencia se refería a recopilar dominios, bases de datos y códigos sobre los trabajos realizados para la ILC.

"No se solicitó en ningún momento permiso para acceder y copiar correos, y menos aún en servidores externos como gmail", apuntan para defender la anulación de la principal prueba de la acusación.