La consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, en el acto del día mundial del agua
El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles in extremis el decreto ley de sequía impulsado por el Govern de Pere Aragonès. Los 29 meses de sequía acumulados en esta comunidad han pesado más, finalmente, que las quejas de toda la oposición sobre la gestión y contenidos del decreto, del que los socialistas cuestiona el régimen sancionador a los ayuntamientos, y los comunes cuestionan las restricciones a la agricultura y no al turismo.
Todos, también Junts, coinciden además en la falta de voluntad de diálogo del ejecutivo catalán pese a su situación de minoría en el Parlament. Socialistas, comunes y Junts se han abstenido para permitir que se aprobara el texto, pero todos los grupos se han unido para forzar su tramitación como proyecto de ley, que se ha aprobado con los únicos votos en contra de ERC.
El decreto fija la situación de excepcionalidad por sequía para las cuencas Ter-Llobregat y Muga-Fluviá, que alimentan básicamente las provincias de Barcelona y Girona y afectan a seis millones de personas.
La declaración del estado de excepcionalidad supone la reducción del 40% del agua para usos agrícolas -hasta ahora se aplicaba una reducción del 25%- y otra reducción del 15% para usos industriales -desde el 5% actual-. Además, se impone la prohibición de riego de zonas verdes y la reducción de agua para usos lúdicos.
Obras de emergencia
"Si este decreto ley no es convalidado las obras de emergencia de los entes municipales tendrán que esperar meses" advertía el presiente de la Generalitat, ante la amenaza de voto en contra de JxCat y PSC y la abstención de los comunes. "Estamos abiertos a mejorarlo y a que se tramite como proyecto de ley" ha añadido Aragonès para conseguir el apoyo de los socialistas, que finalmente han acabado salvando el texto.
El apoyo socialista ha llegado pese a que Salvador Illa ha hecho del decreto uno de los principales argumentos de crítica al Govern en las últimas semanas. Illa cuestiona las sanciones que fija el decreto para los municipios que no aprueben ya su plan de emergencia hidrológica. Un requisito que han incumplido muchos alcaldes socialistas, que no quieren establecer nuevas restricciones a las puertas de las elecciones municipales.
PSC, JxCat, Cs o PP cuestionan además que se establezcan sanciones para los municipios pero en cambio no se prevean compensaciones para el sector agrícola, el más castigado por las restricciones de agua.
"En el último pleno, respondiendo a su pregunta, le pedí que no se haga de la gestión de la sequía una batalla política" se ha lamentado Aragonès, argumentando que su ejecutivo ha informado tanto a los partidos de la oposición como a los entes locales de las medidas aprobadas.
Unilateralismo de ERC
"No se trata de informar, se trata de consensuar" le ha respondido Illa, quien ha insistido en la "máxima disposición para ayudar" de su grupo. "Pero con nosotros así, no" ha concluido. El líder del PSC ha recriminado a Aragonès la falta de diálogo de un gobierno que sólo cuenta con 33 diputados en el Parlament y le ha echado en cara también el decreto de reestructuración de los Mossos, aprobado este martes, para ejemplificar ese unilateralismo.
"Los Mossos son de todos", ha advertido Illa, "siguen yendo a la suya, sin hablar con nadie, el consejero Elena ya fue reprobado por el Parlament y ahora los sindicatos le dan la espalda". El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha ido más allá en sus reproches.
"Su Govern tiene un problema de déficit democrático, el Parlament le molesta. Este no es el camino, rectifique y abandone el uso partidista del Govern" le ha recriminado Batet que ha desgranado una lista de ejemplos de ese déficit. Batet se ha referido también a la reestructuración de los Mossos, al plan de turismo o a la cumbre sobre el abandono escolar que el consejero de Educación ha convocado este jueves en Manresa, pese a que sigue el Pleno en el Parlament.
El Parlament les sobra
Aunque el caso que más ha encendido tanto a socialistas como a junteros es el de las promesas del consejero de Acción Social, Carles Campuzano, en un acto de campaña junto a Gabriel Rufián, cuando prometió una nueva residencia geriátrica en Santa Coloma.
También los comunes, convertidos en el socio más fiable de ERC en el Parlament, han mostrado su rechazo al decreto. Su portavoz, David Cid, ha anunciado su abstención advirtiendo a Aragonès que "sirva de aviso" y prometiendo "una oposición contundente cuando las cosas no se han hecho bien".
Cid ha acusado al ejecutivo de "vivir de rentas" de las obras emprendidas en su momento por el tripartito, hace quince años, y ha advertido al ejecutivo que "hoy, día mundial del agua, era el día para que rectificara, no tienen planificación en sequia, residuos y energías, es un Govern que no planifica, no negocia y no acuerda".
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