El Congreso tramitará la reforma del Código Penal para que los delitos de abusos graves a menores no prescriban, y alargar los plazos de prescripción de los menos graves. Lo ha acordado el Pleno este martes con el apoyo de todos los grupos menos Vox, a propuesta del Parlamento de Cataluña a petición de víctimas de abusos en Cataluña. "Las víctimas no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden" advierten las organizaciones que atienden a víctimas de violencia sexual contra menores para destacar la importancia de esta reforma legal, que ya han adoptado otros países de nuestro entorno.

La iniciativa, que ha recibido 305 votos a favor, 32 en contra (Vox) y una abstención, reclama considerar imprescriptibles los delitos de abusos sexuales graves contra menores -los penados con más de cinco años de cárcel- y alargar el plazo de prescripción hasta los 55 años de la víctima en el resto de los casos para facilitar la denuncia.

En la última década las denuncias por abusos a menores han crecido un 173%, recuerda la diputada del PSC Judith Alcalà, que este martes ha defendido junto a Raquel Sans (ERC) y Susana Segovia (CatEC) la proposición de ley. Aún así, sólo el 4% de las víctimas denuncia, y solo el 30% de esas denuncias acaba en condena.

La Audiencia de Barcelona condenó este lunes a dos años de prisión a un monje de la Abadía de Montserrat por abusos sexuales a un menor. Una condena se suma a los casos destapados en los últimos años en colegios, entidades deportivas o de ocio infantil y juvenil. Los Jesuitas de Cataluña hicieron público este julio un informe que recoge 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde 1948 por parte de 44 agresores, 29 de ellos religiosos y 15 laicos. Los Maristas acumulan ya 20 denuncias por abusos en sus centros en esta comunidad.

En el 42,6% de los delitos sexuales denunciados en 2023 las víctimas eran menores

Las denuncias de las víctimas de ambas congregaciones, unidas en grupos organizados, han sido claves para dar visibilidad a unos abusos tan ocultos que la ONG Save the Children tituló su primer informe sobre el tema Ojos que no quieren ver. Pero lo cierto es que en el 42,6% de los delitos sexuales denunciados en 2023 las víctimas eran menores, según el Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual en España del Ministerio del Interior.

Impunidad de los agresores

"Esta modificación permitirá que las víctimas puedan denunciar cuando estén emocionalmente preparadas" añade Alcalà, porque el 90% de las víctimas denuncia cuando llega a la edad adulta, y después de un duro proceso de reconstrucción emocional. Es, en definitiva, "una herramienta más" para proteger a los menores.

"La evidencia científica demuestra que se tarda muchos años en denunciar" confirma Raquel Sans, y el resultado es "un grado de impunidad muy elevado" en los casos de abusos sexuales contra menores. Sans recuerda especialmente la "frustración" de una de las víctimas que defendió esta reforma ante el Parlament, una mujer que había sido violada a los 10 durante unas colonias y defiende el "acto de generosidad" de esas víctimas a las que la reforma del Código Penal no servirá, pero han hecho público su dolor para impedir que esto le suceda a otros.

Los impulsores de la reforma "son plenamente conscientes" de que en caso de que se apruebe la reforma propuesta por el Parlament, ésta solo se aplicará a víctimas de abusos cometidos a partir de entonces, asegura Sans. Pero tanto ella como Alcalà reconocen el riesgo de "generar frustración" en otras víctimas que "tras un proceso dolorosísimo, cuando se deciden a denunciar, descubren que el delito ha prescrito".

Apoyo político

Los promotores reconocen que la reforma del Código Penal para hacer que estos delitos no prescriban "supone un cambio de paradigma" en términos jurídicos que no es fácil de asumir. "Genera contradicciones, porque implica un cambio en cómo se mira el Código Penal", especialmente en los partidos de la izquierda, asume Sans. Pero es un proceso que ya se ha producido en otros países de nuestro entorno, entre ellos once países de la Unión Europea en los que los abusos sexuales a menores no prescriben. O la Ley de derecho al tiempo de Chile, uno de los referentes de la Proposición de ley de modificación de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad del Parlament.

La iniciativa ha puesto buen cuidado en "mirar en todos lados" porque los datos demuestran que la gran mayoría de los abusos a menores se producen en el ámbito familiar o el círculo más cercano de las víctimas. La Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia de 2021 ya reconocía la necesidad de ampliar el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores. Pero la nueva propuesta señala que, aunque la prescripción a los 35 años -a los 45 años en los casos más graves- "supone un avance evidente", los colectivos de víctimas defienden una reforma más ambiciosa.

Así, el texto propone que no prescriban los delitos de abusos graves -aquellos penados con cinco o más años de prisión-. En cuanto a los delitos de este tipo menos graves, el texto plantea que prescriban más tarde con el fin de que la víctima pueda denunciar los hechos al menos hasta que tenga 50 años. Con una excepción: cuando los agresores sean también menores. En esos casos, se mantiene la prescripción a los 35 años de la víctima.