La Guardia Civil abordará en su Consejo medidas para combatir la corrupción de los mandos

La corrupción en el seno de la Guardia Civil llega al Consejo del Cuerpo. La dirección, en la que está al frente María Gámez, ha decidido incluir el punto “actuaciones para la mejora de la Gobernanza” en el orden del día del próximo 30 de marzo.

Las últimas noticias de casos de malas conductas entre los agentes, con el caso Mediador y su apéndice, el caso Cuarteles, ha obligado a la Benemérita a abordar el asunto. Las bases del Instituto Armada, con las asociaciones representativas a la cabeza, ha forzado a debatir sobre los “garbanzos negros” de la Guardia Civil, como se conoce a los agentes que se pasan al otro lado de la legalidad en lugar de combatirla.

El Consejo de la Guardia Civil es un órgano colegiado en el que participan representantes de los miembros de la Guardia Civil y de los Ministerios de Interior y Defensa con el fin de mejorar las condiciones laborales de sus integrantes así como el funcionamiento del Instituto. Gámez explicará ahí el próximo día 30 las diferentes medidas que se pondrán en marcha para prevenir las malas prácticas de los mandos.

Regalos, comidas con empresarios, viajes pagados, entradas de fútbol, contratos a empresarios para reparar cuarteles… Los casos de presunta corrupción de mandos de la Guardia Civil “avergüenza” a todo el Cuerpo, tanto a la dirección como a su base. La toma en consideración del punto del día no ha salido de motu propio de la directora, si no que ha sido gracias a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que presionó a para llevarlo a finales de marzo al pleno.

Dos casos, cinco mandos

El 14 de febrero saltaban las primeras inquietudes en la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, sede de la Guardia Civil. Francisco Espinosa Navas, un general ya retirado, era detenido en su casa. Al uniformado se le arrestaba dentro de una operación que investiga las actuaciones de un grupo de persona en favor de empresarios ganaderos a cambio de mordidas y dádivas. El general sería uno de los cabecillas, según los investigadores.

El Ministerio del Interior ha ido dando pasos cuanto más se conocía del caso Mediador. Una de ellas fue el cese de José María Tienda, coronel jefe de la Comandancia de Tenerife, que aparecía en una conversación del sumario. La Benemérita ordenaba intervenir las cuentas del acuartelamiento en busca de contratos e información relativa un constructor.

En ese mismo sumario aparece otro nombre de un mando de la Guardia Civil. Se trataría, según los investigadores, de Vicente Reig Basset, coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas. En uno de los informes de Asuntos Internos aparece como miembro de un grupo de WhatsApp, con el nombre de ‘Equipo A’, junto a Espinosa y tres empresarios cercanos al general ya retirado: Luis Monzón y Eustasio López, del grupo Lopesan, y Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Los cuarteles de la Guardia Civil

En el sumario del caso aparece un constructor ya citado y que responde al nombre de Ángel Ramón Tejera de León, muy amigo de Espinosa. No está imputado en ese caso y su nombre aparece en la conversación en un coche. Sin embargo es el nexo de unión con otra causa que se investiga en un juzgado de Madrid, bautizado con el nombre de ‘caso Cuarteles’, y que salpica a otros mandos de la Guardia Civil.

En el foco están 193 obras en cuarteles de distintas comandancias por valor de 3,3 millones de euros realizadas por distintas empresas de Tejera de León, conocido como ‘alférez Mon’ por su amistad con el general detenido. La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha redactado un informe tiene sospechas tanto del grado de realización de las obras -en algunos casos ni siquiera se empezaron- como por posibles irregularidades en su adjudicación.

«Fue saltando de isla en isla hasta llegar a la península», explicaron a este periódico diversas fuentes sobre el papel del constructor en relación a las obras en los cuarteles de las Islas Canarias, donde empezó su actividad y tiene domiciliadas sus empresas.

La investigación apunta al teniente general Pedro Vázquez Jarava, ya retirado, que estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo. Esta unidad habría favorecido, se sospecha que con su mediación, al empresario Ángel Ramón Tejera. Los agentes creen que habrían fraccionado las adjudicaciones de obras para no tener que sacarlas a concurso y favorecer siempre al mismo empresario.

La investigación se inició en Ávila después de que los investigadores detectaran presuntan irregularidades en algunas obras en varios cuarteles. El juez tomó declaración al entonces responsable de la Comandancia, el coronel Carlos Alonso Rodríguez, quien dijo que las contrataciones fueron sugeridas por Vázquez Jarava. Por el momento el ex jefe de la provincia abulense se encuentra investigado por un juzgado de Madrid.

La jueza que lleva el caso en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital ha imputado a un tercer mando en este caso Cuarteles, el comandante que regía la Sección de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante.

Postura oficial

El Ministerio del Interior y la propia Guardia Civil son los mayores interesados en poner coto a la corrupción dentro del Cuerpo.

El ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que su departamento y la Guardia Civil tienen "tolerancia cero" a cualquier actuación ilegal y son los primeros interesados en que se esclarezca todo lo relacionado con el denominado caso cuarteles.

El ministro ha manifestado, en declaraciones a los periodistas en Palencia este lunes, que el Gobierno actual está colaborando desde el principio con la autoridad judicial en la investigación sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reparación y reformas en 13 cuarteles de la Guardia Civil entre marzo de 2014 y abril de 2019.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha dicho este jueves que no quiere que "algunos garbanzos negros enturbien el nombre de la Guardia Civil", en referencia a las supuestas irregularidades en las obras de varios cuarteles.

La directora general ha subrayado que es la primera interesada en que se destape cualquier tipo de irregularidad o de ilegalidad y "que pague quien lo tenga que pagar".