El Govern prevé la declaración de emergencia por sequía el próximo septiembre para las cuencas internas de Cataluña. Esto es, restricciones en el agua de consumo humano y cerrar el grifo de la agricultura para sistema Ter-Llobregat, que nutre a 6 millones catalanes residentes en las provincias de Barcelona y Girona. La emergencia es la última de las tres fases de alerta por sequía.

Implica limitar el consumo a 200 litros por habitante y día -sumando los usos doméstico, agrícola e industrial- frente al tope de 230 litros actual. Una reducción que podría llegar a los 160 litros en caso de emergencia extrema. Barcelona ciudad tiene un consumo medio de 103 litros por habitante, pero la media catalana es de 180 litros.

Las restricciones más severas, sin embargo, son las que sufrirá la agricultura. La declaración de emergencia supone la supresión del riego agrícola. Solo se permitirá el riego para garantizar la supervivencia de cultivos leñosos como vid o árboles frutales.

Se prohibirá también usar agua para riego de zonas verdes y jardines -públicos y privados- así como en los usos recreativos. En usos urbanos, se prohíbe también el uso de agua para fuentes ornamentales, lagos artificiales y piscinas, así como para la limpieza de cualquier vehículo

La industria deberá reducir el consumo en un 25% -en la actualidad sufre una restricción del 15%- el mismo porcentaje que las actividades recreativas.

Cae el consumo doméstico

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, reconocía ese martes que se ha reducido el consumo doméstico. Aún así, "si no llueve vamos a entrar en estado de emergencia hacia el mes de septiembre" en el sistema Ter-Llobregat. El director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, alertó que los embalses de las cuencas internas están al 26% y el caudal del río Ter en Ripoll (Girona) y el del Llobregat en Guardiola de Berguedà (Barcelona) están "en mínimos históricos".

En este contexto, Reyes explicó que el trasvase del pantano de Sau al de Susqueda se ha paralizado tras haber salvado 15 hectómetros, reduciendo Sau a la mitad, de 24 a 10 hectómetros. La calidad del agua que queda en Sau "ha empezado a empeorar" por la concentración de amonio, por lo que han optado por frenar la operación para analizar el agua restante.

También se ha suspendido la pesca de peces en Sau, tras haber eliminado las especies invasoras y dejar un volumen que, según Reyes, pueda vivir de acuerdo con el volumen de agua y de oxigeno restante.

Batalla política

En este contexto se recrudece la batalla política entre PSC y ERC por la gestión de la sequía. Tras la decisión del Govern de mantener la sanciones a los municipios en su plan de sequía, los socialistas han anunciado este martes la presentación de una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley de sequía que incluye estas medidas, avalado provisionalmente por el Parlament.

La portavoz del PSC, Alicia Romero, anunció la presentación de la enmienda acusando al Govern de haber incumplido el acuerdo alcanzado para que el decreto de sequía fuera aprobado por el Parlament. Desde Junts se plantean también enmendar el proyecto de ley del Govern, que aprobó el decreto con los 33 votos de Esquerra, gracias a la abstención de PSC, JxCat y Comuns.

Romero ha asegurado que no han pactado con Junts una pinza para forzar al Govern a rectificar. Y ha señalado al ejecutivo de Pere Aragonès como responsable de la situación por haber incumplido su compromiso. "No hemos hablado con Junts, hablamos con el Govern que es quien tiene la responsabilidad" ha apuntado.

La portavoz socialista ha puesto el foco en el ACA, a la que ha reprochado que el 75% de los acuíferos de Cataluña están contaminados. "Podríamos tener 75 hectómetros de agua más" ha asegurado pero "ACA ha dejado de invertir 760 millones de euros" en los últimos años.

En este contexto, Reyes ha reconocido que la AC aprobará durante la segunda quincena del próximo junio el plan hidrológico de las cuencas internas para el periodo 2022-2027. Lo hará con seis meses de retraso, por lo que la Comisión Europea ha expedientado a la Generalitat.