Los peores presagios para la ministra de Justicia, Pilar Llop, se han cumplido en año electoral. Gran parte de los actores judiciales amenazan con una gran huelga a partir del próximo 16 de mayo, después de que se haya resuelto el paro de los letrados de la Administración de Justicia que retrasó miles de procedimientos judiciales. Tres de las cuatro asociaciones de jueces y dos de las tres asociaciones de fiscales piden a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que ceda en lo económico para que se resuelvan sus protestas retivutivas.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FIJ) por parte de los jueces, así como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han emitido un comunicado conjunto este lunes explicando que llevan años denunciando la falta de dotación para su trabajo.
"En la Administración General del Estado la Administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad", señala el documento.
A pesar de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo y 4 de abril, desde las asociaciones consideran "insuficiente" los avances dados. No así las dos asociaciones progresistas (la Unión Progresista de Fiscales y la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia) que prefieren esperar a conocer lo que el Ministerio de Hacienda les va a plantear el próximo 3 de mayo cuando se reunirán con ellos. No descartan, eso sí, incorporarse más tarde al parón.
"No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones -también retributivas- adecuadas", concluye el comunicado.
El problema radica en la reciente negociación que Llop ha llevado con los letrados de los tribunales. Este cuerpo logró una mejora salarial de entre 450 y 480 euros mensuales, después de varios meses de protestas y este hecho desató el enfado del resto de actores jurídicos. Especialmente de los jueces que llevan esperando la convocatoria de la Mesa para hablar de estos temas desde el pasado mes de octubre sin éxito. Además, la ministra había advertido de la imposibilidad de subir sueldos a todos por igual (se va a explorar vías como complemento por antigüedad, destino, etc), pero no subidas totales. "Lo que para otros es posible, para nosotros imposible", señala Jorge Fernández Vázquez, portavoz de AJFV.
Los primeros en mostrar su rechazo fueron el resto de funcionarios de Justicia de rango inferior en el cuerpo que reivindican que, en realidad, muchas de las funciones que se les atribuyen a los letrados las hacen realmente ellos. Así, piden una subida salarial para ellos y que se paralice la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que no ha sido consensuada.
El comité de huelga de los funcionarios y el Ministerio reanudan este lunes las negociaciones que terminaron el jueves con pequeños avances.
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