Durante años la reivindicación de los presos de ETA les ha arrinconado. Ellos no han existido. Las denuncias por el alejamiento y la dispersión de los presos de la banda terrorista y su petición de acercamiento a prisiones vascas ha sido la única que ha existido. Sin embargo, entre la población reclusa española existen cientos de presos comunes vascos o con arraigo en Euskadi que cumplen su condena lejos del País Vasco. La cifra podría rondar los 400 y para ellos, por ahora, no hay planes movilizaciones o reclamaciones para que sean trasladados a centros penitenciarios vascos.

Culminado el acercamiento de los presos de ETA, ahora el Gobierno vasco se plantea hacer o facilitar lo propio con el resto de internos vascos que lo deseen y que están cumpliendo su condena en alguna prisión alejada de Euskadi. El Plan Estratégico de Infraestructuras para los Centros Penitenciarios vascos en el que ya trabaja en Ejecutivo Urkullu contempla una profunda reorganización que permita, entre otros objetivos, el acercamiento de todos aquellos internos comunes con arraigo que lo soliciten.

Desde octubre de 2021 la gestión de las cárceles vascas corre a cargo del Ejecutivo vasco. Las tres prisiones vascas, -Basauri, Martutene y Zaballa-, se han quedado pequeñas para albergar a muchos más internos de los casi 1.400 que ahora cumplen condena en ellas. La cárcel vizcaína de Basauri es la que se encuentra en peor estado y necesita obras, algunas de las cuales ahora están en marcha para su puesta al día. En Gipuzkoa la cárcel de Martutene, la más antigua, tiene los días contados. Ya está en marcha la construcción de la prisión de Zubieta que la sustituirá y que ampliará hasta casi duplicar su capacidad. Por último, la cárcel de Zaballa, en Álava, la más moderna, se encuentra actualmente saturada tras haber absorbido no sólo la mayor parte de los acercamientos de los presos de ETA sino también el traslado de los interno afectados por los trabajos que se llevan a cabo en Basauri y que limitan su capacidad.

Los planes estratégicos con los que trabaja el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales plantean una transformación a medio y largo plazo de toda la red. El periodo del mismo abarca hasta el año 2030. Para entonces se confía tener finalizada no sólo la actualización de la prisión vizcaína sino también la cárcel guipuzcoana de Zubieta, que está previsto que cuente con capacidad para alrededor de 500 internos.

Previsión de plazas

Actualmente la prisión más moderna es la de Zaballa. Sufre un problema de saturación que ha obligado a duplicar la capacidad de sus 720 celdas, hasta ahora en gran medida individuales. Ha sido precisamente esta la cuestión que ha motivado el último incidente con un colectivo de presos de ETA que se ha declarado en huelga de hambre en solidaridad por otro preso de la banda que reclamaba no compartir celda.

El Plan Estratégico, que ya diseña la ingeniería Idom Consulting, está analizando el estado actual de todas las infraestructuras carcelarias heredadas del Ministerio del Interior tras el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi. El propósito de los responsables del Ejecutivo es poder identificar fortalezas y deficiencias, problemas actuales, necesidades y determinar modificaciones que se deberán abordar en el futuro ante la evolución prevista de la población penitenciaria.

Una de las líneas de actuación prioritarias es definir una estimación de plazas que serán necesarias en el futuro “teniendo en cuenta la realidad de los casos que son juzgados en Euskadi” y a la que se deberá sumar “la población reclusa que teniendo arraigo en el CAPV –Comunidad Autónoma del País Vasco- se encuentre en centros penitenciarios ubicados fuera de Euskadi y pueda ser trasladada a algunos de los centros penitenciarios de esta comunidad autónoma”, señala la propuesta de la Administración vasca. Esta población reclusa no cumple condena fuera de las cárceles vascas por una decisión de dispersión, como sí se aplicó desde 1989 a los presos de ETA, sino por haber cometido el delito en otra comunidad, tener arraigo en ella o no haber solicitado el traslado.

Regímenes de semilibertad

Además, se insta a plantear un modelo de infraestructuras teniendo en cuenta también “los regímenes de tratamiento en todos los grados”. Este aspecto es uno de los que más quieren modificar los actuales responsables de la política penitenciaria, fomentando los terceros grados y los regímenes de semilibertad. Esta política, que ya se está aplicando con los presos de ETA y que en algunos casos ha derivado en revocaciones y reingresos de los internos, condiciona la necesidad de algunas infraestructuras al reducir la presencia de los presos en el complejo carcelario.

La profunda reorganización de la red prisiones que el Gobierno vasco quiere poner en marcha afecta a los tres centros carcelarios y a las unidades sanitarias con las que cuenta en los distintos hospitales. Incluso contempla dar un uso específico al antiguo complejo de Nanclares de Oca, en Álava, ahora en desuso y que fue sustituido en 2011 por la cárcel de Zaballa. Esta prisión abarca una superficie de 80.000 m² y dispone de 720 celdas, además de gimnasio, piscina, polideportivo, biblioteca, y aulas de informática y música, entre otras. El modelo de prisión responde a la política penitenciaria que el Ejecutivo vasco quiere impulsar, más favorable a la reinserción y resocialización de los internos y facilitando un entorno e infraestructuras más amables con los internos.

El plazo planteado para consolidar el modelo penitenciario vasco y de adecuación de las infraestructuras al mismo es de ocho años. La auditoría de las instalaciones y recursos actuales es el primer paso que se están abordando y al que continuará la definición de un plan de actuación, de acuerdo a unos objetivos y una estrategia para llevarlos a cabo.