La Fiscalía Anticorrupción ha asumido los casos de fraude electoral en Melilla y Mojácar. Estos dos son los que más calado han tenido estos días, en los que ha habido un goteo de operaciones policiales contra la manipulación de las votaciones de este domingo.

En Melilla se investiga, principalmente, al partido Coalición por Melilla. En Mojácar están investigados dos miembros del PSOE, los números dos y cinco en esta localidad almeriense.

La LOREG dice claramente que serán castigado con pena de prisión de seis meses a tres años quienes «por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención».

Además también castiga a los que a través de «violencia o intimidación» presionen a los electores o a quien «impida o dificulte injustificadamente la entregada, salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios» en los centros donde se colocan las urnas.

65 delitos en 2019

El Ministerio del Interior constató 65 infracciones penales contra la legislación electoral durante las diferentes elecciones generales, autonómicas y municipales celebradas en 2019.

Según la estadística facilitada a Efe por Interior, en los distintos comicios celebrados hace cuatro años, Andalucía registró 15 delitos contra la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la región con más infracciones por delante de Canarias, con 10, Castilla y León, con 7, y de Madrid y País Vasco, cada una de ellas con 6 delitos.

Cinco infracciones se cometieron en las distintas elecciones de 2019 en Melilla, cuyo voto por correo está siendo investigado al detectar una presunta red de compra venta para a las elecciones municipales de este domingo, al igual que en Mojácar (Almería) y en Murcia donde se han practicado también detenciones por las mismas presuntas irregularidades que en la ciudad autónoma.

Además, Interior contabilizó cuatro delitos contra la ley de régimen electoral en 2019 en Galicia y Castilla La-Mancha; tres en la Comunidad Valenciana; dos en Aragón y Asturias, y uno en Extremadura.