El juzgado de Instrucción número 29 de Madrid avanza lentamente en el conocido como 'caso Caranjuez' sobre la extorsión de policías a venezolanos a cambio de información y dinero. Las declaraciones de unos y de otros se han ido suspendiendo por las distintas huelgas en la Justicia y la trama se va esclareciendo a trompicones. El último paso lo ha dado la Policía Nacional al citar en sus dependencias a la secretaria del espía israelí Alberto Galán (alias 'Avi'), uno de los supuestos cabecillas de los tratos con el exdirector de los servicios secretos de Venezuela Carlos Aguilera, o los exministros bolivarianos Nervis Villalobos y Javier Ochoa.

En la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente se muestra cómo funcionarios policiales citaron a C.B.S. en la Comisaría de Fuencarral-El Pardo como testigo el pasado 2 de junio. Ella trabajó con 'Avi' en una de sus empresas y los agentes, que están haciendo gestiones para interrogar a otros trabajadores de las sociedades del imputado, quisieron saber cuál fue realmente su labor. Los agentes la interrograron sobre si ella vio o no dinero en efectivo, cómo cobraba, a qué se dedica el empresario actualmente, etc.

'Avi', nacido en Madrid el 20 de febrero de 1965, tiene pasaporte israelí y ha sido supuestamente espía para ese país. Fuentes policiales relatan que este empresario dio clases durante varios años en la Policía Nacional, concretamente en el curso que reciben los agentes para convertirse en comisarios, el puesto más alto. La materia consistía en terrorismo islámico, yihadismo y situación geopolítica en la zona en esta zona. Ahora, el mismo cuerpo con el que mantuvo una relación de docencia le acusa de ser uno de los cabecillas de la trama de corrupción.

En el sumario de 'Caranjuez' la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que "al menos tres ciudadanos venezolanos habían contratado los servicios de Alberto Galán Fereres y que éste movía sus fondos a través de la organización criminal investigada". Los agentes hicieron un esquema del entramado societario que servía, presuntamente, a 'Avi' para blanquear el dinero. Uno de los exaltos cargos de Venezuela que testificó relató que Galán tenía dinero depositado en cuentas de Malta y "que se lo gestionaba un despacho de abogados en Madrid, controlado por unos ciudadanos de origen argentino especializados en mover dinero, en inversiones y emisiones de deuda pública con países emergentes".

Recurre la declaración en sede policial

Lo cierto es que a principios de este mes de junio, el abogado de Galán trató de frenar esta declaración en sede policial de la secretaria argumentando que la causa ya está judicializada y que, por tanto, esto priva a quienes están acusados (y personados) en el procedimiento de poder escuchar y rebatir los argumentos. "Se vulnera el principio de contradicción y si nos está produciendo una grave indefención", señala el escrito. Fuentes jurídicas explican que no es muy común que la Policía continúe practicando diligencias paralelas de declaraciones cuando una investigación ya está en marcha en un juzgado.

Sin embargo, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción no hay problema. "La Policía Judicial tiene entre sus funciones la averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente", dice el Ministerio Público "la actuación desarrollada por unidad policial actuante en el presente caso resulta absolutamente ponderada, se muestra eficaz para conferir a la causa el adecuado impulso procesal y no puede interpretarse como una desposesión al juez de sus genuinas facultades de instrucción". Así, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa se negaron a que la citación se suspendiera y la magistrada Cristina Díaz Márquez siguió esta senda.

Martín Rodil

Las diligencias de 'Caranjuez' discurren entre dos vertientes: por un lado, están presuntamente los "conseguidores" a través de los que se realizaban reuniones que encabezaba el lobbista Martín Rodil para vender sus servicios a los ciudadanos venezolanos y blanquear dinero. Por otro lado, una supuesta red de colaboradores -entre los que están imputados el policía municipal Daniel Renuncio, su esposa, el inspector de policía David Barrigüete, su mujer, o el abogado José Aliste- ofrecían prebendas a los exaltos mandos del régimen bolivariano para que dieran información del partido político Podemos. El botín de la trama fue cuantificado por la UDEF en más de tres millones de euros.

Precisamente, Martín Rodil ha solicitado que se vuelva a tomar declaración a Alvarado Ochoa y a Aguilera. Difinido por la Policía Nacional como "lobbista de EEUU", algunos medios lo señalan como colaborador de la DEA, "siendo conocido que una de sus actividades consiste en la representación de miembros de organizaciones criminales latinoamericanas en la negociación de acuerdos de colaboración con agencias federales", reza un informe del sumario.

Rodil fue el representante legal del exministro venezolano Rafael Yssea estando presente en la reunión que mantuvo este con funcioanrios policiales españoles en Nueva York en 2016 y en la que se trató sobre la concesión de un permiso de residencia para este y su familia en España a cambio de la entrega de información sobre la financiación de la Fundación CEPS por parte del Gobierno de Venezuela. Su declaración es una de las que está pendiente en el 'caso Caranjuez' porque tanto las defensas como Anticorrupción se niegan a practicarla por vídeoconferencia.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional registró en febrero de 2022 el domicilio de los implicados en esta investigación y detuvo a cuatro de ellos. Todos niegan cualquier extorsión o actividad ilegal a cambio de información en el año en el que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) la dirigía Eugenio Pino, conciderado uno de los integrantes de la 'policía patriótica'.