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La Justicia recrimina a la Policía que no motive las razones para rechazar a opositores

Una furgoneta de la Policía Nacional.

Una furgoneta de la Policía Nacional.

La Justicia ha dado un varapalo al proceso de selección de la Policía Nacional. En una sentencia de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a una opositora, Paula C., que había sido excluida durante la entrevista personal. Según el tribunal, "existe una falta absoluta de explicación sobre los aspectos de la personalidad valorados negativamente" y por los que fue expulsada.

Acorde con el documento, Paula fue rechazada en la entrevista personal para convertirse en Policía en 2019. En aquel entonces, esa prueba, la última que había que hacer, no eran grabadas. Sí quedó constancia en el informe técnico de evaluación de la entrevista, aunque los magistrados la consideran insuficiente para alegar los motivos de la exclusión.

Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía oficial el ingreso de la demandante en el Cuerpo. Sin embargo, Paula consiguió aprobar en 2020, año en el que se empezó a formar en la academia de Ávila. Así, se ha generado una vacante que la Dirección General de la Policía (DGP) ha otorgado al opositor con la nota más alta en la convocatoria de este año.

Criterios previos

No es la primera vez que la Policía tiene que aceptar a un alumno en Ávila tras una decisión de los tribunales. La sentencia de abril del TSJM deja claro, por otra parte, que la División de Formación de la DGP "no ha dado adecuado cumplimiento" a la primera de las exigencias que el Tribunal Supremo dictaminó en mayo de 2016: establecer con anterioridad a la entrevista los criterios que se van seguir para apreciar la existencia o no de déficit en cada una de las competencias que serán objeto de evaluación para apreciar la adecuación del candidato al perfil profesional.

Aunque la sentencia considera que la entrevista es una prueba "que tiene justificación" para perseguir una "evaluación psicológica", los elementos negativos para declarar a alguien como no apto han de quedar demostrados "de manera rigurosa y más allá de cualquier duda". No sirven aseveraciones genéricas ni subjetivas, aunque esta parte del examen lo sea.

El tribunal se apoya, además, en un informe que presentó la entonces opositora por parte de una especialista en psicología que concluía que reunía "tanto las competencias, motivación y características de personalidad idóneas para desempeñar la profesión de Policía Nacional".

Desde el año 2020 las entrevistas se graban. Según fuentes policiales, no se da una copia a los opositores, si no que sirve cuando casos como el de Paula llegan a los tribunales. "Y tampoco se envía íntegra, mandan una transcripción de la misma", señalan.

Cambios en las pruebas

Los sindicatos policiales siempre han intentado que estas pruebas tengan más "transparencia" y facilidades para los alumnos. Desde Jupol, por ejemplo, piden que varias de los exámenes se externalicen. "No tiene sentido que el psicólogo sea de la Policía, que esté allí con un mando al que va a tener que hacer caso", explican. Las pruebas físicas también deberían ser calificadas por expertos ajenos al Cuerpo, en opinión de la formación sindical. Ven los mismos problemas en los exámenes de promoción interna.

Además de grabarse, la DGP también ha cambiado el orden de las pruebas en el último año. Tradicionalmente la entrevista siempre había sido la última que tenían que superar los opositores, pero los cientos de recursos que ha visto la Administración por motivos similares a los de Paula han hecho que sea la penúltima. Ahora, después de la entrevista, tienen que pasar unos test psicotécnicos.

Los recursos judiciales son un quebradero de cabeza para la Policía. Cada año, las plazas para convertirse en agente son limitadas. Si, una vez terminada el proceso, la Justicia dictamina que se hizo mal no dando el aprobado a una persona, el dinero que se utiliza para su formación y dotación (vestuario, arma…) deben salir de una partida de los Presupuestos generales del Estado que no estaba destinada para ello.

Un filón para presentar estos recursos era la prueba de ortografía. Este test era el que más polémicas ha generado en los últimos años por basarse en el en el Diccionario de la Real Academia Española. El Defensor del Pueblo, tras una queja presentada por la Confederación Española de Policía  (CEP), consideró que saberse el diccionario no sirve para "medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales".

Este año, entre los nuevos alumnos de la Academia de Policía, habrá más de 80 alumnos que ganaron la plaza en los tribunales por motivos ortográficos. En febrero de 2022 la Policía decidió evitarse esta situación y eliminó esta prueba.

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