Carles Puigdemont se enfrenta en las próximas semanas a los momentos clave de la negociación de una amnistía que le permita regresar a España sin cuentas pendientes de la justicia, a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Y lo hace sometido a enorme presión del entorno independentista. Una presión que tendrá un barómetro fiel en la consulta a las bases del Consejo de la República (CxR), que el próximo Puigdemont preside, para dilucidar si deben promover el bloqueo de la investidura de cualquier presidente español.

Los casi 100.000 registrados en la base del CxR deben responder entre este martes y el próximo 23 de octubre a la pregunta: "¿El Consell de la República debe promover el bloqueo de la investidura del presidente del Estado Español por parte de los partidos catalanes?".

Lo harán después de haber avalado, o no, el cambio de estructura del propio Consejo, con el que Puigdemont liquidó el pasado septiembre la Asamblea de Representantes. Un órgano en el que se concentraban los críticos con su gestión, y sobre todo la de Toni Comin, su mano derecha en Waterloo. El resultado de esta consulta se conocerá este martes, y dará la medida de hasta qué punto sigue marcando Puigdemont la opinión del sector más radical del independentismo, ese que durante cuatro años lo ha secundado en su oposición a las negociaciones de ERC, indultos incluidos.

Negocian los políticos

Fue el propio Comin quien se encargó de descartar que la consulta, promovido por un asociado de base -y secundada por un millar de inscritos- vaya a condicionar la predisposición negociadora de Puigdemont. "Quienes negocian son los partidos políticos", advirtió pocos días después en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Pero su advertencia no consiguió acallar las voces críticas en contra de la negociación con el PSOE. Como la de la ex consejera, y también eurodiputada, Clara Ponsatí, quien advertía recientemente que "no hicimos el 1-O para que al cabo de seis años el resultado fuera una amnistía". Igualmente significativa fue la polémica protagonizada por dos de los principales ideólogos del procés, el politólogo Agustí Colominas y el ex vicepresidente del Parlament Josep Costa.

El primero argumentó que la apuesta de Puigdemont por la amnistía es lógica, porque representa "asumir" que "el 1-O perdimos" y la amnistía debe servir para "recuperarnos para volver a intentar algún día". Una premisa que choca con el núcleo del ideario edificado estos años por Puigdemont, Junts y el Consejo: el 1-O como la gran victoria del independentismo que hay que proteger a toda costa.

Lo que Puigdemont simboliza

Por eso Costa -quien fuera miembro del equipo jurídico de Puigdemont y su hombre en la Mesa del Parlament la pasada legislatura- le respondía poco después: "Estoy en contra de la amnistía porque es asumir la derrota. Pero estoy preocupado por la posibilidad de que el president pueda acabar aceptándola". Y añadía, en una apelación muy directa a Puigdemont: "por lo que simboliza y por toda la gente que lo sigue, la suya no es una decisión personal".

Unos debates que han generado considerable revuelo en el entorno independentista y que han coincidido además con las exigencias formuladas por el PSOE el pasado 12 de octubre para que Junts explicite una renuncia a la unilateralidad si quiere conseguir la amnistía.

La respuesta de Puigdemont, a unos y otros, no se ha hecho esperar. Este fin de semana, coincidiendo con el aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, Puigdemont reivindicaba el 1-O y la unilateralidad, en un mensaje en sus redes sociales en el que conminaba a los socialistas a escoger entre eso o repetición electoral. Un mensaje al que este lunes sumaba la advertencia sobre su desconfianza a que la amnistía pactada con el PSOE sea aceptada por el poder judicial, de nuevo con referencia a Companys.

El frente judicial

Paralelamente, su defensa presentaba un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo para recurrir la decisión del juez instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, de no aceptar su recusación. En el recurso de reforma insiste en que no es labor del juez instructor ejercer de "comentarista" de la actividad "de quienes por él se encuentran ilegalmente procesados", tal y como -a su juicio- hizo el pasado 11 de septiembre en una conferencia, informa Europa Press.

Para Puigdemont es "evidente" que Llarena tiene una "preconcepción y predisposición hacia" él y el resto de procesados en rebeldía que "impide entender como garantizado el derecho al juez imparcial". "No hay mayor falta de imparcialidad que no querer asumir la falta de competencia para un determinado asunto", subraya la defensa de Puigdemont, a cargo del abogado Gonzalo Boye, al cierre de su escrito.

El movimiento del expresident tiene lugar después de que el pasado 6 de octubre se diera a conocer que Llarena rechazaba la quinta petición del dirigente para que se apartarse de la causa. Esta vez, por haberse pronunciado sobre la "constitucionalidad" de una eventual ley de amnistía.

Llarena emitió un auto en el que tachaba la petición de Puigdemont de "manifiestamente infundada". Según explicó, la conferencia en la que participó se desarrolló en un espacio "estrictamente académico" y respondió al análisis de los criterios técnicos básicos de supervisión de constitucionalidad de cualquier norma jurídica, pero sin evaluar ningún aspecto concreto de una eventual ley de amnistía.

El magistrado incidió en que era "imposible" que su conferencia pudiese reflejar ningún condicionamiento para la tramitación de la causa, pues no se ha promulgado ninguna ley de amnistía que ahora pueda aplicarse al caso enjuiciado. Al hilo, el juez explicó que "en la eventualidad de que algún día llegara a promulgarse una ley de amnistía, con unos criterios de aplicación material que hoy ni siquiera existen, no corresponderá al instructor resolver sobre la constitucionalidad de la norma, ni siquiera le incumbirá cuestionar su validez constitucional ni el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad".